¿Qué pasó cuando subió a la camioneta de la Policía?, la pregunta que hizo, Roberto Sotelo, de parte de la querella. El joven fue detenido tras una denuncia de violencia de género, pero días después falleció por los golpes internos que tenía. Tres policías son juzgados en un juicio por jurados.
El trigésimo tercer juicio por jurados finalizó hoy en Resistencia, marcando el trigésimo séptimo en la historia de la provincia del Chaco, en relación al caso 3.215/19. El jurado popular, compuesto por seis hombres y seis mujeres, emitió un veredicto unánime de no culpabilidad contra los acusados después de más de dos horas de deliberación.
Las audiencias se llevaron a cabo en una sala especialmente acondicionada en el Centro de Estudios Judiciales, con el camarista Ernesto Azcona como juez técnico. Comenzaron el lunes y se extendieron durante los siguientes cuatro días, cubriendo todas las etapas del juicio. Durante este proceso, se presentaron 27 testigos para declarar, bajo estrictas medidas de seguridad y organizativas.
Antes del juicio, se llevaron a cabo 21 audiencias preliminares en las cuales se discutieron las instrucciones preliminares, lo que permitió agilizar el proceso para el desarrollo del debate, audiencias previas que continuaron en el juicio sumando en total 31 preparatorias.
Las partes involucradas estuvieron representadas por la fiscal de Cámara Graciela Griffith Barreto, el querellante particular Hugo Fernández Lira, Roberto Sotelo como representante del Comité para la Prevención de la Tortura, y las defensas de los imputados: Olga Mongelós, Leandro García Redondo, Sebastián Quintana y Leandro Fioravanti.
El juicio
Durante la primera jornada del lunes, se seleccionó el jurado y el juez Azcona dio las instrucciones iniciales. Además, cada parte expuso sus teorías del caso en los alegatos de apertura y se presentaron los primeros cinco testigos.
En los días martes, miércoles y jueves, se tomaron declaraciones testimoniales de otras 22 personas en la etapa de producción de pruebas, donde se expusieron los hechos tal como fueron percibidos por los testigos.
El viernes, los imputados declararon, se litigaron las instrucciones finales en audiencia, las que posteriormente se leyeron y el jurado popular se retiró a deliberar para llegar a un veredicto.
Durante el debate fueron resueltos los distintos planteos formulados por las partes con la debida sustanciación.
Las instancias públicas del juicio se transmitieron en vivo a través del canal de YouTube de la Oficina Judicial Central de Juicio por Jurados, lo que permitió a la ciudadanía tener acceso directo a las instrucciones iniciales y finales, los alegatos de apertura y cierre, así como al veredicto.
Con el ingreso del público a la sala de debate del Juicio se garantizó el principio de publicidad como así también la garantía de no revictimización, contacto con la presencia de los representantes de los familiares de la víctima, a través de la querella durante todo el juicio.
En este caso policial son tres los policías imputados por «torturas seguidas de muerte» (en democracia).
Sebastián Ponce de León, tenía 32 años y los habían detenido el 31 de enero de 2019 y murió diez días después tras sufrir una golpiza en la localidad chaqueña de Barranqueras.
El juicio por jurados comenzó el pasado lunes a las 8 con la selección de los 12 jurados titulares y 2 suplentes entre las 36 personas convocadas para el juicio, que se extendió hasta este viernes 2, jornada en la que se escucharon los alegatos.
Los agentes Sebastián Darío Romero y Cristian Alfredo Chamorro llegaron al debate en libertad imputados por el delito de «torturas seguida de muerte», que prevé la pena de prisión perpetua. En tanto, el policía Carlos Rodríguez –también libre– fue acusado por «omisión de evitar torturas».
El juez técnico encargado de dirigir el debate es Ernesto Azcona, titular de la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia, y la fiscal será Graciela Griffith Barreto, mientras que el abogado Hugo Fernández Liras representará a la hija de la víctima, que ahora tiene 5 años, también como querellante.
«Esperamos que los condenen a perpetua para que haya justicia por Sebastián, que era una persona trabajadora que vivía para que a su hijita no le falte nada», dijo Lelia, madre de Ponce de León.
La defensa responsabiliza a Sebastián por sus actos
Sebastián Quintana, defensa de Rodríguez. «Que no paguen justos por pegadores», la frase que repitió. «De ese hecho no hay prueba, y no hay prueba porque no sucedió. Usen la lógica, insisto con eso, usen su sentido común. Piensen que a Sebastián Ponce de León no lo mató la Policía. Sebastián Ponce de León lamentablemente falleció por sus malas decisiones. Las malas decisiones que tuvieron que ver con las adicciones y que tuvieron que ver con la violencia hacia la mujer. Eso lo llevó a él al desenlace fatal, triste, pero real que fue lo que sucedió en esta causa», parte de lo que dijo el abogado en su alegato en defensa de uno de los policías imputados.
Pidió al jurado que «luego de sus deliberaciones coincidan con nosotros en que Carlos Rodriguez no es culpable», dijo y agradeció.
