Los incrementos de precios golpean cada día a diferentes productos e impactan de lleno en los bolsillos. Tras un nuevo aumento de los combustibles del 27% que comenzó a regir desde las primeras horas del martes, y al anuncio del incremento de las facturas eléctricas justamente en la temporada estival, donde la climatización de los ambientes es clave para la supervivencia familiar en esta región, y que tendrán su impacto en las facturas de marzo y abril, llegó un nuevo golpe a la economía familiar de otra fuente energética vital: el gas envasado.
En las últimas horas se anunciaron fuertes incrementos, en todo el país, pero principalmente en el NEA, donde la red de gas domiciliario aún no llegó a la gran mayoría de los hogares.
La desregulación de precios y la eliminación de subsidios en el sector del gas en garrafa generó una marcada disparidad en los costos para los consumidores. Los porcentajes de ajuste que se están manejando rondan del 120 al 150%. Esto elevó el costo de la garrafa de 10 kilos, la más popular y utilizada en los hogares, principalmente de bajos recursos, de un poco más de $4 mil que valían días atrás a superar la barrera de los $10 mil hasta alcanzar los $12 mil según el lugar.
Asimismo, esta diferencia de precios que existen en el mercado, generó largas fila de personas que se acercaron a la planta fraccionadora que la empresa Amarilla Gas posee sobre la ruta 11 de Resistencia, ya que en este lugar se consigue el tubo a valores inferiores, cercanos a los costos anteriores de este último incremento.
El cartel de la fraccionadora anunciaba ayer la garrafa de 10 kilos a $5 kilos, la de 15 kilos a $7.500 y la de 15 kilos a $24.500. En parte, esta diferencia se debe a los costos de flete atento a las distancias de traslado, y la falta de alternativas como el gas natural.
El gas en la región
Por su parte, el defensor del pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, señaló que estos nuevos y fuertes aumentos en el GLP envasado «golpea directamente en los bolsillos de las franjas sociales más vulnerables». El funcionario provincial, advirtió que se está dando en la práctica, una gran «disparidad de precios en las distintas distribuidoras».
En esta línea precisó que en Formosa el tubo de 10 kilos se puede encontrar a $8 mil y $9 mil al mostrador, la de 45 kilos a $27 kilos; mientras que en el caso de Chaco el tubo de 10 kg se comercializa a $13 mil y la de 45 kg a $42 mil, en Corrientes el tubo de 10 kg se encuentra a $12 mil y la de 45 kg a $30 mil. Esto «va a continuar así, pues el actual gobierno nacional de Javier Milei ha desregulado la economía lo que viene impactando negativamente en los consumidores no así en los grandes grupos empresariales que cada día se ven más favorecidos por las medidas que se adoptan desde el Estado nacional», aseveró.
Audiencia pública
Por su parte, el gobierno nacional oficializó los llamados a audiencias públicas para aumentar las tarifas tanto de luz como de gas en el primer cuatrimestre del año. Se trata de un proceso constitucional obligatorio al momento de modificar tarifas de servicios públicos.
La primera audiencia pública, que estará a cargo del Ente Regulador de Gas (Energas), tendrá lugar el próximo 8 próximo para definir la «adecuación transitoria» de las tarifas de transporte y distribución de gas.
En el debate, se considerará la quita total de subsidios para los usuarios de ingresos medios, que quedarán igual que los de altos ingresos, y que los usuarios de ingresos bajos comiencen a pagar el 20% del costo de abastecimiento.
En ese contexto, el informe calcula que los aumentos de las tarifas para los usuarios de ingresos altos, medios y bajos serían del 260%, 402% y 253%, respectivamente, con recomposición del VAD y el impacto de la devaluación.
De esta forma, los subsidios del Estado nacional al gas natural pasarían de USD2.600 millones en 2023 a USD1.230 millones en 2024.
Entre los subsidios que desaparecen, se encuentra el programa Hogar perteneciente a la Secretaría de Energía de la Nación, que subsidiaba el 80% del valor de la garrafa de gas a los hogares de menores ingresos, entre ellos las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, así como también los jubilados y pensionados de hasta un haber mínimo.
Este programa se trata de un subsidio directo y mensual fijado por la Secretaría de Energía que cubre parte del precio de las garrafas de 10 kg, 12 kg y 15 kg.
Audiencias públicas para incrementar las tarifas energéticas
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) convocó a audiencias públicas con el propósito de «obtener una adecuación transitoria en la tarifa».
De esta forma el 26 de enero se analizará las propuestas de las empresas de distribución del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), incluye a Edenor y Edesur.
En tanto, el 29 próximo se evaluarán las propuestas de las transportistas Transener, Transba, Transpa, Transco, Transnea, Transnoa, Distrocuyo y el Ente Provincial de Energía del Neuquén (Epen).
De esta forma, el gobierno nacional avanza con una nueva reducción de los subsidios del Estado a las tarifas de este servicio, que se aplicaría a partir de febrero próximo.
Según informó Télam, ambas audiencias se realizarán en modalidad virtual y su desarrollo se trasmitirá en simultáneo a través de una plataforma de streaming, que será informada en la página web del Enre dos horas antes del inicio de las exposiciones.
Ambas convocatorias se formalizaron por medio de las resoluciones 2/2023 y 3/2023, publicadas en el Boletín Oficial, en atención a «la evolución que tuvieron los índices de precios» y «garantizar la sostenibilidad del servicio público» de distribución y de transporte «con los estándares de calidad requeridos».
En los considerandos el Enre refiere que el PEN, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 55/2023, declaró hasta el 31 de diciembre de 2024 la emergencia del sector energético nacional en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal.
También se menciona que el mencionado decreto determinó el inicio de la revisión tarifaria conforme al artículo 43 de la Ley 24065 correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y estableció que la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes de la RTI no podrá exceder del 31 de diciembre de 2024.
Además, mediante el artículo 6 se estableció que el interventor del Enre, en el ejercicio de su cargo, tendría las facultades de gobierno y administración establecidas por la Ley 24065, entre las cuales incluyó, en su inciso b), la de realizar el proceso de revisión tarifaria señalada.
Asimismo, estableció que hasta tanto culmine este proceso podrán aprobarse adecuaciones transitorias de tarifas y ajustes periódicos, propendiendo a la continuidad y normal prestación del servicio de energía eléctrica.
Podrá participar en la audiencia pública toda persona física o jurídica, pública o privada que invoque un derecho subjetivo, interés simple o derecho de incidencia colectiva.