Concejales y diputados opositores denunciaron al intendente Roy Nikisch por presuntas irregularidades en la adjudicación del Plan de Bacheo 2024, que abarca obras valuadas en más de $400 millones.
Según la presentación realizada ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), se cuestionan conflictos de interés, fraccionamiento de contratos y falta de transparencia en la ejecución del proyecto.
DIVISIÓN EN EL CONCEJO MUNICIPAL
El proyecto cuestionado fue aprobado en el Concejo Municipal con los votos de cinco ediles de Juntos por el Cambio (JXC): Alejandro Aradas, presidente del Concejo; Javier Dumrauf, líder del bloque; y los concejales Analía Verón, Ramón Romero y Miriam Jara.
Por otro lado, el pedido de investigación fue impulsado por los concejales opositores Lucila Masin (Frente Chaqueño), Soledad Villagra (Corriente de Expresión Renovada), Guillermo Monzón (CER), Ángel Sánchez (CER) y Fabricio Bolatti (FCH).
A esta iniciativa también se sumaron los diputados Gricelda Ojeda (CER) y Rodrigo Ocampo (PJ).
RECLAMOS DE LOS DENUNCIANTES
Los impulsores de la denuncia exigen que la FIA investigue a fondo las irregularidades señaladas y que se garantice la transparencia en el uso de los recursos públicos. «Estas prácticas atentan contra la confianza ciudadana y la ética en la gestión municipal», declaró la concejala Lucila Masin, quien pidió explicaciones inmediatas al oficialismo.
Mientras tanto, desde el bloque de Juntos por el Cambio no se emitieron declaraciones sobre las acusaciones.
UN PROYECTO BAJO SOSPECHA
El Plan de Bacheo 2024 se enmarca en una serie de obras públicas clave para la ciudad, pero su implementación ahora está bajo la lupa. Los opositores aseguran que las irregularidades denunciadas no solo afectan la confianza en las instituciones, sino que también comprometen la correcta ejecución de un proyecto necesario para el mejoramiento urbano.
La situación pone en el centro del debate la gestión de Roy Nikisch, quien enfrenta crecientes críticas por presuntos manejos irregulares en su administración. Se espera que la investigación de la FIA arroje claridad sobre el destino de los millonarios fondos asignados a estas obras y que determine si hubo o no violaciones a la ley.
Acusaciones principales
La denuncia se centra en tres puntos clave:
- Conflicto de intereses: los opositores señalaron un vínculo familiar entre la ingeniera Alejandra Soledad Flores, funcionaria de la Dirección de Vialidad Provincial (DVP), y el titular de la empresa contratista Nelson Melli Construcciones Sacicif. Según los denunciantes, esto podría violar las leyes de Ética Pública y Transparencia al beneficiar a una empresa relacionada con funcionarios públicos.
- Fraccionamiento de contratos: la resolución 1931/2024 habría adjudicado obras menores por $15.817.150, presuntamente para evitar procesos de licitación obligatorios que implican mayor control y competencia. Este esquema podría constituir una práctica ilegal para facilitar adjudicaciones directas.
- Falta de documentación: los concejales opositores denunciaron que no se presentaron informes fundamentales sobre los plazos de ejecución, licitación de materiales y modalidades de pago de las obras.
La ausencia de esta información podría ocultar manejos irregulares en la administración de los fondos.