En un nuevo capítulo del conflicto por el pasaje del transporte urbano de pasajeros, los jueces de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Resistencia, Diego Derewicki y Fernando Heñin, revocaron el fallo que suspendía el aumento del boleto en el Gran Resistencia, permitiendo que el precio vuelva a $1.150, como había dispuesto la Subsecretaría de Transporte del Chaco. Además, apartaron al juez Julián Flores, quien había emitido la cautelar original que frenaba la medida.
El subsecretario de Transporte del Chaco, Rodolfo Díaz, en contacto con LA VOZ DEL CHACO, defendió la decisión de la Cámara y destacó que el valor de $1.150 es el único viable para garantizar la sustentabilidad del sistema.
«Nosotros respetamos todos los procedimientos legales, incluyendo la audiencia pública y el cálculo de la tarifa técnica, que fue de $1.770. A partir de eso, fijamos un boleto de $1.150 considerando el esfuerzo de la provincia para sostener el transporte. Un boleto de $700 habría generado un desequilibrio económico insostenible y la caída del sistema», afirmó Díaz.
Según explicó el subsecretario, el ajuste será rápido debido a que el valor ya estaba oficializado. «Estamos completando los trámites necesarios tras la notificación de la justicia, y el nuevo precio estará vigente en breve», aseguró.
Díaz descartó la posibilidad de implementar una tarifa plana de $1.000 propuesta por la Cetach, argumentando que esa iniciativa estaba enmarcada en una instancia conciliatoria ya superada. «La tarifa volverá al valor original de $1.150, como se determinó desde un principio y en función de la realidad económica del sistema de transporte», señaló.
Asimismo, evitó celebraciones, pero destacó la validación del trabajo técnico realizado por el área de transporte: «No se trata de festejar, pero sí celebramos que se nos haya dado la razón y que quede claro que siempre actuamos dentro de la ley y con cálculos reales. Sabemos que las tarifas son un impacto para todos, pero son las necesarias para sostener el servicio».
El subsecretario subrayó la importancia de que las tarifas reflejen los costos reales del sistema, comparando el boleto chaqueño con los de otras provincias como Corrientes ($1.290) y Santa Fe ($1.200). «Un precio más bajo sería insostenible y pondría en riesgo el transporte público que usan miles de chaqueños», concluyó.
¿Qué resolvió
la Justicia?
La resolución judicial responde a una medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo del Chaco, que había logrado frenar el aumento bajo el argumento de falta de transparencia en el cálculo del boleto.
Sin embargo, la Cámara de apelaciones consideró que los pasos administrativos se cumplieron correctamente, incluyendo la convocatoria a la audiencia pública y la difusión de los detalles técnicos.
«Los pasos administrativos establecidos por ley fueron cumplimentados, desde la convocatoria de las audiencias públicas hasta la publicidad de la información sobre costos», sostuvieron los magistrados en el fallo.
La Cámara concluyó que se habían cumplido los procedimientos legales para fijar el nuevo cuadro tarifario, incluyendo las audiencias públicas y la difusión de la información relevante.
En su fallo, los magistrados señalaron, además, que la documentación disponible incluía detalles suficientes sobre los costos del servicio, como combustibles, salarios y mantenimiento, desestimando las denuncias de falta de transparencia.
La postura de
la Defensoría
El defensor del pueblo del Chaco, Bernardo Voloj, cuestionó tanto la revocación de la medida cautelar como el apartamiento del juez Flores.
En diálogo con radio Libertad, cuestionó: «Lo que nos asombró fue la velocidad y oportunidad del fallo, justo cuando estábamos en un proceso de conciliación. Somos respetuosos de la Justicia, pero esto deja puntos llamativos que no podemos ignorar».
Asimismo, destacó: «La decisión de la justicia no aborda directamente el valor del pasaje, sino que deja sin efecto la cautelar. Esto ocurre mientras estábamos en un proceso de diálogo con la Cámara de Transporte, con un cuarto intermedio fijado para diciembre».
En este contexto, la Cámara de Empresarios del Transporte (Cetach) presentó una propuesta al Juzgado Civil y Comercial 21 para fijar una tarifa plana de $1.000. Al respecto, Voloj enfatizó la necesidad de que cualquier ajuste sea gradual y progresivo, permitiendo a los usuarios adaptarse.
«El proceso que llevó a proponer un boleto de $1.150 fue cualquier cosa menos transparente. No estamos en contra de un número, sino de la falta de prudencia al establecer tarifas de servicios públicos», explicó.
Voloj defendió la presentación judicial que buscaba retrotraer la tarifa a $710 hasta que el gobierno provincial brindara mayor claridad sobre el cálculo del boleto. Según él, el proceso que llevó a la fijación de $1.150 estuvo lejos de ser transparente: «La audiencia pública fue un desastre; no hubo voluntad de explicar a la ciudadanía cómo se llegó a esta tarifa. Nuestro planteo siempre fue técnico y objetivo, buscando un pasaje accesible para la ciudadanía».
Por otra parte, también cuestionó el apartamiento del juez Julián Flores, una decisión basada en un supuesto prejuzgamiento y arbitrariedad. «No compartimos este criterio, pero si el caso debe ser tratado en otro juzgado, seguiremos adelante. Nuestro planteo no es político, es técnico: garantizar una tarifa accesible para los usuarios», afirmó.
Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo analiza presentar un recurso extraordinario para apelar la resolución. Según el ombudsman, el objetivo es lograr una tarifa justa y progresiva, con información clara para los ciudadanos: «No estamos en contra del aumento, pero pedimos gradualidad y transparencia. La gente debe poder entender qué está pagando y por qué».
CETACh pide certezas
Por su parte, Gustavo Larrea, presidente de la Cetach, en contacto con La Radio, celebró el fallo, aunque advirtió sobre las dificultades económicas que enfrentan las empresas del sector: «La tarifa técnica real es de $1.770. Con $710 no podemos cubrir ni los costos operativos ni los salarios. Este incremento es indispensable para garantizar la continuidad del servicio».
Larrea también mencionó la deuda que mantienen las empresas con el Estado por un anticipo financiero destinado a cubrir sueldos en octubre: «Necesitamos que se contemplen las diferencias tarifarias y se reestructure la deuda. Si no, no vamos a poder cumplir con los pagos en diciembre».
el servicio de transporte
Aunque el fallo judicial despeja momentáneamente el camino para el aumento del boleto, el conflicto no está resuelto. La Defensoría insiste en que la cuestión de fondo debe definirse en la acción de amparo, mientras la Cetach reclama condiciones económicas que permitan operar sin pérdidas.
En medio de estas tensiones, los usuarios del transporte público son los principales afectados, enfrentando un nuevo ajuste tarifario sin garantías de mejoras en el servicio.