Hoy será un día clave para el transporte público de pasajeros de todo el país, cuando al mediodía se retome el cuarto intermedio de la reunión entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias, en el que se debate el futuro salarial del sector y la normal prestación del servicio.
Tras varias reuniones fallidas, desde el gremio que nuclea a los choferes advirtieron que de no tener respuestas positivas a sus demandas de incremento, convocarán a una medida de fuerza durante la semana.
No obstante, desde el gobierno, ante esta situación, podrían hacer uso de la conciliación obligatoria, que podría dilatar las negociaciones y el cumplimiento del paro.
El sindicato reclama dos aumentos consecutivos, del 27% para enero y otro 33% para febrero, lo que llevaría los salarios iniciales del sector a $777.700 y $972.125, respectivamente. El reclamo, además, incluye el pago de una suma extra y no remunerativa de $126.921 y otros $73.800 al mes en concepto de viáticos.
Mientras que las empresas manifestaron su incapacidad de solventar los costos que eso implica ante la falta de garantías por parte de la Nación y los gobiernos de la provincia con respecto al envío de los fondos compensatorios que solicitan para cubrir esa actualización salarial.
La postura empresarial
Según el acta de la audiencia del pasado jueves, mediada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del Ministerio de Capital Humano, desde el sector empresario reconocieron los derechos de los trabajadores a percibir una actualización de sus salarios, «ante el deterioro sufrido por la inflación, la más alta en 30 años, misma afectación también sufrida en los ingresos de las Empresas operadoras, en forma inédita en estos años», indicaron.
Al tiempo que recordaron que «las empresas de transporte automotor de pasajeros perciben hoy un ingreso total(formado por recaudación y compensaciones tarifarias, fijado y determinado según los precios que registraba la economía en el pasado mes de septiembre y agosto de 2023».
Ante lo cual consideraron «indispensable y urgente y no admite demora no solo acordar con el sindicato de los trabajadores (UTA) una actualización salarial frente a esta coyuntura, sino también lograr la recomposición de los ingresos de las empresas que permitan cubrir también los costos no salariales para así posibilitar la continuidad de los servicios».
En este sentido, señalaron: «El compromiso de la Secretaría de Transporte de la Nación, expresado en las mesas de trabajo en curso, de analizar, revisar e incorporar los ajustes necesarios en los cálculos de los costos de la actividad, sumando, además, al eventual resultado del acuerdo paritario, al que se arribe».
Al tiempo que recordaron que «autoridades tanto nacionales como provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben cesar en la falta de cumplimiento del artículo 8 – Anexo II de la resolución MT 270/09, que claramente establece que la tarifa técnica se debe actualizar cada vez que se produzcan variaciones nominales en los costos superiores al 6%, artículo sistemáticamente incumplido desde hace años, y que en el actual contexto de inflación récord en 30 años ya no puede continuar siendo ignorado por ninguna jurisdicción».
«De lo contrario deberán hacerse responsables del desfinanciamiento del sector empresario y el impacto que esto pueda tener, no solo en el cumplimiento de las obligaciones laborales sino de continuidad del servicio y su consiguiente perjuicio a la población», advirtieron.
Al tiempo que destacaron: «Este sector empresario no fija tarifa ni subsidio, pero sí está obligado a cumplir con la prestación de este servicio esencial, por lo que instamos a las Autoridades que cumplan también su parte, y asuman su responsabilidad en materia tarifaria y regulatoria a la hora de actuar sobre los resortes que adecuan los ingresos de los operadores (ya sea por la vía de la tarifa o de las compensaciones) para hacer posible el cumplimiento de nuestras obligaciones».
Contra oferta
No obstante, el sector empresario recordó que en todas las instancias de negociación anteriores con la Secretaría de Transporte vinculadas al tema de la actualización de los costos generales del sector, «se rechazó terminantemente la posibilidad de reconocer los nuevos costos al mes de diciembre/2023, y se nos transmitieron conceptos sobre las limitaciones económicas de esta cartera de Estado e incluso sobre las dificultades para su financiamiento, así como se nos anticipó la decisión de ajustar el parque móvil global del sistema, con la consecuente disminución en los ingresos de las empresas», expresó.
Ante esta posición del Estado de no realizar revisiones retroactivas, los empresarios afirmaron: «Nos vemos obligados a rechazar las pretensiones expresadas por la Asociación Gremial.
Sin embargo, con el ánimo, de preservar la paz social del sector, contribuir a la continuidad del servicio público tan esencial como el que representamos, reconociendo el atraso en los haberes de los trabajadores, y en consonancia con las negociaciones sostenidas y homologadas por otros sectores económicos y en línea con aquellas, hemos decidido ofrecer: un incremento salarial para enero 2024 del 25% sobre los salarios de diciembre de 2023.
Y por única vez y como concepto no remunerativo, la suma de $60 mil, pagaderos conjuntamente con los salarios de enero de 2024″.
La respuesta gremial
Mientras que desde la dirigencia sindical, ante los fundamentos patronales, ratificaron la demanda: «Queremos dejar suficientemente claro, el pedido salarial, lo que reclama la UTA está dirigido a los empresarios, no al gobierno.
El sector empresario, es quien nos debe traer una respuesta al pedido. No podemos tolerar que en una audiencia en esta cartera de Trabajo, en que debiéramos estar discutiendo salarios y condiciones laborales, el sector empresario incluya su pedido a Transporte en materia de costos de gasoil, neumáticos, o que exponga una problemática por las tarifas, etcétera».
«Nosotros queremos cobrar nuestro sueldo por el que trabajamos diariamente. No queremos que nos usen, que se aprovechen de las necesidades de los trabajadores, ni quedar en el medio de su disputa», indicaron.
«El reacomodamiento de precios que lleva adelante el gobierno nacional impacta fuertemente en los salarios de los trabajadores que representamos, se anuncian incrementos de las facturas de gas, electricidad, agua potable, medicina prepaga y servicios de salud, entre los principales, con porcentajes que en algunos casos superan el 300%.
A ello debe sumarse el aumento de precios de todos los productos de consumo diario, especialmente los necesarios para la alimentación.
Pareciera que los empleadores pretenden ajustar el costo salarial, a costa de resignar los ingresos de los trabajadores. No vamos a admitir que para ajustar la estructura de costos de las empresas, o para mejorar los ingresos de las mismas, se relegue la demanda salarial de los trabajadores. Esta situación de ninguna manera vamos a convalidar», aseveró la dirigencia sindical.
Tras lo cual recordaron que «luego de tres audiencias sin ninguna respuesta al pedido, hacemos responsables a todos aquellos que tienen que garantizar la continuidad y regularidad del servicio, ante la grave situación en que se pretende poner a los trabajadores mediante la legítima defensa de sus ingresos, por las medidas que afectarán a dicho servicio público».
Asimismo, de esta forma ratificaron «el estado de alerta oportunamente dispuesto e informamos que de no tener respuestas para la próxima audiencia, se anunciarán inmediatamente las medidas de acción gremial en defensa del poder adquisitivo de los salarios».