Tres policías del Chaco, un gendarme y una mujer, acusados de vender drogas al menudeo, serán juzgados el 19, 20 y 21 de marzo de 2024 en el marco de la causa donde se los acusa de conformar una asociación ilícita que tenía como base de operaciones la comisaría Duodécima de Resistencia. Será ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia.
El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, solicitó que sean juzgados el sargento de la Policía del Chaco, Rubén Alberto M.; los agentes, Leandro Gabriel C. y Matías Josué F.; el gendarme Miguel Hugo P. y la presunta dealer, Ester De la Cruz P., todos con distintos cargos penales como los de asociación ilícita, encubrimiento agravado, abuso de autoridad, tenencia y comercialización de estupefacientes y revelación de secreto oficial.
La confirmación de las fechas de debate del juicio oral se conoció recientemente a partir del rechazo del Tribunal Oral Federal a una serie de nulidades presentadas por el abogado Hernán Cordón, quien planteó la violación del debido proceso, del derecho de defensa y de las garantías constitucionales de su asistido.
Se recuerda que el 16 de julio de 2022, el sargento Molina y los agentes Frete y Cocco, de la comisaría Duodécima de Resistencia, fueron detenidos acusados de hechos gravísimos: se los señaló como parte de una asociación ilícita dedicada a la protección de vendedores de droga del barrio Santa Catalina y al armado de procedimientos ficticios, publicó el portal judicial Litigio.
De acuerdo al expediente, sus actividades ilícitas incluían la cobertura de, al menos, una dealer de la zona para que pueda comercializar sin ser molestada, como así también mantenerla al tanto de cualquier posible operativo que pudiera comprometerla.
Esta cobertura se realizaría a cambio de un pago, que podría ser en efectivo o en estupefacientes que luego eran utilizados para el armado de procedimientos (plantando evidencia falsa) o bien para dárselos a informantes en forma de remuneración.
La causa está caratulada como «M. Rubén Alberto y otros s/cohecho activo, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal), infracción a la Ley 23737 (artículo 5, inciso C), asociación ilícita y violación de secretos».
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