El gobierno provincial dispuso ayer la intervención de la Fundación Doctor Andrés Saúl Acuña, presidida por el matrimonio Sena, que permanece detenido en el marco de la investigación por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski.
La medida fue concretada y dada a conocer ayer a través de la resolución 798 del Ministerio de Gobierno y Trabajo, pero inició el jueves pasado como parte de las acciones para aportar transparencia e información a la ciudadanía acerca de las actividades de la institución.
Serán dos las personas encargadas de llevar adelante la intervención: Mirta Morel y Hernán Knezovich, ambos actuales funcionarios del gobierno provincial.
«Vamos a constituir un cuerpo de auditores y contadores que van a analizar toda la situación de la fundación», adelantó el inspector de Personas Jurídicas, Eduardo Colombo, quien ofreció detalles acerca del procedimiento, que también será informado a la Justicia.
La intervención se realiza según lo establecido en el artículo 12, inciso K de la Ley 1903-C referente al funcionamiento de fundaciones y asociaciones civiles.
Ese cuerpo de auditores será el encargado de evaluar la documentación vinculada a la institución.
«Van a ir mirando las transferencias que tuvieron, los gastos, y vamos a ir avanzando en una auditoría para ver el destino de los fondos y tener una mayor transparencia», amplió Colombo, citado en un parte de prensa oficial.
El funcionario explicó que el consejo de administración de la fundación estaba integrado por el matrimonio Sena y otra persona más, que también permanece detenida. «Por esta razón, la fundación queda acéfala y, a partir de las facultades que nos otorga la ley, se definió avanzar con la intervención», dijo.
Continuidad de proyectos educativos, sociales y de viviendas
Otro de los objetivos de la intervención tiene que ver con sostener los proyectos sociales, educativos, de salud, y de construcción de viviendas que dependen de la fundación y en los que participan cientos de personas diariamente.
Paralelamente, autoridades del Ministerio de Educación se reunieron con la comunidad educativa del barrio para informar los detalles del procedimiento y definir un plan de acción en conjunto.
El ministro de Educación, Aldo Lineras, informó que Omar Rojo, director de la Regional Educativa 10-A, fue designado para conducir ese proceso (ver página 4).
«Nosotros debemos asegurar que los 307 niños y niñas del jardín, los 400 estudiantes que tiene la escuela primaria, y los 200 de la escuela secundaria sigan recibiendo el servicio educativo y lo hagan en el marco de las normativas vigentes», señaló el ministro, quien recordó además que tanto Marcela Acuña como Emerenciano Sena fueron suspendidos de sus cargos docentes la semana pasada.
Además, el ministro recordó que no se realizan transferencias a la fundación desde Educación.
«Nosotros tenemos un sistema de designaciones similar al de las escuelas estatales. No hay recursos enviados por fuera de ese sistema», informó.
Tras una serie de reuniones con la comunidad educativa del barrio, Lineras señaló además que en los próximos días se impulsará un cambio de nombre a la Escuela de Gestión Social (EGS) 2.
«No hay que asociar este crimen tremendo con el trabajo que hacen las y los docentes en las escuelas. El mismo mensaje va para padres y madres que mandan sus hijos allí, de dejarlos con la tranquilidad de que el servicio educativo se va a seguir brindando», detalló.