Ayer por la tarde, la máxima autoridad institucional de la Policía del Chaco, Fernando Romero, se hizo presente en las instalaciones de la comisaría de Concepción del Bermejo con el objeto de mantener una pequeña reunión con los cuatro empleados policiales detenidos en la denominada «causa Bravo» con intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos. Con el fin de hacer sentir el acompañamiento institucional, tanto al personal en cuestión como a sus familiares, quienes solicitaron que la causa no llegue a juicio por falta de pruebas y, en el caso de que llegara, que este se celebre en Sáenz Peña o Resistencia.
En función de ello se realizarán las gestiones necesarias para brindar contención psicológica, provisión de mercadería para la alimentación, más la entrega e instalación de una ducha con calefón y un acondicionador de aire a los policías detenidos.
EL CASO
El 26 de febrero de 2022, Leandro Bravo falleció en Charata después de ser detenido por uniformados bajo la acusación.
Según el relato proporcionado por la fuerza, Bravo sufrió una descompensación en las instalaciones de la División Medicina Legal y posteriormente falleció. Sin embargo, la versión oficial rápidamente fue desmentida por una de las testigos del hecho que dijo: «Fueron tres policías los que le pegaron mucho a Leo». La mujer que denunció el robo también desmintió la versión oficial y discrepó con la misma respecto al procedimiento policial. Todo esto desató la intervención del Órgano de Control Institucional (OCI).
Hasta el momento la cúpula de la institución se había mantenido al margen y desde la Secretaría de Derechos de la gestión anterior se habían constituido en querellantes en la investigación.
INFORMES
DEL HECHO
El primer informe forense indicó que la causa de la muerte fue un «paro cardiorrespiratorio no traumático». Sin embargo, se solicitó una segunda autopsia que confirmó la ausencia de golpes en el cuerpo de Bravo, pero reveló la presencia de sustancias psicotrópicas y alcohol en su sangre, así como un cuadro agudo de desnutrición y deshidratación. La fiscalía había imputado a los policías por el delito de «tortura seguida de muerte», y tras la decisión de la fiscalía, los agentes continuaron detenidos.