La jueza federal Nº 1, Zunilda Niremperger, elevó a juicio el pasado 14 de diciembre la causa por la desaparición forzada del militante de la Juventud Peronista Humberto Aníbal Muñoz, en la que está imputado el suboficial mayor de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco, Gabino Manader, enmarcando los hechos como parte de la sistemática del terrorismo de Estado.
La Fiscalía y las querellas plantearon que, al estar desaparecida la víctima, debía tratarse en el juicio, como acusación alternativa, el delito de homicidio triplemente agravado por la alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas.
Muñoz era hijo de Aníbal Muñoz y Anselma Ocampo, una familia de conocidos diarieros que trabajaban en el puerto de Barranqueras. De joven, fue militante de la Juventud Peronista y trabajó como chofer del exvicegobernador Alberto Torresagasti y de la Cámara de Diputados del Chaco.
El secuestro se produjo la madrugada del 26 de noviembre de 1976, en la localidad de Barranqueras, en el domicilio en el que vivía junto a su madre, su esposa y su pequeño hijo, cuando ingresaron al menos cuatro hombres de civil con armas largas, siendo reconocidos los suboficiales Gabino Manader y José María Cardozo.
Muñoz fue esposado y subido a uno de los vehículos, que tomaron rumbo a Antequeras, siendo esta la última vez que lo vieron con vida. Fue buscado intensamente por sus familiares en los días siguientes en distintas comisarías de Barranqueras y Resistencia, y en la Dirección de Investigaciones.
Por su militancia política en la Juventud Peronista, Muñoz había sido detenido ilegalmente con anterioridad en el centro clandestino de la Brigada de Investigaciones, donde estuvo alojado unos 60 días y padeció torturas de las cuales le habían quedado secuelas.
El rol protagónico de Gabino Manader
En el juicio Caballero 1, llevado adelante en el año 2010, los jueces del Tribunal Oral Federal de Resistencia detallaron en la sentencia el destacado papel de Manader en el grupo de tareas de la Brigada de Investigaciones: «El historial plasmado en su legajo, las constancias de los diferentes sumarios y prevenciones evidencian el nivel de compromiso del acusado dentro del grupo de tareas ya caracterizado, y explica el mando detentado por Manader en el mismo, e inclusive su grado de iniciativa propia, no obstante el grado jerárquico con el queac contaba en la policía (suboficial). Es indudable el rol protagónico que asumió el imputado Gabino Manader en la tarea emprendida desde la Brigada de Investigaciones.»
El tribunal también apuntó: «Fue nombrado por todos y cada uno de los testigos, quienes se refirieron a él como quien los interrogaba, y otros como quien los golpeaba y manejaba la picana eléctrica. Era quien salía a realizar las detenciones y, por su personalidad enérgica y autoritaria, era uno de los ideólogos en el trazado de los operativos para lograr llevar a cabo el plan. Fue particularmente cruel e inescrupuloso en el trato a todos los detenidos, especialmente con las mujeres.»
Gabino Manader fue condenado en cuatro oportunidades en juicios de lesa humanidad llevados adelante por el Tribunal Oral Federal de Resistencia. En primer lugar, en el juicio Caballero 1, en el año 2010, recibió una condena de 25 años por ser responsable de tormentos agravados contra 25 detenidos políticos.
En el año 2018, en el juicio Caballero 2, fue condenado a 25 años de prisión por tormentos psíquicos y físicos agravados por la condición de detenidos políticos, privación ilegal de la libertad agravada y abuso sexual calificado contra diez víctimas.
En el año 2021, en la causa Caballero 3, recibió una condena de 25 años por privación ilegal de la libertad agravada por ser funcionario público, imposición de tormentos y violación contra 22 detenidos por razones políticas, entre ellos dos niños.
Finalmente, en 2022, en el juicio Conscriptos, recibió una condena de 14 años por 22 casos de tormentos y privación ilegal de la libertad.
Recientemente fue procesado en la causa Caballero 4 por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos contra ocho víctimas, y en la causa Ligas Agrarias 2, por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos contra los sacerdotes Joaquín Núñez y Gianfranco Testa.