El defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco, Bernardo Voloj, ratificó en declaraciones a La Voz del Chaco que su oficina seguirá firme en la defensa de los derechos de los usuarios respecto al cobro de peajes en la provincia.
Voloj destacó que continuará exigiendo la retrotracción de las tarifas y mayor transparencia en el manejo de los recursos obtenidos a través del cobro de los peajes. En este sentido, recordó que, a principios de este año, en abril-mayo, la Defensoría del Pueblo, en conjunto con la Asociación Consumidores Unidos del Chaco, presentó un amparo judicial buscando mayor equidad y claridad en la fijación de las tarifas de peaje en las rutas concesionadas.
El defensor recordó que la falta de transparencia en el cobro de los peajes fue uno de los principales motivos para presentar el amparo.
El mal estado de la Ruta Nacional 16, pese a los constantes cobros a los usuarios, evidenciaba, según la Defensoría, una clara desconexión entre los ingresos generados por los peajes y la inversión real en la mejora de la infraestructura vial.
En respuesta a este reclamo, a finales de mayo, el juez Julián Flores emitió una medida cautelar que ordenaba retrotraer las tarifas de los peajes en las casillas de General Belgrano y Makallé, en virtud de que no se habían cumplido dos requisitos esenciales: la realización de una audiencia pública y la presentación de un plan de obras que justificara adecuadamente el destino de los fondos recaudados.
AVANCE SIGNIFICATIVO
El defensor afirmó que esta medida cautelar fue celebrada como un avance significativo en la defensa de los derechos de los consumidores. Voloj remarcó que el el fallo del juez Flores es un reconocimiento a las preocupaciones legítimas de los usuarios de las rutas concesionadas, quienes desde hacía tiempo denunciaban las malas condiciones de las carreteras, en particular la Ruta Nacional 16, que atraviesa gran parte de la provincia. «A pesar de que se siguen cobrando peajes, el estado de la ruta no es el que debería ser», puntualizó Voloj, refiriéndose a la falta de mantenimiento adecuado, baches, y la ausencia de mejoras significativas en la infraestructura vial, como iluminación o señalización.
No obstante, el defensor del Pueblo aclaró que, aunque la medida cautelar sigue vigente, el amparo de fondo aún no ha sido resuelto.
Subrayó que el amparo busca no solo detener los incrementos tarifarios injustificados, sino también garantizar que los fondos recaudados a través del cobro de los peajes se utilicen de manera eficiente y transparente para mejorar la infraestructura vial, como originalmente se había prometido.
PLAN DE OBRAS DETALLADO
El defensor, además, remarcó que otro punto central en el reclamo es el deber de que se presente un plan de obras detallado que transparente el destino de los fondos recaudados por el cobro de los peajes. Voloj destacó que, a pesar de los años de concesión y del constante cobro de tarifas, los usuarios no han visto mejoras significativas en la infraestructura vial, particularmente en la Ruta Nacional 16. Subrayó que la falta de iluminación, la deficiente señalización y los baches son solo algunos de los problemas que persisten en esta carretera, que es una de las principales vías de comunicación de la provincia.
Tarifas congeladas
En septiembre, la Defensoría del Pueblo decidió solicitar una ampliación de la medida cautelar original. El objetivo de esta ampliación fue evitar que los nuevos aumentos tarifarios anunciados por Corredores Viales afectaran a los automovilistas chaqueños, quienes ya venían soportando un costo elevado sin ver mejoras reales en la infraestructura vial.
Gracias a esta ampliación de la cautelar, los usuarios de las casillas de peaje de General Belgrano y Makallé se han visto eximidos de los incrementos que se aplicaron en otras partes del país, salvándose de las subas que llevaron las tarifas a 1.100, 1.200 y 1.300 pesos en otros tramos viales.
La medida ampliada quedó reflejada en el Boletín Oficial de la Nación, en referencia a las casillas de General Belgrano y Makallé, donde no se aplicarán los incrementos en la categoría de automóviles.
«La lucha no ha terminado»
A pesar de estos avances, Voloj dejó en claro que la lucha no ha terminado. Si bien se ha logrado frenar temporalmente los aumentos tarifarios, el objetivo principal sigue siendo que se retrotraigan las tarifas a valores anteriores de manera definitiva. El defensor insistió en que no se trata simplemente de discutir si el valor de los peajes es justo o no, sino de garantizar el respeto a los derechos de los usuarios chaqueños de este servicio público. «Lo que exigimos es que se cumpla con los procesos legales establecidos para cualquier modificación tarifaria, lo que incluye la realización de una audiencia pública», explicó.
Voloj enfatizó que las audiencias públicas son un derecho de los usuarios y un mecanismo fundamental para garantizar la transparencia en la gestión de los servicios concesionados. En estas audiencias, los ciudadanos tienen la oportunidad de expresar sus opiniones sobre los aumentos propuestos y exigir explicaciones sobre cómo se utilizarán los fondos recaudados. Según el defensor del Pueblo, hasta el momento no se ha convocado ninguna audiencia de este tipo para discutir los incrementos tarifarios, lo que constituye una clara violación a los derechos de los consumidores.
La cuestión de fondo todavía se encuentra en trámite judicial
Voloj destacó que la cuestión de fondo todavía se encuentra en trámite judicial, y que, si bien el caso comenzó a nivel provincial, ahora ha sido trasladado a la justicia federal, lo que ha ralentizado el proceso.
No obstante, remarcó que la medida cautelar dictada en mayo sigue vigente, lo que significa que, por el momento, las tarifas de los peajes en General Belgrano y Makallé permanecen en sus valores anteriores, y no se han aplicado los aumentos que la empresa concesionaria,
Recordó que Corredores Viales, intentó implementar ajustes en otros tramos del país. Esta es una victoria parcial, reconoció Voloj en ese sentido, pero subrayó que el objetivo principal sigue siendo que se retrotraigan las tarifas de forma definitiva y se establezcan mecanismos claros para la justificación de cualquier modificación en las tarifas.