Desde el gobierno nacional adelantaron que la reciente elección de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que ratificó a Claudio Chiqui Tapia como presidente, será considerada «inválida».
La afirmación proviene del inspector general de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, quien sostuvo ayer en declaraciones a Radio Rivadavia que la convocatoria que renovó el mandato de Tapia es «irregular e ineficaz a los efectos administrativos».
Durante una declaración, Vítolo enfatizó que la AFA solo tenía la autoridad para aprobar ciertos documentos administrativos, como los estados contables y el presupuesto de gastos para 2025.
En esa línea, remarcó que la designación de Tapia para un nuevo mandato y el adelanto de las elecciones internas, originalmente programadas para 2025, carecen de validez. «El resto de los puntos están invalidados por una resolución de la IGJ, que determinó que la convocatoria era irregular», añadió el inspector.
CRÍTICA A LA POSTURA DE TAPIA
En paralelo, Vítolo respondió a las afirmaciones de Tapia durante la asamblea, señalando que su discurso no se alinea con la resolución de la IGJ. «El Código Civil y Comercial, así como el Estatuto de la AFA y su reglamento electoral, impiden adelantar la elección, y usted lo hace de todos modos», puntualizó el funcionario.
El inspector también cuestionó la capacidad de la asamblea de modificar el estatuto mientras exista una reforma pendiente de inscripción.
IMPLICANCIAS LEGALES Y POLÍTICAS
Según Vítolo, los fallos judiciales obtenidos por la AFA no autorizan la realización de una asamblea para renovar autoridades. Remarcó que en este contexto, el Gobierno está preparando acciones legales contra Tapia, quien, a pesar de ello, ha recibido un fuerte respaldo por parte de la dirigencia del fútbol argentino.
El inspector general también mencionó que la elección de la AFA podría considerarse una «desobediencia de autoridad», aunque aclaró que la IGJ no es la entidad competente para presentar una denuncia penal al respecto. En ese sentido, indicó que cualquier ciudadano o la Procuración General del Tesoro podría hacerlo.
UNANIMIDAD
En la asamblea celebrada el jueves, la AFA aprobó por unanimidad la reelección de Tapia para el período 2024-2028, junto con la anulación de los descensos de la Liga Profesional de Fútbol, permitiendo un torneo de 30 equipos para 2025.
Aunque la controversia sobre la validez de los comicios persiste, miembros de la IGJ estuvieron presentes para registrar los actos de la entidad.
Elección y reformas
Se remarca que la elección de Tapia fue respaldada por una lista única, que incluyó figuras destacadas como Juan Román Riquelme en la vicepresidencia, Pablo Toviggino como tesorero; y Víctor Blanco como secretario general.
Además, se decidió anular los dos descensos de la Liga Profesional para 2024, permitiendo que dos equipos asciendan de la Primera Nacional, con el objetivo de estructurar un torneo de 30 equipos para 2025.
A pesar del apoyo mayoritario, Talleres de Córdoba, el club que sostiene la intervención de la IGJ se manifestó en contra, ocupando una posición de minoría testimonial.
Tapia se encuentra en conflicto con el gobierno de Javier Milei y con Mauricio Macri debido a su intención de transformar los clubes de fútbol en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), lo que implicaría una mayor participación de empresas y capital privado en la gestión de estas entidades.
No obstante, Vítolo negó esa vinculación y reiteró que las irregularidades detectadas en la asamblea no son una cuestión política, sino un tema formal.
«Si esto fuera la Asociación Civil de las Hermanas del Sagrado Corazón de Unquillo, en Córdoba, le diría lo mismo a la Madre superiora: ‘Usted no puede reformar esto’», sostuvo.
Proceso bajo revisión judicial
Expertos en derecho administrativo consultados observaron que la resolución definitiva sobre la legalidad de la reelección de Claudio Chiqui Tapia como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) podría extenderse por al menos un mes.
Desde la perspectiva de la IGJ, la asamblea violó tanto el estatuto interno de la AFA como disposiciones del Código Civil y Comercial, al adelantar las elecciones sin justificación legal.
Vítolo aseguró que esta situación representa un riesgo significativo para los directivos de la entidad, quienes podrían ser denunciados por incumplir con las normativas vigentes.
El funcionario fue enfático al mencionar que los integrantes del consejo directivo y los asambleístas también podrían ser acusados del delito de desobediencia, delito tipificado en el artículo 239 del Código Penal, que establece penas para quienes desobedecen órdenes judiciales de manera deliberada.
El funcionario recordó que las sanciones legales que podrían aplicarse contra los responsables van desde multas económicas hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos o societarios.
En el caso de Tapia, podría conducir a una posible inhabilitación lo apartaría de la conducción de la AFA.
Se remarca que el conflicto también tiene un fuerte componente político, el cual ha profundizado la disputa entre la AFA y el Gobierno, y pone a la dirigencia en un escenario complejo, donde las decisiones internas podrían tener consecuencias legales y afectar la gobernanza del fútbol argentino en los próximos años.