La Cámara de Diputados convalidó, ayer, los controversiales pases a planta impulsados por el gobierno provincial en distintas áreas del Estado. Lo hizo con los votos del bloque oficialista y de las bancadas del PRO y del Frente Integrador, número que finalmente fue suficiente para aprobar la ratificación de cinco decretos del Poder Ejecutivo. La oposición macrista, que se ausentó de la sesión, criticó la decisión y volvió a poner reparos contra la estabilidad laboral que propone el gobierno.
La medida quedó contenida en una ley que ratificó los decretos del Ejecutivo 28, 1453, 2118 y 2244 (todos de este año), dictados en el marco Convenio Colectivo de Trabajo General para la administración pública provincial. Asimismo, sancionó la convalidación del decreto 2656 (también del Poder Ejecutivo, del 28 de septiembre de 2023), que establece la necesidad de regularizar la situación laboral de los agentes que se encuentran prestando servicios bajo la modalidad de personal transitorio con contratos de locación de servicios. «Si yo no estaría en esta banca, hoy no tendríamos pases a planta y eso no me convierte en un héroe, pero sí quiero hablarle a los calumniadores seriales de las redes: no puedo desconocer que hay medidas cautelares en torno a esta cuestión, pero hoy voto desde el punto de vista político», aseguró, en el marco del debate en el recinto, el diputado Luis El Halli Obeid (PRO), quien garantizó con su presencia el quórum para el inicio de la sesión.
Por su parte, el legislador del Frente Chaqueño, Nicolás Slimel, aseguró que «en este proceso de pasa planta todo fue muy prolijo, no se violó absolutamente ningún artículo de la Constitución y ningún artículo de las leyes vigentes; y esto posibilitó también que se alcancen los acuerdos paritarios que están vigentes y deberán ser respetados por la gestión entrante». «Entendemos que existió una afrenta innecesaria por parte de la oposición, que utilizó el mecanismo de la justicia provincial como un engranaje para entorpecer de manera ilegítima los procesos del concurso que claramente fueron llevados adelante de la mejor forma posible», afirmó Slimel. A la vez, el diputado peronista lamentó la ausencia de todos los legisladores de Juntos por el Cambio «por lo menos para escucharlos y saber por qué razón no acompañan estas leyes en los medios públicos». «Nosotros entendemos que esto tiene que ver con una reivindicación histórica y que hay que empezar a respetar los cambios institucionales, entre ellos, los mecanismos de convenios colectivos de trabajo», consideró. El legislador puntualizó también que en el caso de los contratados de servicio, el mecanismo de regularización alcanza a 1.640 agentes, de los cuales 1.490 son de Salud Pública. «La oposición ‘peleaba’ hace dos años por el pase a planta de todos, pero esto demuestra que no estaban tan interesados en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores», dijo. Slimel aseguró que el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura (Santiago Pérez Pons) de la provincia remitió dos notas donde manifiesta «la factibilidad presupuestaria de ambos proyectos sin perjuicio absoluto de las arcas del Estado y de una continuidad en términos institucionales que no va a perjudicar en absoluto todo el desarrollo y el funcionamiento futuro del Ejecutivo provincial». «Por eso, con el objeto de eliminar la situación de incertidumbre que hoy prospera en todos los trabajadores del Estado, nosotros hemos sancionado esta ley dando una respuesta no solamente a la comunidad, sino también a los pedidos que permanentemente recibimos por parte de la oposición, que ahora parecen haberlos olvidado», cerró.
Bronca del macrismo
Una vez conocida la sanción en favor de los pases a planta, el macrismo chaqueño expresó su bronca y malestar mediante un comunicado de prensa firmado por algunos de los diputados de ese espacio.
«Hace dos semanas planteamos la necesidad de revisar los decretos de pases a planta que condicionan no solo la carrera administrativa de los actuales empleados públicos, sino también desde el punto de vista económico el normal pago de salarios en los sucesivos meses, porque no están incluidos en el presupuesto de este año en curso», se quejaron.
«Esta revisión fue en el organismo encargado de ver si son legales y su validez, después de un análisis el responsable de los bienes del Estado como lo es el fiscal de Estado, quien determinó que uno de ellos estaba con contradicción con la Constitución provincial, hecho que fue ratificado por el procurador general, es decir cada paso se está analizando en el marco de la juridicidad», señalaron en el texto luego remitido a medios de comunicación.
«La aprobación de la ley hoy (por ayer) es demostrativo que siempre tuvieron quórum desde el gobierno provincial para tratar un plan ordenado de quienes trabajan hace años en precariedad, situaciones que vinimos planteando hace años, y no tuvimos recepción alguna por parte del bloque mayoritario.
Ahora después de tanto tiempo aceleran trámites, pero no para los trabajadores reales, sino para los amigos y amigas del poder exfuncionarios y legisladores», cuestionaron.
Por último, señalaron que la ley aprobada intenta condicionar al gobierno entrante al igual que a las empresas del Estado, en las que también- aseguran- hubo pases a planta.