Semanas después de la histórica marcha federal universitaria, la decisión de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de dar por terminada la emergencia presupuestaria tras un acuerdo económico con el gobierno nacional, que deja fuera del financiamiento al resto de las universidades del país, fue un puñal por la espalda para todo el sistema educativo superior que contempla a más de 60 universidades y 2 millones de alumnos.
Las respuestas no tardaron en llegar: el Consejo Interuniversitario Nacional se declaró en sesión permanente para analizar los pasos a seguir tras calificar la medida como «provocadora» e «inadmisible».
A su vez, el rector de la Unne, Omar Larroza, anticipó la posibilidad de judicializar la demanda, ya que con esta acción el Gobierno reconoce la necesidad de financiamiento del sistema, con una discriminación evidente al concretar un acuerdo unilateral con la UBA.
Asimismo los sindicatos que nuclean a la docencia universitaria organizan medidas de protestas y visibilización, con la posibilidad de convocar a una nueva movilización.
Mientras que los gobernadores del Chaco, Corrientes y Santa Fe, Leandro Zdero, Gustavo Valdez y Maximiliano Pullaro, participarían hoy de un encuentro en el campus de Resistencia con los rectores de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de Rosario para tratar la situación.
Respuesta del CIN
El documento emitido ayer por el Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) señaló que «la actualización en un 270% del presupuesto de gastos de funcionamiento y de un 300% para hospitales a la Universidad de Buenos Aires implica el reconocimiento por parte del gobierno nacional de uno de los aspectos del problema -y su grave magnitud- que todo el sistema universitario viene planteando desde enero de este año».
Ante lo cual indicaron: «Resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas. No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda».
«Por lo tanto, habiendo el Gobierno confirmado con sus actos que los recursos están, exigimos inmediatamente una resolución que garantice un incremento igual al otorgado a la Universidad de Buenos Aires para todas las universidades públicas de la Nación», instaron al gobierno nacional que conduce Javier Milei.
Más adelante aseveraron que «con la misma urgencia, seguiremos bregando por paritarias para las y los trabajadores de las universidades que recompongan la pérdida del poder adquisitivo del salario, por el sostenimiento y el fortalecimiento del sistema científico y tecnológico, por la actualización del monto destinado a becas estudiantiles y por la recuperación de las obras de infraestructura hoy paralizadas».
Al tiempo que rechazaron «cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades. No convalidaremos ningún intento de división, ni priorizaremos nunca ningún atajo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no resigna lo que cree. No es solo un problema de recursos, es también de principios», ratificaron.
Por último informaron que el Comité Ejecutivo queda en sesión permanente «a la espera de una respuesta urgente a esta solicitud y, si no la hubiera, definir las acciones a seguir en defensa de la Universidad Pública Argentina».
Vaso medio lleno
Por su parte, consultado por diferentes medios, el rector de la Universidad Nacional del Nordeste, Omar Larroza, analizó: «Esto nos obliga a mirar el vaso de una manera distinta, queremos mirarlo medio lleno, primero porque admitieron el problema con las universidades por los gastos de funcionamiento, pero nos sorprendió el arreglo unilateral con la UBA y dejando a las demás universidades a la espera»; y manifestó: «Queremos un diálogo con el gobierno nacional y vamos a empezar a analizar una medida en la justicia, estamos muy atentos a otro tipo de herramientas que nos permita tener un diálogo de una manera distinta».
A su vez, el rector de la Unne, mantuvo: «No queremos caer en ingenuidades, el gobierno nacional dejó a casi un millón 700 mil estudiantes afuera, que también tenemos responsabilidades, y generamos políticas públicas para las provincias».
Asimismo, Larroza señaló que postura del Gobierno no lo sorprendió pero «la actitud de la UBA me parece que se presta al juego del gobierno nacional. Nosotros hemos sido solidarios entre universidades, por eso seguramente vamos a empezar a trabajar de otra manera».
En cuanto a la posibilidad de recurrir a la justicia, Larroza explicó: «Es un estudio que tenemos que hacer, el acto de la discriminación nos abre una puerta importante, es un aspecto arbitrario, no se puede solucionar bajo condiciones de necesidad, no se está respetando la Ley de Presupuesto, porque se hizo una actualización parcial no para todos» y agregó: «Podríamos hacer un per saltum que vaya directamente a la Corte».
«Al tener un presupuesto es garantía sobre créditos que podemos trabajar, pero al modificar las partidas es una prerrogativa del gobierno nacional para que pueda utilizar las partidas presupuestarias en otro tema», destacó.
Si presentarán el pedido en la Justica en conjunto con otras universidades, Larroza indicó: «Eso se charló en el comité ejecutivo, lo vamos a trabajar todas las universidades, pero lo vamos a presentar de manera individual, lo vamos a tener en estudio hasta que haya definiciones», y remarcó: «Es un hecho lesivo y provocador no nos podemos quedar de brazos cruzados ante esta actitud de Nación».
En ese mismo sentido, si incluirán a la UBA en las conversaciones, el rector de la Unne, dijo: «La UBA tiene que dar por sí mismo, ellos responden, nosotros vamos a trabajar dentro del sistema y seguramente vamos a buscar consolidar el interés común de las universidades»; y enfatizó: «vamos a seguir sosteniendo y fortaleciendo del sistema universitario esté o no la UBA».
Por último, advirtió: «El mes que viene nos estaríamos quedando sin gastos de funcionamiento, podemos seguir sosteniendo algunas otras actividades, pero con lo que estamos recibiendo por gastos de funcionamiento, estamos pagando el 50% de la factura de luz»; y cerró: «Estaríamos destinando el 100% para el pago de facturas de servicios».
Nueva movilización
Por su parte, Marisú Liwsky, secretaria general del Consejo de Docentes e Investigadores de la Unne (Codiunne), en contacto con Radio Libertad, compartió su lectura: «Siempre hablamos de la república de la UBA, pero esta vez excedió los límites porque acordó sin tener en cuenta las 60 universidades públicas del resto del país. Acordó un aumento de gastos de funcionamiento, es un mínimo porcentaje de lo que debe abarcar un presupuesto universitario, realmente estamos muy desilusionados, pero esto no nos va a quitar capacidad de movilización y de lucha».
«Vamos a ver cómo podemos generar una movilización que contenga a todos los sectores. El consejo que nuclea a rectores de universidades públicas de todo el país se ha manifestado, está en sesión permanente, ha pedido que el gobierno de una respuesta inmediata no solo a la UBA, y que no intenten dividir el sistema universitario, van a defender que no exista esta discriminación de estudiantes de primera y de segunda», señaló.
«Esta tarde se reúne Codiunne de manera urgente para ver qué medidas seguimos la semana que viene, pero todo indica que vamos a una movilización o clases públicas que puedan visibilizar que esto no se solucionó», marcó.
«Nos desilusiona haber quedado afuera de una política de Estado que debe ser garantizada como la educación pública», aseveró.
Sobre los estudiantes que votaron a Milei sostuvo: «Creo que se están desilusionando. Hubo una expectativa que no están viendo cumplirse con este gobierno. Estamos a casi cinco o seis meses de la asunción de este gobierno y tuvimos una de las marchas más históricas y épicas que el sistema universitario promovió, con el acompañamiento de muchos votantes de este gobierno. Cuando hay un modelo de país que quiere ser implementado van a ir por las universidades, porque es la usina de pensamientos críticos y de resistencia, así pasó durante muchos años».
Por último respondió a los reclamos sobre auditorias en estas instituciones, que se usan a para arrojar dudas sobre su trasparencia: «Las universidades son permanentemente auditadas porque son organismos descentralizados del Ejecutivo que dependen de la auditoría general de la Nación.
Cuando hay problemas con las universidades actúa la Justicia Federal. Hay que tener en cuenta que los dispositivos están vigentes y así lo reconoció el gobierno, pero también hay una política extorsiva que quiere poner de rodillas y ahogar a las universidades para implementar un modelo de país que va a condenarnos por más de 30 años.
Esa es la lógica que hay que mostrar, que hay que visibilizar, nosotros solamente queremos seguir funcionando y que sea un lugar donde los jóvenes o quienes quieran puedan completar su proyecto de vida con una profesión».