En mañana de ayer, un recluso del Complejo Penitenciario II de Sáenz Peña fue encontrado fallecido en su celda. El cadáver fue trasladado a la Morgue del Poder Judicial de Resistencia.
Ayer a las 10, efectivos de la comisaría Sexta fueron alertados que en la cárcel provincial, ubicada en el barrio Mitre, al sur de Presidencia Roque Sáenz Peña, un preso fue encontrado sin vida en su celda.
Al llegar a la prisión, los uniformados fueron recibidos por un empleado del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), con el grado de adjuntor principal, quien explicó que a las 6.30, al realizar el recuento de detenidos, observaron al interno Jorge Acosta (35), situación legal condenado, recostado en posición decúbito ventral y sin signos vitales. El mismo se encontraba alojado en el Módulo 1, celda 10, planta alta.
En el lugar se hizo presente fiscal en turno, Gustavo Rafael Valero, junto a personal del Gabinete Científico del Poder Judicial, que solicitó la intervención del Médico Policial en turno y la División Bomberos.
Luego en el Móvil Tanatológico se procedió al traslado del cadáver hacia la Morgue del Poder Judicial de la ciudad de Resistencia.
Se hace constar que un licenciado en Criminalística procedió al secuestro de un celular, un alargue y una jeringa, elementos que interesan en la causa.
La causa se caratula inicialmente como muerte dudosa, y se espera que los estudios en la morgue judicial proporcionen información crucial para determinar las causas del deceso.
Se aplicará el Protocolo Minnesota, que establece un conjunto de procedimientos para investigar muertes ocurridas bajo custodia, garantizando que se realicen las diligencias necesarias para conocer la verdad detrás de este trágico suceso.
Pedirán prisión efectiva contra los policías acusados
En un caso que conmueve e indigna, Emanuel Agudo, un joven (22) con síndrome de Down, fue víctima de un episodio de violencia policial en Presidencia Roque Sáenz Peña.
El incidente, que ocurrió en abril del año pasado, generó un profundo debate sobre los protocolos policiales, la formación de los agentes y el trato hacia personas con discapacidad.
Además, este proceso judicial marca un hito en el país al ser uno de los primeros en los que una persona con síndrome de Down se constituye como querellante particular.
Según relató al programa de streaming «Contame más» el abogado de la familia, Ramiro Cabaña, Emanuel había desarrollado una rutina diaria que incluía ir al gimnasio de manera independiente. En la tarde del incidente, regresaba a su hogar cuando una patrulla policial comenzó a seguirlo.
Los agentes lo increparon, acusándolo injustificadamente de ser un delincuente. Preso del pánico, Emanuel intentó huir, pero fue alcanzado, derribado violentamente por los agentes y detenido de manera arbitraria.
LESIONES
Producto del accionar policial, Emanuel sufrió una lesión en el manguito rotador, además de un daño psicológico severo, publicó el portal Litigio. Según su familia, el joven ahora experimenta ataques de pánico al ver a policías, lo que dificulta aún más su vida cotidiana. Esto contrasta profundamente con los esfuerzos de sus padres, quienes trabajaron arduamente para brindarle autonomía y una vida plena.
«Es un hecho aberrante», expresó el abogado Cabaña, quien destacó que el caso no solo refleja discriminación y prejuicio por parte de los agentes, sino también una preocupante falta de capacitación y protocolos en el accionar policial.
Los policías involucrados justificaron su actuación basándose en estereotipos, argumentando que Emanuel «llevaba gorra y mochila a la noche», un razonamiento que evidencia prejuicios inaceptables en un estado de derecho.
HITO JUDICIAL
Una de las particularidades de este caso es que Emanuel se ha constituido como querellante particular, un hecho inédito para una persona con síndrome de Down en el país. Esto refleja que el joven tiene pleno ejercicio de sus derechos y que su declaración en el juicio ha sido clave para reconstruir lo sucedido.
El debate judicial, que comenzó en diciembre, expuso irregularidades en la actuación policial, incluyendo posibles manipulaciones de fechas en los informes y negligencia en el tratamiento inicial del caso.
A pesar de la gravedad del hecho, los policías involucrados continuaron en funciones hasta el inicio del juicio. Actualmente, uno de los agentes se encuentra en prisión preventiva.
EXPECTATIVAS
El juicio está en sus etapas finales, con alegatos programados para el 7 de febrero. Las penas en expectativa para los delitos imputados van de uno a siete años de prisión para los agentes Rubén Ponce y Julio Rivero, y de uno a cinco años para la oficial principal, Nélida Rojas, junto con inhabilitaciones para el ejercicio de sus funciones.
Todos están acusados por el delito de privación ilegal de la libertad agravada por tratarse de funcionarios públicos. A Ponce y Rivero, se los acusa también de lesiones leves agravadas. «Vamos a pedir la prisión efectiva», remarcó Cabaña.
El caso de Emanuel tomó trascendencia gracias al periodismo local, que visibilizó la denuncia y permitió que la fiscalía iniciara la investigación.
«Este tipo de procesos deben marcar un precedente. Un funcionario público no puede hacer lo que quiera por el simple hecho de ostentar un cargo», enfatizó el abogado.