Los incesantes cortes de calles por protestas sociales continúan siendo una de las principales problemáticas de la ciudad, ya que a pesar de los numerosos intentos y ensayos de solución, no se logra contener tales manifestaciones.
Entre estas medidas, la Municipalidad de Resistencia lleva realizadas numerosas denuncias en fiscalía esperando la intervención judicial.
Es por esto que, la jueza de Faltas de Resistencia, Marcela Cortés, convocó a las autoridades de los diferentes poderes y demás referentes de la sociedad a una audiencia pública para el próximo 2 de mayo.
En declaraciones a Radio Nacional Resistencia, la funcionaria explicó que «el municipio está realizando las denuncias en la fiscalía y es la fiscalía la que está remitiendo al Juzgado de Faltas. Al menos ahora hay 36 denuncias y en estos días creo que entraron dos o tres más», dimensionó y recordó la vieja discusión jurisdiccional «si es delito o si es contravención, en realidad son los dos, porque está reglamentado en ambos códigos. Habría que determinar nuevamente que considera al máximo tribunal de la provincia», indicó.
Asimismo, recordó que el Código de Faltas, obviamente, establece sanciones de arresto o multa. El tema es que, si nos regimos por el derecho penal, tenemos que primero pasar por un camino constitucional. Es decir, tenemos que individualizar y procesar a cada manifestante, algo imposible debido a la cantidad que son», reconoció.
Criminalización
Al mismo tiempo advirtió: «Otra cosa que también tengo que determinar es si se criminaliza o no la protesta, que esa creo que es la cuestión más delicada», reconoció. En este sentido recordó que «justamente, el decreto fundado hace hincapié de una recomendación que hace la Convención Interamericana de Derechos Humanos en 2019 sobre el tema de protesta y derecho a expresión. Establece en varios puntos ciertas recomendaciones tanto al poder legislativo, poder ejecutivo, a la justicia, a los organismos de derechos humanos. Justamente porque se entiende que cuando las personas se manifiestan, están ejerciendo varios derechos constitucionales: el derecho a peticionar, el derecho de reunirse, el derecho de la libertad de expresión, de libre asociación. Entonces, se debe tratar de garantizar el ejercicio de estos derechos y compatibilizar con el derecho de la sociedad que tiene de circular, de trabajar, de comerciar. Y es aquí donde las autoridades de poder tienen que ver de qué manera compatibilizan el derecho de todos», explicó Cortés.
«Es decir, qué instrumentos, qué herramientas y qué modalidad damos para que se afecten en menor medida a todos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué espacio damos? ¿Qué horarios? ¿De qué manera intervenimos? Qué es lo que estoy queriendo, que nos sentemos a dialogar, a consensuar y a trabajar, a poner en claro cómo está la situación actual», sostuvo.
«Sabemos que Resistencia es una de las ciudades con más índice de pobreza del país. Es una de las ciudades, creería yo, que tiene, al igual que la ciudad autónoma de Buenos Aires, la mayor cantidad de manifestaciones diarias Entonces, me parece que es un tema que tenemos que sentarnos a hablar entre todos sin decir de quién es la responsabilidad, porque es muy fácil patear la pelota para el costado. Más ahora que estamos a meses de elecciones, entonces, no sigamos vendiendo humo, y aclaremos las cosas», dijo también en referencia a la plataforma electoral de varios candidatos que prometen terminar con los piquetes.
Lo que es justo contra la ley
Cortés explicó que en principio está prohibido la interrupción del tránsito «pero a veces no es solamente una conducta, no existen derechos absolutos, siempre hay que merituar, obviamente que el ciudadano tiene el derecho de circular libremente, sí, pero también el ciudadano, cuando se siente oprimido, tiene un derecho que es primario, que es el derecho a la libertad de expresión. A poder decir aquello que le pasa, que siente. El derecho a peticionar a las autoridades, el derecho a reunión. No podemos tapar un derecho para hacer valer otro. Hay que compatibilizar, estamos en un estado democrático, porque hoy les toca a ellos, mañana me puede tocar a mí», reconoció.
Al mismo tiempo añadió el factor cultural: «A veces se da una cierta estigmatización o discriminación hacia cierto sector de la sociedad. Porque cuando hay cortes de calle por desfiles, carreras de autos, una procesión religiosa, unos novios que se casaron y tienen muchos invitados van en caravana atascando el tránsito, eso a nadie molesta. Creo que lo que molesta es la reiteración del corte y además también de quien lo hace. Entonces hay que buscar la manera de, como yo digo, de compatibilizar el derecho de todo. Que no se cercene a uno el beneficio del otro. Que podamos coexistir entre todos en esta sociedad», instó la magistrada.
«Creo que el abuso es lo que está mal. Abusar de esa herramienta. El abuso. Por eso hay que dejar en claro que a veces se abusa de ciertos remedios. Esa manifestación 2001 fue una manifestación espontánea que el pueblo salió a pedir que se vayan todos. Es espontáneo», agregó.
Protocolos
La jueza de Faltas recordó que existen protocolos vigentes, «hay una ley inclusive provincial que establece el protocolo de la actuación policial en manifestaciones públicas. Por parte del gobierno provincial se cumple a rajatabla, lo que es el mediador. Cuando hay un grupo que se manifiesta, sea empleados públicos, sean movimientos sociales, de grupos de vecinos, la policía interviene en primera medida como para delimitar el sector en el que está ese grupo que se manifiesta. Baja un mediador, toma contacto con ese grupo, se pregunta, qué es lo que está solicitando, Cuál es el motivo del corte o la manifestación, lleva ese reclamo y luego trae la respuesta», describió el procedimiento.
«El tema es que en el municipio las veces que tenemos corte no contamos con mediador, las autoridades se cierran y se niegan a recibir el reclamo. Entonces, justamente hay que garantizar canales de diálogo porque el diálogo es algo que muchas veces hace que eso no escale a otros niveles, ya sea niveles de violencia, lo que fuera», advirtió.
Por esto convocó para el 2 de mayo, a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Policía, al Ministerio Público Fiscal, al gobierno provincial. Y también está pidiendo al Superior Tribunal de Justicia que defina un lugar para la convocatoria.
«Lo que se pide al Superior Tribunal de Justicia es un lugar, un espacio donde poder celebrar la audiencia. Justamente se establecen ciertas autoridades como para tener representados todos los intereses que considero que están involucrados en la temática», aclaró la jueza.
«En la causa son 106 entre movimientos sociales, cooperativas y fundaciones las denunciadas. Por eso se hace imposible citar los dirigentes y se convoca a la Secretaría de Derechos Humanos y Género como para que los represente. Así también, el Ministerio Público de la Defensa. Y por los ciudadanos de Resistencia que se ven afectados por esta modalidad de petición. Ciudadanos, comerciantes, defensor del pueblo, tanto de la provincia como del municipio», enumeró la magistrada.
Cortés reiteró que «son 106 movimientos sociales, cooperativas y fundaciones las denunciadas. O sea, cada movimiento social tiene de 200, 400 a 1.000 integrantes. Es imposible convocar a todos lo que hacemos es justamente la Secretaría de Derechos Humanos y Género, el Ministerio Público de la Defensa va a intervenir en representación de estas personas», sostuvo. «No estamos hablando sólo de movimientos sociales. Acá, cuando se corta una calle, viene UPCP también, los contratados del hospital Perrando. O sea, yo no puedo citar a todo grupo que se manifieste porque es imposible. No son movimientos sociales únicamente. Hay trabajadores, hay gremios, sindicatos, vecinos. Entonces, buscamos una representación institucional», finalizó.