El senador Víctor Zimmermann (Juntos por el Cambio) dialogó con «La Otra Campana», que se emite por LT 7 Radio Corrientes, en dúplex con LT 25 Radio Guaraní de Curuzú Cuatiá y FM Capital 95.30.
-¿Qué responsabilidad tiene hoy usted en el Senado de la Nación entre otras cosas en el tratamiento del DNU o su posición en torno al juez Lijo?
-Sí, la verdad es que yo tengo el rol de representar mi provincia ante el gobierno federal y defender los intereses de los chaqueños ante el gobierno central. Así que a partir de ahí hay varios temas muy importantes como el DNU. Yo formo parte de la comisión bicameral, hemos tenido un avance significativo en este corto tiempo y en algunos meses hemos podido tratar ya 89 DNU en total, tanto de la gestión de Macri como de Fernández y también ya algunos de Milei. En una comisión que habían pasado muchos años y no se habían tratado 136 DNU de la gestión anterior y entonces estamos tratando de volver a la normalidad. Después lo que tiene que ver con respecto a la ley bases por supuesto hemos trabajado mucho desde el bloque de senadores de la UCR haciendo aportes, algunos de ellos fueron tomados en parte por el Poder Ejecutivo, otros no, pero obviamente eso no nos preocupa. Nosotros tenemos que cumplir el rol de la oposición, somos una oposición propositiva, por lo tanto, como tenemos proyectos de ley presentados sobre la reforma laboral, el monotributo, la nueva fórmula para los jubilados, hacemos aporte más allá de ejercer el rol de representación que nos dieron nuestros ciudadanos del Chaco. En mi caso me dijeron vos vas a ser oficialismo a partir del 10 de diciembre y vas a ser seguir siendo oposición a nivel nacional. Y otro tema que es muy importante es el presupuesto universitario que a mí me tocó vivir muy de cerca formando parte de la comisión de Presupuesto y Haciendas en los años anteriores.
-Yo estuve como periodista cubriendo la movilización en el Chaco, realmente impresionante. Nunca vi una movilización popular, de todos los sectores, de todas las edades, con la bandera de la defensa de la universidad pública, a la que, por supuesto, yo adhiero. ¿Qué nos puede comentar de eso?
-Empecemos por la «ley Bases», que es un conjunto de medidas que tienen varios títulos, desde la declaración de emergencia, hasta reforma del Estado, todo lo que tiene que ver con un capítulo entero de procedimiento administrativo, la reorganización administrativa, privatización de empresas públicas, la cuestión de renegociación de acuerdos y de contratos, ese es un tema que nosotros le pusimos el foco. Por todos estos temas pusimos el foco porque nos parecen muy importantes. Por ejemplo, en el marco de privatización de empresas públicas, nosotros no acompañamos o que queremos que privaticen YPF, Arsat ni el Banco Nación. Creemos que esas son empresas superavitarias, y el DNU 70 dice que las empresas del Estado se van a convertir en sociedades anónimas para su posterior privatización.
Nosotros con nuestro equipo analizamos los balances contables de las 42 empresas enunciadas en el DNU y hay varias de ellas que son superavitarias, hay otra que recibe un financiamiento del Tesoro del 5%, otra del 10%, o sea son deficitarias en el 5%, otra en el 15%, otra en el 70% y algunas con un déficit casi del 100%. Es decir, si uno mira las empresas ve que, desde el punto de vista del financiamiento, hay superavitarias y otras no. Ahora, una empresa estatal no se privatiza sólo por sus estados contables, sino también por la idea de país que uno quiere hacia adelante y que es lo que se quiere a partir de tener una empresa estatal que te puede generar, como en el caso de YPF, teniendo nosotros la segunda reserva mundial de gas y la cuarta de petróleo del mundo, la posibilidad de desarrollar y a partir de tener conectado del país todos los gasoductos podríamos nosotros abastecernos y exportar gas en el verano y dejar de importar. Podríamos producir gas a USD8 el millón de BTU cuando con los barcos gasificadores llegamos a pagar USD60 el millón de BTU. Entonces hay algunas cuestiones, algunas empresas que nosotros consideramos que no debieran ser privatizadas. Nosotros los del NEA no tenemos gas natural y es nuestra esperanza y nuestra lucha por poder tenerlo. Así que así podríamos ir desarrollando punto por punto, la reformulación de los contratos vigentes, básicamente en lo que tiene que ver con obra pública. Yo creo que ahí tienen que participar los gobernadores para decidir cuáles son estratégicos para cada una de las provincias, que no lo haga sólo el gobierno nacional.
Por supuesto en el tema de la desregulación económica hay algunos impactos que son negativos, como el tema de las prepagas, después hay otros títulos que tienen que ver con defensa de las competencias, después hay otros títulos que tienen que ver con la unificación de los entes reguladores y que quieren unificar todos los entes de la regulación de las tarifas y las políticas en gas y en electricidad y en hidrocarburos. Entonces hay que ver finalmente qué es lo que se hace con eso. Nosotros no compartimos que sea todo unificado. Es decir, hay muchas cosas para tratar, para debatir, el tema del régimen de incentivos a grandes inversiones, hay que mirarlo muy bien porque no sólo hay que darle la posibilidad de financiamiento y de desgravación en impositiva a las grandes inversiones, también tienen que existir una política para las pymes, porque las pymes son las que de alguna manera sostienen el trabajo genuino y son las que pueden, hacia adelante, si deciden el acompañamiento y políticas macro que la acompañen, generar empleo, que es lo que necesita poner en marcha la actividad económica en la Argentina.
La reforma laboral, la cuestión impositiva, la «ley Bases» tiene muchos títulos o las medidas fiscales, donde hay una moratoria que se va a plantear, un blanqueo, la implantación de vuelta del Impuesto a las Ganancias que están requiriendo los gobernadores porque cuando el año pasado se trató el tema yo trabajé muy duro pidiéndole al gobierno nacional que ponga un fondo compensador, porque nosotros los chaqueños con sueldos promedios bajos terminamos financiando sueldos altos de las provincias más ricas, las petroleras, y nos llevaron tres meses de masa salarial, porque era un impuesto coparticipable. Entonces todas estas cuestiones habrá que discutir, soy optimista pimero porque creo que el Gobierno ha leído diferente en esta cuestión, creo que ha sabido que tiene que conversar con los distintos bloques, que hay que encontrar un camino para encontrar acuerdos, así que espero que finalmente a partir de este dictamen que ya tiene en Diputados esta ley, empiece el debate y se pueda aprobar y darle los instrumentos que necesita el presidente de la Nación.
-¿Y respecto a la marcha universitaria de la semana pasada?
-Participé de la marcha en Buenos Aires, porque soy hijo de la escuela pública, de la universidad pública. Cuando vine a estudiar a Resistencia, yo soy un hombre del interior, de Presidencia Roca, del departamento General San Martín, mis padres y mis abuelos decían «mi hijo el doctor» y soñaban con el hijo doctor. Y entonces vine a estudiar, soy producto de la universidad pública, mis dos hijas más grandes son profesionales producto de la universidad pública, y por lo tanto yo marché también, defendiendo el sistema de la universidad pública. Y además, como senador y como miembro de la Comisión de Presupuesto, en los últimos años participé mucho del debate del presupuesto a las universidades públicas. Y hay que decir que el que le asignó mayor cantidad de presupuesto a la universidad pública fue el presidente Macri.
En la gestión de Fernández ya vino una reducción importante a las universidades públicas, y ahora el problema que se suscitó es que, como no tenemos presupuesto 2024 todavía en esta nueva gestión, se le asignó fondos en base al presupuesto 2023. Y el fondo que se le asignó fue el mismo que fue aprobado en 2022 para 2023, eso significa un monto de $1.4 billones, que es el 0.7% del PBI. Y si uno mira las estimaciones que hicieron distintos equipos técnicos para este año, las universidades públicas tendrían que tener un presupuesto proyectado de $5.8 billones. O sea que se podría decir, si uno toma entre lo que se proyectó o se prorrogó para las universidades y se ejecutó en enero y febrero, y se compara con lo proyectado, habría una pérdida alrededor del 76% de lo que deberían recibir. Y si uno mira entre lo que se ejecutó enero y febrero, comparado con el año anterior, tenía un 32.6% de pérdida. Es decir, hay un desfinanciamiento del sistema de la universidad pública, que también hay que decir que el 90% entre el 85 y el 90% de la plata que pone el presupuesto nacional para las universidades van a salario, van a sueldo, y los sueldos de las universidades están congeladas, no tienen actualización. Entonces hay preocupación ahí, y lo que sí se hizo un anuncio de parte del Gobierno, es para el gasto de funcionamiento. Ahora el gasto de funcionamiento es alrededor del 5% y el 6% restante, y el resto es de investigación. O sea, el impacto del anuncio que hizo el gobierno oportunamente, a partir de la compensación de partida de un DNU, donde se reestructuró partida en marzo, fue muy bajo comparativamente con lo que necesita. Entonces eso generó una enorme preocupación del financiamiento a las universidades nacionales. Y después hay otra cosa con respecto a la auditoría: las universidades públicas tienen un sistema de control, que es la auditoría interna a través de la Sigen y auditoría externa porque es dinero público del presupuesto nacional.
Ahora, si habría que hacer investigaciones de algunas universidades, porque hay algunas, acá en el Chaco por ejemplo la Uncaus, que sus directivos están procesados por problemas de corrupción. Estoy absolutamente de acuerdo que se haga la auditoría, pero no sólo de las universidades, de toda la plata pública hay que hacer auditoría. Y lo que está mal hay que corregir, y si hay gente que cometió hechos de corrupción tiene que estar presa. Me parece que son dos cosas diferentes: una cosa es el sistema de la universidad pública, donde millones de argentinos y de jóvenes y adultos se forman en la era del conocimiento. Estamos en la era del conocimiento, así como en la década del 30 era la revolución industrial, hoy estamos en la era del conocimiento y las universidades públicas nos enorgullecen con el nivel educativo que tienen. Me parece que de eso se trata la disputa, creo que también el Gobierno ha leído correctamente, por eso cambió ahora toda la plana mayor de la que se relacionaba con las universidades, espero que estas cosas se resuelvan hacia adelante, y lo que haya que investigar que se investigue. No estoy diciendo que se malgaste la plata pública, estoy defendiendo el sistema de la universidad pública.