El Presidente decidió correr a la titular de ARCA, el organismo recaudador, por diferencias en el rumbo de la gestión, según confirmaron fuentes oficiales.
El presidente Javier Milei decidió desplazar hoy a Florencia Misrahi de su cargo como titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), anteriormente conocida como AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), luego de una serie de desacuerdos entre la funcionaria y el Ejecutivo, según confirmaron fuentes oficiales, quienes adelantaron que la medida se oficializará en las próximas horas.
El cambio en la dirección de ARCA se produjo a tan solo un mes de la reestructuración de la AFIP anunciada en octubre de 2023, cuando el gobierno de Milei reveló su intención de modificar el organismo tributario, que pasaría a llamarse ARCA. Esta transformación tenía como uno de sus principales objetivos la eliminación de los altos salarios que se percibían en la institución, lo cual generó tensiones internas.
La salida de Misrahi se produce en medio de una creciente presión por parte de la administración de Milei para reducir los costos operativos del sector público, como parte de un plan más amplio para alcanzar el equilibrio fiscal.
La ARCA, en su nueva versión, tiene entre sus principales objetivos mejorar la eficiencia en la recaudación tributaria y aduanera, en un contexto económico complejo para el país, que atraviesa una alta inflación, devaluación de la moneda y una creciente deuda externa. Los analistas aseguran que la reestructuración de la agencia también apunta a un cambio en la forma de gestionar los recursos públicos y las políticas impositivas.
La salida de Mizrahi también podría tener repercusiones dentro de la estructura interna de la administración pública, ya que la ex titular de ARCA era una figura clave en el esquema económico del gobierno anterior, y su alejamiento podría generar un vacío de poder o alterar ciertos planes previamente establecidos.
Enojo en la Casa Rosada por una medida de ARCA que grava la actividad de los influencers
A raíz de una resolución general de la agencia fiscal el presidente ordenó una investigación sobre la elaboración de una medida ya publicada en el Boletín Oficial.
El presidente Javier Milei ordenó una investigación a raíz de una resolución de la AFIP publicada en el Boletín Oficial por la cual instagramers, bloggers, influencers y otras personas o grupos de personas que crean o difunden contenido audiovisual en redes y plataformas digitales deben inscribirse en los impuestos a nivel nacional y provincia, empezar a pagarlos y hacer aportes jubilatorios.
Es lo que se desprende de la Resolución General 5.607 que incorporó la actividad 731002, que incluye la “creación, edición, producción, difusión y/o publicidad de contenido audiovisual” que se utilicen o reproduzcan en redes sociales, aplicaciones y plataformas digitales “y otras actividades económicas vinculadas a creadores de contenido”.
Esto resulta de una actualización de las modificaciones introducidas al “Clasificador de Actividades Económicas” (CLAE) que introdujo la resolución que lleva la firma digital de Florencia Misrahi, la directora general de ARCA.
La aplicación del nuevo CLAE implica la identificación de los creadores de contenidos digitales y general de hecho una “base imponible” que abarca al universo de instagramers, bloggers, youtubers, tiktokers y todo tipo de influencers que en adelante deberían facturar por sus servicios, sin posibilidad de elusión impositiva, porque incluso los canjes se calcularían a valor de mercado.
Principios presidenciales
Cuando esta iniciativa y sus eventuales efectos llegaron a su conocimiento, el presidente Javier Milei, participante activo del mundo digital y partidario de una interferencia mínima del Estado en la actividad económica en general y en las nuevas tecnologías en particular, ordenó rever la medida.
El presidente ordenó también determinar qué funcionarios intervinieron en la elaboración de la resolución, altamente técnica y con numerosos artículos que disponen reemplazos de ciertas descripciones de actividad por otras, por lo que la responsabilidad recaería sobre los técnicos, probablemente de nivel de directores o subdirectores, que serían desplazados de la agencia fiscal.
Sucede que una vez sumados al código CLAE e identificados, los influencers deberían pagar una larga lista de impuestos nacionales y quedarían también al alcance de los fiscos provinciales, lo que no solo gravaría su actividad sino que podría incluso cortar de cuajo todo un ecosistema de desarrollos tecnológicos y creativos.
Los impuestos potencialmente aplicables serían monotributos, IVA, Ingresos personales (antes llamado impuesto a las Ganancias). Los influencers estarían obligados a pagar aportes al sistema de seguridad social (jubilaciones) y facturar los ingresos por sus servicios.
Además, los fiscos provinciales, según donde sea el asiento legal de su actividad, les impondrían el pago de Ingresos Brutos y, en el caso de las provincias adheridas al monotributo unificado, un monotributo provincial, que debería pagarse junto con la liquidación de ingresos brutos.
Los cambios al CLAE también alcanzarían las operaciones con criptomonedas, ya que la Resolución 5.607 actualizó el nomenclador de actividades realizadas con criptoactivos incluyendo las actividades de criptominado, sobre las cuales se diferencia según se realicen con equipos propios o alquilados.
También el criptomundo
Del mismo modo, se incorporan al CLAE las actividades de los exchanges o bolsas de criptomonedas, descriptos como “servicios destinados a facilitar la gestión de transferencias, compra-venta, inversión o intercambio de criptoactivos”.
La Cámara Fintech impulsa una regulación fiscal específica para el sector, pero que no implique una carga que aborte o impida el desarrollo del sector.
La resolución firmada por Misrahi invoca precisamente que “la transformación digital se ha consolidado como un factor clave para el desarrollo económico, facilitando la utilización de plataformas de gestión electrónica, portales digitales y aplicaciones móviles, lo que ha generado nuevas formas de negocio y modelos de servicios innovadores” y que la integración de tecnologías en diversas áreas de la economía “junto con la creciente diversificación y evolución de los procesos operativos y comerciales, requiere una ampliación de los códigos de actividad a efectos de optimizar la identificación y clasificación de los sectores involucrados, especialmente los relacionados con la mensajería, el desarrollo y/o mantenimiento de plataformas electrónicas, la gestión de criptoactivos, los servicios financieros y la publicidad de contenido audiovisual”.
Infobae