La investigación sobre las más de 23 mil pensiones por invalidez laboral truchas en el Chaco continúa avanzando, y el fiscal federal de Sáenz Peña, Carlos Amad, advirtió que no se descarta que el número total de casos sea mucho mayor.
En declaraciones a Radio Facundo Quiroga, Amad señaló que, de seguirse con una investigación exhaustiva en toda la provincia, la cifra podría alcanzar las 100 mil pensiones irregulares, tal como lo ha señalado la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
«Para el año que viene, las imputaciones estarán listas. En mi jurisdicción ya hemos detectado esta cantidad, pero si se investiga en todo el Chaco, es probable que encontremos más.
Se trata de un sistema fraudulento que involucró a médicos y otros actores que aprovecharon la vulnerabilidad de las personas, defraudando con fondos millonarios del Estado argentino», declaró el fiscal.
El origen de la investigación
El punto de partida de la investigación se encuentra en Taco Pozo, donde ya se han identificado más de 700 pensiones irregulares.
Amad explicó que esta cifra inicial forma parte de un conjunto mayor de 23 mil pensiones que están siendo analizadas por medio de auditorías médicas.
Según el fiscal, el objetivo es determinar el proceso de otorgamiento de estas pensiones y la responsabilidad de los actores involucrados. «Estamos analizando en detalle cómo se otorgaron estas pensiones, quiénes estuvieron involucrados y, sobre todo, identificando a los médicos y demás profesionales que han intervenido», señaló Amad, añadiendo que la causa de Taco Pozo está a punto de ser procesada judicialmente.
En relación con los responsables, el fiscal expresó que la investigación está dirigida a identificar no solo a los médicos que falsificaron certificados médicos, sino también a las personas que gestionaron los trámites de manera irregular. «Todavía no tenemos información precisa sobre los profesionales involucrados, pero una vez tengamos los datos completos, procederemos con las imputaciones correspondientes», explicó.
Durante la entrevista, surgió la pregunta sobre la posible implicancia de funcionarios municipales en este entramado de fraude.
Amad no descartó esta posibilidad, ya que la investigación abarca múltiples localidades dentro de la jurisdicción de su fiscalía. «A partir de la irregularidad detectada, vamos a investigar caso por caso, y buscaremos identificar a todos los responsables, incluyendo a posibles funcionarios que hayan facilitado o permitido estas prácticas fraudulentas», comentó.
Comparativa con otras provincias
Amad también comparó la situación del Chaco con otras provincias que enfrentan casos similares. Mencionó que en Salta y Jujuy se detectaron alrededor de 55 mil y 23 mil pensiones fraudulentas, respectivamente.
«En el caso del Chaco, si extendemos la investigación a otras regiones de la provincia, es posible que superemos estos números. Según los datos de la Agencia Nacional de Discapacidad, se otorgaron cerca de 100 mil pensiones en el Chaco, por lo que la cifra podría ser incluso mayor», indicó.
Mecanismo
de la estafa
Amad detalló el mecanismo detrás de estas pensiones fraudulentas, que consistía en la falsificación de certificados médicos. «La persona sin escrúpulos se aprovechaba de alguien vulnerable, ofreciéndole el beneficio de una pensión por invalidez laboral. A partir de allí, se falsificaban los documentos, especialmente los certificados médicos, que son los que se incorporan en los expedientes para la solicitud de pensiones», explicó.
Un caso ejemplar mencionado fue el de un joven (26), quien, tras sufrir una lesión en el hombro, recibió un certificado médico que indicaba un 80% de incapacidad, lo cual no era cierto.
«Es evidente que una persona que sufre una lesión temporal no puede ser considerada discapacitada de por vida. Sin embargo, los certificados falsificados hacían que pareciera que estos individuos eran completamente incapaces de trabajar», señaló el fiscal.
Plazos
En cuanto a los plazos de la investigación, el fiscal expresó que espera que, para mediados del próximo año, ya se cuente con la información necesaria para proceder con las imputaciones. «Las auditorías están avanzando por distintas localidades, y esperamos tener datos más contundentes en el corto plazo. Si todo sigue su curso, podremos realizar las imputaciones correspondientes en los próximos meses», anticipó Amad.
La importancia de la transparencia y la justicia
Finalmente, Amad subrayó la importancia de llevar adelante una investigación transparente y exhaustiva, que permita sancionar a todos los responsables de este fraude.
«El objetivo es que la justicia se haga de manera plena. Queremos identificar a todos los actores que participaron en este sistema de fraude, para que paguen por el daño que han causado al Estado y a las personas que realmente necesitan estas pensiones», concluyó.