La interventora del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (Iafep), Clelia Ávila, aseguró que la gestión anterior dejó una deuda de más de $1.000 millones en el organismo así como otras irregularidades que se encuentran en proceso de análisis.
«Los recursos iban a los dirigentes piqueteros que se enriquecieron usando a los pobres», remarcó.
La funcionaria informó que a raíz de esa situación se han paralizado todos los pagos y que se analiza caso por caso todo lo que respecta a la ejecución de viviendas y otros programas que se habían puesto en marcha en la administración saliente.
«Recibimos un instituto con una deuda de más de $1.000 millones, tenemos que terminar viviendas inconclusas y el ciudadano está esperando respuestas de parte del Gobierno», afirmó Ávila en declaraciones al programa radial Alerta Urbana.
Como parte de las auditorías ya en marcha en el organismo, se han detectado casos de personal de planta permanente que no concurría a trabajar o que percibía beneficios por prestaciones que no completaba.
«Para esto es el relevamiento, para detectar lo que está mal y lo que se hizo bien; cuando tengamos datos precisos tras las inspecciones, los informaremos porque la ciudadanía está esperando respuestas», insistió.
Ávila dijo que uno de los objetivos centrales es avanzar con la finalización de un «número importante» de viviendas que se comenzaron a ejecutar en la gestión anterior, pero que hoy en día se encuentran inconclusas.
«No nos pidan agilidad porque este organismo no marcha de diez; hemos encontrado gente de planta que no trabajaba, que no se sabía dónde estaba o que no cumplían cabalmente sus funciones», agregó.
La interventora señaló que «hay gente que trabajó de manera irresponsable, casi delictiva, y sobre esos que hicieron mal las cosas caerá el peso de la ley porque utilizaron a los pobres para enriquecerse ellos».
Convenio con el Ipduv
Recientemente el Iafep suscribió un convenio de colaboración mutua con el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipduv), herramienta que servirá para realizar auditorías y relevamientos técnicos a las soluciones habitacionales ejecutadas por el organismo en los últimos años.
Durante la rúbrica del instrumento, Ávila apuntó tanto contra la conducción anterior del Iafep, pero también contra dirigentes de organizaciones sociales que recibieron fondos públicos.
«Estamos trabajando hasta 14 horas por día verificando la situación de cada uno de los programas, entre ellos uno que es el que más dinero manejó mediante organizaciones sociales que usaron a los pobres para su propio beneficio», arremetió la funcionaria.
La interventora del Iafep aseguró que durante la gestión anterior el Estado dilapidó dinero y entregó fondos sin control y de manera desprolija.
Y acotó que el convenio con el Ipduv permitirá llevar adelante tareas de inspección, relevamiento y control de obras que se habían realizado en toda la provincia, pero particularmente en el área metropolitana de Resistencia y algunas localidades específicas del interior.
Ávila mencionó que la información que dejó la gestión saliente es desordenada y que no hay bases de datos eficientes.
«El Iafep no tenía todo el personal idóneo para llevar adelante un programa de tal envergadura como lo que implica la construcción de 5.100 viviendas, algo que se hizo de una manera descontrolada ya que hay casas con certificado de final de obra que no están terminadas o algunas que tuvieron adelantos de fondos y tampoco han sido concluidas», describió.
«Pese a no estar terminadas, los beneficiarios tuvieron que ir a habitar igualmente esas unidades que se las entregaron sin servicios y sin finalizar; es una desprolijidad tremenda», redundó.