La detención del dirigente Jorge Bregui, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), fue parte de una investigación por graves ilícitos, entre estos trata de personas con fines sexuales. Según diputados que están en el caso, se trataría de una organización criminal dedicada a estas actividades desde hace muchos años en la provincia.
El jueves, pasadas las 20.30, se hizo presente en la comisaría de La Leonesa este hombre de 51 años, quien era solicitado por la Justicia.
Víctor Recio, titular de la Fiscalía de Investigación Penal 13 de Resistencia, dispuso su notificación en la causa «Supuesto abuso sexual». En allanamientos se procedió al secuestro de dos palos de amasar y tres tarjetas de débito. El sujeto fue alojado en la comisaría Tercera Metropolitana.
MáS DENUNCIAS
Diputados del bloque Juntos por el Cambio, Iván Gyoker, Maida With y Francisco Romero Castelán, habrían realizado una investigación con entrevistas a beneficiarios que denunciaron a referentes que intermediaban en planes de asistencia social, quienes aseguraron haber recibido extorsiones por favores sexuales, asistencia a cortes de calles y el pago de aportes al dirigente para seguir percibiendo el beneficio.
«Es un hecho aberrante. Había mujeres que eran sujetas a violaciones y ser prostituidas utilizando becas del Ministerio de Desarrollo Social. Pareciera que funcionaba una red de trata con las becas del Ministerio», aseguró Gyoker.
«Estamos investigando todas las irregularidades, gente que habría sufrido abusos, amenazas, que los obligaban a ir a marchas y violencia por parte de los dirigentes de Desarrollo Social. En este marco se acercaron mujeres que habrían sido víctimas de esta red y nos pidieron ayuda para denunciar», agregó. Las víctimas declararon que les quitaban las tarjetas en las que cobraban el beneficio y las mantenían retenidas en tanto no accediesen a los trabajos que solicitaba el dirigente.
Aseguraron que debían cumplir con lo que el mismo pidiese para no sacarles la ayuda, además de impedirles buscar otros trabajos o planes sociales y amenazarlas a ellas y a sus familias respecto a dar conocimiento de la situación o no cumplir con lo que se les ordenaba.
REACCIóN ESTATAL
Ante esta ola de revelaciones y la pérdida de impunidad de algunos dirigentes de la gestión anterior, diferentes víctimas se animaron a realizar este tipo de denuncias donde quedaría evidenciado que el caso del clan Sena no fue un hecho aislado, sino sólo una réplica de lo que sucede en la provincia. Hoy el Gobierno está recuperando su rol de brindar seguridad y justicia a los chaqueños.
Hoy los chaqueños están recurriendo a los organismos del Estado provincial y nacional para denunciar estas situaciones dolorosas que les tocó vivir.