En un fallo sin precedentes, el Juzgado Civil y Comercial 21 de Resistencia, a cargo del juez Julián Flores, dictaminó que no se podrán realizar construcciones, movimientos de suelo ni radicación de viviendas en terrenos linderos a la laguna Francia.
La resolución, que responde a una acción de amparo presentada por los vecinos de villa Altabe en 2019, marcó un hito en la defensa ambiental de la región.
La sentencia también instruyó al gobierno provincial y municipal a constituir un organismo interjurisdiccional para la gestión de las lagunas urbanas de Resistencia, inspirado en el modelo de la cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar).
Este fallo refuerza la aplicación de la ordenanza 12383/17, que prohibe obras que puedan impactar negativamente en los ecosistemas lacustres.
Un fallo sin precedentes
«Nos sorprendió gratamente este fallo histórico del juez Flores», expresó Yanine Kolchevsky, arquitecta, vecina e integrante de Resistencia Ambiental en contacto con Radio Libertad.
«Es un reconocimiento a años de lucha colectiva por proteger nuestros espacios naturales. Este fallo sienta precedente para futuras disputas ambientales en la región», dijo.
El juez destacó en sus fundamentos la importancia de proteger el ambiente como derecho humano fundamental.
«La problemática debe abordarse desde una perspectiva que priorice el bienestar humano, la prevención de la contaminación y la protección del entorno natural», señaló Flores.
Laguna «sujeto
de derechos»
Uno de los puntos más relevantes de la sentencia es el reconocimiento de la laguna Francia como «sujeto de derechos» definirla como «una zona de alta sensibilidad ecológica y afectada por actividades humanas que comprometen su capacidad de regulación hídrica y diversidad biológica, se debe adoptar un enfoque biocéntrico».
«Reconocerla como sujeto de derechos no solo permite su protección frente a actividades que pueden degradarla, sino que también exige la implementación de medidas para revertir el daño ambiental ya causado, respetando los principios de prevención, precaución y equidad intergeneracional establecidos en la Ley General del Ambiente (Ley 25675) y reafirmados en el Acuerdo de Escazú», argumentó.
Inspirado en casos internacionales, como el del río Atrato en Colombia, Flores argumentó que «este enfoque biocéntrico es esencial para revertir el daño ambiental ya causado y garantizar la sostenibilidad a largo plazo».
Kolchevsky celebró este reconocimiento y lo calificó como un avance crucial: «Es un paso gigante que la naturaleza sea reconocida como sujeto de derechos. Esto refuerza nuestra lucha y nos da herramientas legales para seguir defendiendo nuestros ecosistemas».
«Generalmente se burlan y se ríen cuando nosotros hablamos de esto o lo exponemos, pero hay un montón de cosas que tienen derecho, que están en el código civil, ¿por qué no van a estar las lagunas, los ríos, que son de dominio público, no es cierto?», preguntó de manera retórica.
AGILUR: modelo de gestión ambiental
El fallo ordena la creación de la Autoridad de Gestión Integral de Lagunas Urbanas de Resistencia (Agilur), una entidad interjurisdiccional que incluirá la participación de vecinos, universidades y organizaciones ambientales. Este organismo será responsable de la preservación, restauración y uso sustentable de las lagunas urbanas.
En ese contexto, el juez sostuvo que «la actuación y proceder de la Agilur estará guiada por los principios de prevención, precaución, equidad intergeneracional y sostenibilidad, priorizando siempre la preservación del medio ambiente sobre cualquier interés económico o particular».
Kolchevsky destacó la importancia de esta medida: «La participación ciudadana y la transparencia en estos organismos son fundamentales. Es crucial que Aguilar sea un espacio real de gestión ambiental y no una estructura burocrática más».
En este sentido comentó: «Nos reunimos con la Asociación de Abogados Ambientalistas y hablamos sobre un montón de proyectos que se quieren realizar dentro del valle de inundación del río Negro que nos tienen muy preocupados, incluso el acceso a Resistencia por avenida Vélez Sársfield, ya que pensamos de qué manera puede impactar no solo en materia ambiental y ecológica, sino también en momentos de inundación».
El antecedente
El fallo de Flores tuvo en cuenta una resolución previa del Juzgado de Faltas Municipal, que había ordenado detener cualquier obra en terrenos próximos a la laguna Francia, como el predio de la empresa Patagonia SRL.
Esta sentencia estableció la obligatoriedad de realizar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) antes de cualquier intervención en la zona.
El 19 de noviembre pasado, el Juzgado de Faltas Municipal ordenó «paralizar toda construcción u obra a ejecutar o que se encuentre en etapa de ejecución en el inmueble ubicado en la intersección de la avenida Italia y calle Montaner, cuyo titular dominial es Patagonia SRL.
Debiendo cumplir de manera previa a toda obra que se pretenda realizar en este inmueble con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) por ante las autoridades pertinentes de la Municipalidad de Resistencia, en cumplimiento del Código Ambiental de la ciudad».
Resistencia
y años de lucha
Kolchevsky recordó los años de lucha de los vecinos y ambientalistas: «Esta batalla comenzó hace mucho tiempo. Hemos enfrentado amenazas, cartas documento y difamaciones. Nos acusaron de ser ‘hippies ambientalistas’ y ‘enemigos del progreso’, pero seguimos adelante porque sabemos que el verdadero progreso incluye un respeto profundo por el medio ambiente».
Uno de los episodios más críticos fue la intimidación hacia los vecinos mediante cartas documento enviadas por Patagonia SRL, exigiendo un resarcimiento económico de $500 millones.
«Fue un momento muy difícil. Hubo personas que sufrieron problemas de salud por la presión. Este fallo reivindica a quienes estuvieron al frente de esta lucha», señaló Kolchevsky.
El juez Flores basó su decisión en principios internacionales establecidos en el Acuerdo de Escazú, que protege a los defensores ambientales y promueve la participación ciudadana en decisiones ambientales.
Y sumó: «Dice que se debe tener en cuenta lo que indica el Acuerdo de Escazú, es decir, que quienes se expresen públicamente sobre esta cuestión no tienen por qué ser amedrentados por nadie porque estamos en pleno derecho de decir lo que opinamos no solo los vecinos que son quienes sufren cuando se desborda la Laguna Francia, sino también los profesionales idóneos de diferentes universidades que están exponiendo por qué esto no tiene que seguir sucediendo».
«Es fundamental que se respeten los derechos de quienes luchan por el medio ambiente. Este fallo reafirma que nuestra voz importa», afirmó Kolchevsky.
posibles apelaciones
Si bien el fallo representa una victoria para los vecinos y ambientalistas, Kolchevsky advirtió sobre la posibilidad de apelaciones: «Siempre somos cautelosos con estas buenas noticias porque sabemos cuáles son las ambiciones y objetivos.
Sabemos que las empresas buscarán revertir esta decisión. Estamos preparados para lo que venga. No estamos solos; cada vez más personas se suman a esta causa y contamos con el respaldo de organizaciones nacionales».
El fallo no solo prohíbe construcciones en los terrenos adyacentes a Laguna Francia, sino que también abre la puerta a un cambio de paradigma en la gestión ambiental de Resistencia. «Este es un punto de inflexión. La opinión pública está de nuestro lado y seguiremos luchando por un modelo de desarrollo que respete nuestras lagunas, ríos y corredores biológicos», concluyó.
Una victoria colectiva
El caso de la laguna Francia es un ejemplo de cómo la ciudadanía organizada puede influir en decisiones judiciales y políticas. Los vecinos y organizaciones ambientalistas celebran este triunfo, pero reconocen que la lucha continúa.
«No tenemos miedo. Seguiremos defendiendo nuestro hogar y nuestra ciudad», afirmó Kolchevsky. Este fallo, aunque apelable, es un recordatorio de que la Justicia puede ser una herramienta poderosa en la protección del medio ambiente y de las comunidades que dependen de él.
Si bien el fallo podría ser apelado por la empresa involucrada, mientras tanto, los vecinos de villa Alabe y las organizaciones ambientales se preparan para sostener la batalla en los tribunales y en el ámbito público.
Este caso promete convertirse en un referente para futuras disputas ambientales en la región y en el país.