El Rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) dispuso la rectificación y entrega, a través de un acto público, de los legajos de estudiantes y docentes que fueron víctimas de la última dictadura cívico militar, que llevarán la inscripción «debieron interrumpir sus carreras universitarias o el ejercicio de la docencia y la enseñanza por detenciones ilegales cometidas por el terrorismo de Estado».
La iniciativa fue promovida por el fiscal federal de Corrientes, Flavio Ferrini; el fiscal general de Resistencia, Federico Carniel; el fiscal federal de Primera Instancia de Resistencia, Patricio Sabadini; el fiscal general integrante de la Unidad de Derechos Humanos de Resistencia, Carlos Martín Amad; el fiscal general subrogante de Formosa, Luis Benítez; los auxiliares fiscales de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia, Diego Vigay y Horacio Rodríguez; y el fiscal federal ad hoc de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Corrientes, Juan Martín García.
En efecto, en el marco de los alegatos del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la VII Brigada de Infantería, la Fiscalía Federal de Corrientes, planteó diversas medidas de reparación a las víctimas, entre las cuales se encontraba la rectificación de los legajos en la universidad.
En septiembre pasado los fiscales se reunieron con el rector de la Unne, Omar Larroza, para canalizar ante la casa de estudios la propuesta que antes había tenido forma de requerimiento en el marco de los procesos judiciales.
La iniciativa de los representantes del MPF tiene relación con la prueba recogida en los juicios por crímenes de lesa humanidad llevados adelante en los tribunales federales de la región entre 2004 y 2024, en los que se logró probar que docentes y estudiantes pertenecientes a la Unne fueron detenidos ilegalmente, en muchos casos fueron asesinados y se encuentran desaparecidos y en otros fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo nacional y más tarde recuperaron la libertad.
De acuerdo con las diferentes sentencias, las víctimas que formaban parte de la comunidad universitaria de la Unne pasaron por los centros clandestinos de detención que funcionaron en el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, la Brigada de Investigaciones de Resistencia, el Regimiento de Infantería 29 de Formosa, la denominada Casita de Mártires de Misiones, las alcaidías de Resistencia y Formosa, las jefaturas de policía provinciales y las unidades penales 7 y 10.
En el marco del pedido formal al rector Larroza, los representantes del MPF habían manifestado una frase que también habían pronunciado en sus alegatos: «Los legajos son nuestros documentos e incluyen nuestras biografías: en ellos se plasman las trayectorias, el desempeño individual y constituyen una hoja de ruta del individuo en relación con la institución de la que formó parte.
La identidad intenta ser restituida al consignarse en ellos que los estudiantes o profesores que fueron detenidos no eligieron dejar de estudiar o de enseñar, sino que fueron arrancados de la sociedad para ser detenidos por razones políticas durante los años que duró la dictadura militar».
DECISIVA CONTRIBUCIÓN
En los fundamentos de la resolución dictada el 19 pasado, el rectorado de la Unne destacó que las políticas de reconocimiento y de reparación «son centrales a la vigorización de una comunidad, toda vez que permiten la visibilidad y el reconocimiento por parte de las instituciones universitarias de las acciones lesivas de derechos humanos desarrolladas en periodos de interrupción democrática en el pasado».
En tal sentido, marcó que la medida es «una decisiva contribución» tanto a la reparación de situaciones trágicas como al propio posicionamiento de la universidad frente a tales hechos.
«Estas razones vuelven necesario el desarrollo por parte de la Universidad Nacional del Nordeste de medidas tendientes a dejar constancia tanto de las personas reconocidas oficialmente como detenidas-desaparecidas y vinculadas al momento a la institución, así como de quienes debieron interrumpir sus desempeños laborales o estudiantiles producto de tipos variados de persecución y acoso», señaló el recortado en su resolución.
La Unne ha realizado en los últimos años numerosas actividades en las distintas unidades académicas, vinculadas a asignaturas o áreas específicas, tendientes a la visibilización de historias de vida, como también a la contextualización de situaciones socio-históricas locales.
También ha llevado adelante acciones y actividades tendientes a la producción de contenidos audiovisuales, la participación en juicios y la reparación de documentos de archivos, entre otros.
La presentación que hicieron los fiscales a la Unne
El fiscal federal de Corrientes, Flavio Ferrini; el fiscal general de Resistencia, Federico Carniel; el auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia, Diego Vigay, y funcionarios y funcionarias de las unidades fiscales de Resistencia y Corrientes mantuvieron una reunión con el rector de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Gerardo Omar Larroza, a quien propusieron dar inicio a un plan de trabajo para reparar los legajos de estudiantes y profesores universitarios que fueron víctimas del terrorismo de Estado.
El proyecto propone incluir en la hoja identitaria de cada una de las víctimas una estampa que señale que «debieron interrumpir» su carrera universitaria o el ejercicio de la docencia o de la profesión «por detenciones ilegales cometidas por el terrorismo de Estado».
La iniciativa de los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) también fue acompañada por el fiscal federal de primera instancia de Resistencia, Patricio Sabadini, el fiscal general Carlos Amad y el fiscal federal de Formosa, quienes actúan en los procesos por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado de la región, que coincide con el extenso ámbito de influencia de la Unne.
La propuesta del MPF a la casa de altos estudios es consecuente con las medidas de reparación que los fiscales vienen requiriendo en sus alegatos en los juicios orales y públicos, pero que los tribunales no ordenaron en su sentencia y pusieron su gestión en cabeza de las partes que lo requirieron.
En efecto, eso fue lo que dispuso el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes al dictar sentencia en noviembre pasado en la denominada causa «Mechulán».
Durante el alegato, la Fiscalía había requerido que al dictar sentencia se exhortara a la Unne para que, a través de sus unidades académicas, inscriba en los legajos de los estudiantes o profesores universitarios víctimas de este juicio que debieron interrumpir sus carreras universitarias o la enseñanza «por detenciones ilegales cometidas por el terrorismo de Estado».
En tal sentido, solicitó que se haga entrega de sus respectivos legajos rectificados a las víctimas o sus familiares y que la gestión de esta medida quede a cargo de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Corrientes.
«Los legajos son nuestros documentos, incluyen nuestras biografías: en ellos se plasman las trayectorias, el desempeño individual, constituyen una hoja de ruta del individuo en relación con la institución de la que formó parte.
La identidad intenta ser restituida al consignarse en ellos que los estudiantes o profesores que fueron detenidos no eligieron dejar de estudiar o de enseñar, sino que fueron arrancados de la sociedad para ser detenidos por razones políticas durante los años que duró la dictadura militar», sostuvo la fiscalía en el juicio.
La cita acompañó en el pedido formulado por escrito al rector Larroza.
Los fiscales pusieron de relieve que la reunión con el rector de la Unne se produjo a pocos días del 40° aniversario de la entrega del informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep).