El DNU presidencial, como el llamado megaproyecto de ley, está llamado a abrir un debate que se dará en el mundo mediático, de la política, y de la Justicia. El Congreso de la Nación será uno de los epicentros, el otro el de los tribunales, donde, a lo largo y lo ancho del país se sucederán presentaciones y más presentaciones en procura que la justicia frene, cautelar mediante o en definitiva invalide una norma que sacudió el avispero en cuanto afecta intereses sensibles y poderosos dispuestos a hacer lo que sea necesario para frenar el impulso reformista de un hombre que puso patas para arriba el sistema en sus distintas manifestaciones y respecto al cual no se lo termina de calibrar. ¿Un loco? ¿Se hace el loco? ¿Hasta dónde llegará? Son respuestas que solo el tiempo dará en un momento de la vida nacional.
Un fundamentalista. Outsider de la política, que llega sin deber nada a nadie, y que difícilmente cambie su modus operandi que le ha permitido en solo dos años pasar a ser el centro de la atención no solo en el país, sino en un mundo que sigue con particular atención no solo lo que dice, sino también lo que hace el flamante presidente argentino quien remarca que, si lo suyo es una misión, un trabajo y que no piensa renegar de sus ideas.
Está dispuesto a pagar los costos políticos que sean necesarios aún a riesgo de poner en peligro su continuidad otros cuatro años, aunque asegura que si se diera esta circunstancia serian ocho años y volver a su casa, en contraposición con la mayoría de los políticos a los que solo la realidad los saca de escena, algunos luego de muchas décadas en la que permanecen en orden a un sistema cerrado que Milei denomina como la casta y que se da no solo en la política sino en los sindicatos, y en las organizaciones empresariales y mediáticas.
En el cuarto piso del Palacio de Tribunales está la Corte Suprema
Expresión del poder real, como que es el que tiene la última palabra, en su mesa decagonal, en la que hoy se sientan solo cuatro jueces se cocinan a fuego lento las decisiones más trascedentes para la vida institucional de la República.
En los últimos meses ha enfrentado una ofensiva desprolija, llamada desde el principio al fracaso, mediante la cual se intentó llevar a juicio político a todo el tribunal. Se ha promovido una reforma judicial difícil de entender y se ha llegado hasta propiciar una ampliación del número de sus miembros en una cantidad absurda de 25 jueces, con una composición de representación de todas las provincias que desvirtúa el sentido y la naturaleza misma del tribunal. Desde el 10 pasado, todas estas iniciativas fueron definitivamente sepultadas.
Ahora ha recalado en la mesa de entradas del alto tribunal la demanda promovida por el gobierno de La Rioja, que cuenta con el patrocinio de un ex juez de la Corte que no es bien visto y que no ha dejado un buen recuerdo en el Tribunal, Eugenio Zaffaroni, figura controversial en el mundo del derecho.
En febrero, el procurador general emitirá dictamen que será girado a la Corte. Esta se tomará su tiempo, como es habitual en un tribunal en el cual existe una ponderación política del escenario en el cual se dan las resoluciones. En algunos casos, como la habilitación para que Carlos Menem sea candidato a senador de la Nación, se dio en un par de horas desde el momento que ingresó el recurso extraordinario contra la sentencia de la Cámara Electoral Nacional.
En otros casos ha llevado años a la Corte emitir una sentencia, como el caso de la invalidación de la Ley del Consejo de la Magistratura que durmió el sueño de los justos por muchísimo tiempo hasta que, luego de la derrota del oficialismo de noviembre de 2021, la Corte terminó haciendo lugar a la reducción de 20 a 13 miembros con que actualmente funciona. Es, sin duda, el poder real del que ningún gobierno puede prescindir.
A partir del dictamen, la causa comenzará a circular. Un ministro, presumiblemente Horacio Rossatti o Julio Maqueda, hará el primer voto que irá pasando de vocalía en vocalía. En el caso que alguno de los jueces introduzca modificaciones, vuelve para atrás para ver si el ministro precedente acepta las modificaciones o mantiene su posición. Es la forma como actúa un órgano colegiado, donde la resolución final generalmente la síntesis del criterio de todos que no pocas veces llegan a una sentencia única impersonal o van fijando posición adhiriendo o ampliando fundamentos, cuando no estableciendo disidencias con votos propios, y algunas veces votando en el mismo sentido, pero con sus propios argumentos.
El desafío para un tribunal, hoy acotado a cuatro ministros, por la salida desprolija de la jueza Elena Highton es llegar a constituir mayoría con tres votos al menos. Si no lo lograran deberán convocar a un juez subrogante, presidente de una de las cámaras de apelaciones, para que desempate.
En el caso que más ocupa, lo más probable es que la Corte se pronuncie por el «ni». Esto es no se emita opinión sobre el fondo del asunto. Terminará prefiriendo hacerlo en instancia de apelación, en una de las múltiples acciones incoadas en distintos juzgados de todo el país.
Casi con seguridad el fallo que se pronuncie por el ni, aún admitiendo la competencia originaria de la Corte, y apelando a precedentes preexistentes, se dé por tres votos a cero, con un cuarto ministro, Ricardo Lorenzetti, que haga uso de la opción de no votar, o termine votando en contra, en cuyo caso el resultado sería 3-1.
Improbable sería que, en un caso como este, de fuerte impacto político, los cuatro jueces voten en el mismo sentido como si lo hacen en cuestiones que por su naturaleza se tratan de temas de la vida cotidiana en el que muchas veces existen ya precedentes que condicionan a los ministros y le impiden apartarse de la jurisprudencia existente.
¿Qué hay detrás de esta disidencia? Algo obvio. En septiembre se elige el nuevo presidente de la Corte. En veredas opuestas el actual titular y el anterior, que no se resigna a la posibilidad de volver a la poltrona que ocupó por una década, sucediendo a Enrique Petracchi.
De la noche a la mañana se gestó una nueva mayoría que lo desplazó de la presidencia, algo habitual en la lucha por el poder que caracteriza a las internas en la Corte, cuyos modos son notablemente parecidos en su funcionamiento e intrigas palaciegas a lo que ocurre en El Vaticano.
Para este turno, al menos al día de hoy las cartas están echadas: Rossatti seguirá al frente del Tribunal. No habrá acuerdo, y está cantado un 3-1, pero Lorenzetti trabaja para lo que viene después. Antes de la Navidad del año venidero, el decano de los ministros de la Corte, Julio Maqueda, dejará el tribunal, que quedará recudido a tres miembros.
Lorenzetti descuenta que tendrá el acompañamiento de uno de los nuevos ministros, por el previsible origen del mismo, y la duda quedará en quien sea el quinto miembro; sin duda una mujer y posiblemente penalista como que la corte con la salida de Eugenio Zaffaroni y antes de Carmen Argibay Molina, ella muy prestigiosa, el Tribunal se quedó sin especialistas en derecho penal, una falencia que debe superarse como la necesidad de que se recupere el equilibrio en el género.