El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria; y la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilia María Valle, firmaron recientemente un convenio de cooperación para profundizar y federalizar las políticas públicas del Estado nacional en relación al desarrollo de métodos de resolución participativos de conflictos.
El acuerdo alcanzado establece la confección de una agenda programática de capacitaciones destinada a los equipos especializados del Poder Judicial chaqueño. Estas capacitaciones serán dictadas por los equipos de la Dirección Nacional de Mediación del Ministerio de Justicia de la Nación.
Durante la reunión, Soria estuvo acompañado por el director nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Patricio Ferrazzano; en tanto que Valle asistió junto al juez del STJ Víctor Emilio del Río, encargado del área de mediación del máximo tribunal.
«La Red Federal del Centros de Mediación Comunitaria del Ministerio de Justicia de la Nación es una herramienta fundamental para articular con las distintas provincias argentinas acciones y trabajos que promuevan la resolución de conflictos a través de métodos alternativos, evitando la judicialización innecesaria y reduciendo la conflictividad en los barrios y comunidades de nuestro país. Desde que el Chaco se incorporó a nuestra Red Federal en mayo de 2021, hemos logrado avances conjuntos muy valiosos para los chaqueños, capacitando a personal de la policía provincial y mediadores judiciales, como también interviniendo y resolviendo conflictos concretos por pedido de la provincia», expresó Soria.
En tanto que la titular del STJ señaló que «la expectativa de este convenio es profundizar todo lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, con una mirada especial hacia los sectores más vulnerables y de tener también, como operadores, para lograr la paz social tan anhelada… una sociedad mejor, más justa y más equitativa».
«Estamos convencidos de que el trabajo articulado con los diferentes poderes del Estado, sin invadir el ámbito de competencia de cada uno, porque eso hace también a la independencia del Poder Judicial, que es un teorema fundamental en un estado de derecho, pero, no obstante, el trabajo articulado, el aporte de todos, nos llevaran a edificar buenos resultados», añadió.
La firma del convenio se inscribe en la línea de trabajo del STJ y en su búsqueda de continuar capacitando, fortaleciendo e incorporando las herramientas pacificas de resolución de conflictos. Entre otros objetivos, el máximo tribunal busca profundizar el trabajo que viene llevando adelante la provincia en materia de resolución pacífica de controversias a través de la formación de equipos de facilitación en zonas alejadas Resistencia y en comunidades originarias.
Desde que el Chaco se sumó a la Red Federal de Centros de Mediación Comunitaria y Red Federal de Formación en Mediación Escolar en mayo de 2021 los equipos del Ministerio de Justicia de la Nación formaron a más de 60 mediadores comunitarios provinciales y capacitaron a los agentes de la Policía local en herramientas de negociación y facilitación y resolución de conflictos públicos y privados, para que puedan intervenir en conflictos de alto impacto social.
Los mediadores capacitados fueron seleccionados de cada uno de los municipios de la provincia, mientras se trabaja con el gobierno provincial para suscribir convenios con cada uno de los municipios con el objetivo de que se creen centros de mediación comunitaria en todas las intendencias.
Por último, Soria y los jueces del STJ analizaron los beneficios que supusieron las reformas del Poder Judicial provincial que permitieron incorporar mecanismos de participación ciudadana en el Poder Judicial, como lo son los de juicios por jurados, y el establecimiento de requisitos técnicos para aquellos candidatos y candidatas que pretendan ocupar los cargos de procurador general, defensor general o formar parte del tribunal.
Al respecto, en diciembre de 2020 el Chaco se convirtió en la primera provincia en Latinoamérica en establecer por ley el juicio por jurado para procesos civiles. Mientras que los juicios por jurados populares fueron implementados en la provincia en 2015.
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