La Legislatura chaqueña convirtió en ley, el pasado miércoles, la regularización laboral de trabajadores estatales, iniciados a través de los decretos del Poder Ejecutivo en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo General para la administración pública provincial. Desde ATE Chaco, su secretario general, Mario Bustamante, en contacto con La Voz del Chaco, explicó cómo continuará el proceso y qué significa este respaldo legislativo ante las diferentes medidas judiciales que intentaron poner freno a este proceso. El dirigente gremial destacó la transparencia y justeza del proceso y cuestionó la falta de información que se difunde en medio de un contexto electoral.
«Ambos decretos fueron realizados en pleno ámbito paritario, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo, en el que a pesar de la enorme diferencia que podemos tener los tres sindicatos, pudimos avanzar en su reglamentación, para que sea transparente, para que sea justo y por sobre todo ponga justicia en aquellos precarizados y precarizadas que tienen mayor antigüedad en la provincia», destacó Bustamante.
Contratados
de salud
Más adelante diferenció que «en uno de los casos hablamos de un proyecto que es para aquellos que son contratados a servicio actualmente, en su gran mayoría, casi 1.500 compañeros y compañeras pertenecen a Salud Pública, siendo la principal médula del funcionamiento de la salud, un servicio esencial que funcionó también exigido en un momento clave que fue la pandemia y que actualmente presta un servicio pleno y se necesita garantizar un buen servicio», resaltó Bustamante. «En ese sentido, el proyecto habla de justamente un pase a planta para aquellos compañeros que son contratados a servicio, lo cual también no innova en gastos, que son cargos que son actualmente ejercidos por estos compañeros, o sea, no necesita generar más cargos, cosa de pegar un batacazo a la caja o a las cuentas públicas», aclaró.
Por otro lado, Bustamante indicó que «se ratificó un gran proyecto general que tiene que ver con la convocatoria, el llamado a concurso de antecedentes y oposición, para compañeros y compañeras que realizan hoy su tarea en el Estado y tienen un vínculo, en algunos casos, desde hace más de 15 a 18 años en la provincia, realizando su tarea de manera efectiva y de manera absolutamente precaria», resaltó. «A ese concurso se inscribieron aproximadamente 9 mil compañeros y compañeras de toda la provincia, del nivel central, la inscripción fue pública, fue anunciada, fue transparente. Aquellos y aquellas que han quedado por fuera de ese concurso, producto de que no cumplían con algunos requisitos, ya se ha hecho el entrecruzamiento correspondiente», explicó el gremialista.
Por lo que resaltó que «esperamos, a partir de esta ley, tener allanado el camino para ya realizar la convocatoria al examen, donde los compañeros y las compañeras tendrán que validar sus saberes en función del cargo que disputan», anticipó los próximos pasos.
Al mismo tiempo aclaró: «Obviamente no van a entrar los 9 mil, ya que el reglamento es claro, y dice que van a ser el 100% de los cargos generados en 2023 y, a partir de 2024 hasta 2030, van a ser el 70% generado, a partir de jubilaciones, de retiros, de fallecimientos, etcétera», destacó.
Tras describir el mecanismo establecido para la regularización de estos trabajadores, Bustamante aseveró que «en ningún momento estamos diciendo que van a pasar 17 mil personas a planta, en ningún momento durante estos cuatro años, y nosotros somos testigos de esa situación, han pasado a planta 30 mil personas, cosa que tampoco es cierta», afirmó. En cuanto a estas versiones sostuvo que «nos preocupa la mala información, entendemos también que es una coyuntura electoral muy fuerte, pero los precarizados y las precarizadas de la provincia no pueden ser rehenes de tensiones en medio de un cambio de gestión, obviamente, un cambio de gobierno, pero sobre todo en tiempos electorales», recordó el contexto.
«Lo mejor es informarse de primera mano, están disponibles todos los decretos, están disponibles en boletín oficial, están disponibles los sindicatos también, donde cualquier funcionario, funcionaria, futuro o actual, o legislador o legisladora, que quieran conocer a más en profundidad el marco del convenio colectivo, las actas que hemos realizado ahí adentro, los reglamentos que han salido, está configurado un tribunal excepcional compuesto por los tres sindicatos, obviamente la parte empleadora, o sea la patronal, y donde entre todos estamos controlando y llevando a cabo de manera transparente, de manera justa, estos concursos», aseveró.
Continuidad del procedimiento
En cuanto a las medidas judiciales que intentaron poner freno al proceso, Bustamante explicó que «las medidas judiciales que atacaban decreto, ya no pueden atacar decreto porque ahora son ley. Así que me parece que ahí se van al piso», afirmó.
Y describió la continuidad de este proceso: «El próximo paso es la convocatoria al examen. Nos tenemos que reunir, los tres sindicatos que conformamos el convenio y el tribunal examinador, y obviamente la parte empleadora, entendemos que a eso hay que apurar, nosotros estamos justamente en una medida de fuerza que presiona al Estado, en ir apurando todo lo que tiene que ver con el régimen de base a planta y todo lo que hemos acordado», recordó.
Más adelante instó en que «hay que ejercer presión porque esto tiene que salir, y a partir de ahí el tribunal examinador convocará una fecha determinada ya para el examen, para nuestros compañeros y compañeras que ya están habilitados, que han sido vistos, que han atravesado las distintas etapas que tienen que ver justamente con presentar todos sus antecedentes, puedan rendir el examen y así se configura el orden de mérito y pasen a planta aquellos y aquellas que tienen la mayor antigüedad, que tienen la mayor capacitación y que, obviamente, tengan cargos», manifestó.
En cuanto a los cuestionamientos que se realizaron, titular de ATE Chaco aseveró: «No hay 9 mil cargos, está claro, no existe eso, eso es una falacia. Lo que hay debe ser unos 500 o 600 cargos en este momento, ya que no pudimos avanzar tampoco con los retiros voluntarios. Entonces, más o menos se calcula que son entre 500 y 600 cargos. Y el resto entra en un orden de mérito, o sea, que irá avanzando su pase a planta a partir de 2024 hasta 2030, con el 70% de los cargos que se van generando. Se garantiza un piso, donde de manera sostenible, sustentable, gobierne quien gobierne, esos compañeros y compañeras vayan pasando planta en un 70%», detalló. Al mismo tiempo resaltó, que este examen «configura un orden de mérito de mayor antigüedad, que va a ser el mayor puntaje, que siempre es el 70% en relación con la antigüedad».
Asimismo, el sindicalista aseveró: «Todo esto está expresado, está explicitado en todos los decretos estos que se intentaron dar de baja», resaltó y consideró que los argumentos para atacar este procedimiento «son absolutamente infundados. Entiendo por ahí que puede faltar información y también entendemos que en un marco de situación de plena elección nos parece necesario tener un poco más de responsabilidad, ya que estamos hablando de precarizados y precarizadas de la provincia, estamos hablando de personas que entienden de que esta es la vía, de que este es el proceso, y estamos hablando también de tres sindicatos que entendemos que esta es la vía y este es el proceso transparente, justo y absolutamente necesario», finalizó.