Con la presencia de más de una decena de dirigentes sociales, gremiales, referentes feministas y partidos políticos, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de la provincia brindó una conferencia de prensa mediante la cual denunció la utilización de una denuncia por violencia de género a un dirigente de Las Palmas para «estigmatizar a la organización, la protesta social y justificar la represión, para hacer pasar el brutal ajuste y saqueo al país», aseveraron.
En primera medida recordaron que el dirigente Jorge Bregui fue separado de la organización mientras se desarrolla la investigación.
«Como delegadas y delegados representantes de distintas localidades de nuestra provincia nos ponemos a disposición de los requerimientos de la Justicia, con el objetivo de que se avance en la investigación para conocer la verdad y que haya justicia», indicaron los referentes.
En este sentido, recordaron que la organización tiene una larga historia de lucha en la Argentina y en particular en el Chaco, «hemos acompañado docenas de casos de víctimas de violencia de género, femicidios, transfemicidios y delitos contra la integridad sexual. Partimos siempre de confiar en los más débiles: las mujeres, las infancias, las personas con discapacidad. Hemos estado al frente de las luchas por justicia, tanto en casos dentro de nuestra organización como en casos emblemáticos de la provincia», repasaron.
«La violencia de género es transversal a la sociedad, una lucha que damos todos los días. Impulsamos una línea con sanciones o expulsiones de nuestras organizaciones a personas que cometan este tipo de hechos. Si alguno cree que ser parte de una organización, reconocida y respetada precisamente por sus grandes luchas, puede tener privilegios o ser protegido en algún delito, se equivoca profundamente. Nuestra organización No defiende abusadores, ni violentos», aseveraron.
Al mismo tiempo, rechazaron las expresiones de «algunos diputados provinciales, que valiéndose de un hecho atroz como el que se denuncia y que se debe investigar, involucren a toda una organización en los hechos, con el objetivo de ensuciar y estigmatizar a los movimientos populares en su conjunto, como lo viene impulsando el Gobierno de Javier Milei. Sería como involucrar a todo un partido político en la acusación de asociación ilícita y lavado de activos, porque se enjuicia por ello a una exintendenta», recordaron.
criminalización de las organización
La dirigente Gladys Fabretto afirmó que «entendemos que es el plan del presidente Milei y la ministra Bullrich, lo han dicho en su campaña y es lo que están llevando adelante: la estigmatización de las organizaciones sociales y la criminalización de la protesta. Ante eso la unidad multisectorial advirtió que no solamente vienen por las organizaciones sociales, acá vienen por el pueblo argentino», aseguró.
Asimismo, consideró también que «que hay prensa amarillista que sigue englobando a toda la organización nacional, poniéndonos en el eje de la tormenta, cuando en realidad lo que debe resolver el Gobierno y los gobernadores es el hambre del pueblo, el ajuste de la inflación y la represión que quieren llevar adelante».
En cuanto al caso en cuestión, la dirigente explicó: «Jamás se ha acercado una mujer, sea de nuestra organización o sea externa, a decirnos ‘está pasando estas cosas que son aberrantes’. Nosotros no avalamos ni defendemos abusadores. Pero es cierto que puede pasar en cualquier sector social, político, sindical o instituciones públicas», reconoció. No obstante, recordó que no por un hecho «podemos decir que toda una organización es así, entonces se está dando una campaña sobre todo para amedrentar a las organizaciones sociales», consideró.
La dirigente social recordó la finalidad del movimiento social: «Nosotros vamos más allá de la bolsita de mercadería, eso tiene que entender la sociedad, luchamos por los trabajadores formales, por la salud, por la educación, para que la crisis la pague la verdadera casta y no el pueblo argentino, porque hoy nos estamos viendo todos afectados».
Fabretto reconoció: «Nunca creíamos que en 60 días de un gobierno nacional iba a haber un brutal ajuste. Luchamos contra la ‘ley ómnibus’, luchamos contra el DNU, por eso hubo ese gran paro el 24 de enero y por eso se está pensando, como multisectorial, en unidad de todos los sectores sociales, sindicales y políticos, ver una táctica de lucha porque nos van sacando nuestros derechos», advirtió.
«En la vereda están los 500 contratados de Hábitat reclamando que renueven sus contratos, están los trabajadores de salud, los docentes que están pensando el no inicio de clase porque el gobierno nacional ha quitado a las provincias el incentivo docente y las organizaciones sociales hace más de seis meses no estamos recibiendo los alimentos, cuando hoy la canasta básica está en $580 mil y las personas que integran la organización social están cobrando $78 mil, están por debajo de la indigencia», describió la situación actual.
Ante esto aseveró que «nadie habla del hambre, si que van por las organizaciones, no los cortes de calle y ni hablar acá en la provincia , la zona de El Impenetrable, donde a compañeros originarios les han sacado los alimentos que llevaban adelante los merenderos, que era a veces la única posibilidad de tomar una taza de leche de miles de niños, miles de ancianos, miles de mujeres embarazadas, porque una taza de leche no se le niega a nadie, y hoy lo que se está viendo es el hambre del pueblo argentino, el ajuste del pueblo argentino y el presidente Milei no se le mueve ni una pestaña, sigue avanzando con la quita de derechos», aseveró la referente.
Acompañaron Barrios de Pie, movimiento Evita, movimiento 2 de Junio, FOB, Utep, Mujeres Peronistas y MTD Darío Santillán, Libres del Sur, CTA de los Trabajadores, UPCP, ATE y el diputado Rodolfo Schwartz.