Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2024, 197 mujeres fueron asesinadas en Argentina en crímenes de femicidio, según el último informe del Observatorio de la organización Ahora Que Sí Nos Ven.
Durante este período, el país sufrió un promedio de un femicidio cada 33 horas. Las estadísticas reflejan una realidad alarmante que no da tregua a las mujeres y diversidades.
Entre las provincias más afectadas, el Chaco encabeza el ranking con la mayor tasa de femicidios con 2,4% por cada 100 mil mujeres, con posicionándose como una de las más peligrosas para las mujeres en todo el país.
Septiembre cerró con un total de 22 femicidios, agravando las cifras ya preocupantes de los primeros nueve meses del año. «Mientras las autoridades continúan negando la violencia de género, la realidad nos muestra que el 58% de los femicidios fueron cometidos por parejas o ex parejas de las víctimas», indicó el informe de la organización feminista.
«Además, el 34,5% de los crímenes ocurrieron en la vivienda de las víctimas, un espacio que debería ser seguro pero que se ha convertido en el escenario de la violencia machista».
La provincia
la más afectada
El Chaco, que ha enfrentado durante años un deterioro social y económico, lidera las cifras de femicidios a nivel nacional en términos de tasa por cada 100 mil mujeres. La combinación de pobreza extrema, falta de recursos y un acceso limitado a la justicia para las víctimas ha llevado a un incremento notable en la violencia de género.
Los datos son contundentes: la crisis económica en la provincia ha profundizado la feminización de la pobreza, que alcanza entre el 55% y 60% en todo el país, según cifras oficiales. La precariedad laboral y la falta de oportunidades contribuyen a que las mujeres queden atrapadas en círculos de violencia sin salida.
Además, se destacó que «el 17% de las víctimas habían realizado al menos una denuncia por violencia de género y solo el 9% contaba con medidas de protección judicial». Esto evidencia una grave falencia en el sistema judicial y policial, que muchas veces no actúa a tiempo para proteger a las víctimas.
una radiografía del horror
A nivel nacional, el informe de Ahora Que Sí Nos Ven también reveló que de los 197 femicidios registrados en lo que va de 2024, 210 intentos de femicidio directos y vinculados fueron denunciados. «Esto significa que cada 16 horas se intentó asesinar a una mujer en el país», explicó la organización.
Además, se reportó que ocho de los femicidas pertenecían a las fuerzas de seguridad o armadas, lo que resalta un problema sistémico dentro de las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía.
En lo que respecta al entorno de los crímenes, el 58% de los femicidios ocurrieron en la vivienda de las víctimas o en espacios compartidos con el agresor, y el 33% de las víctimas convivían con su asesino al momento de la agresión. Esto pone de manifiesto la necesidad urgente de políticas de prevención que atiendan la violencia dentro del hogar, un lugar que sigue siendo peligroso para muchas mujeres en la Argentina.
Por otro lado, el informe también subrayó que al menos 191 niños perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia femicida en lo que va del año, mientras que el Estado sigue sin implementar plenamente la Ley Brisa, que garantiza la protección de estos niños y niñas. «El gobierno de Milei continúa desarticulando los dispositivos de atención para víctimas de violencia de género, lo que nos deja desprotegidas y sin respuestas», enfatizaron desde la organización.
Un sistema judicial que falla
Uno de los casos que ilustró las fallas del sistema judicial fue el de Vanesa Troncoso, quien fue asesinada en Santa Fe por Mario Sena, un hombre que había sido condenado previamente por abuso sexual contra ella cuando era menor de edad.
A pesar de la condena, la pena de Sena fue reducida, y el agresor quedó en libertad, lo que finalmente resultó en el asesinato de Vanesa. «Este caso demuestra una vez más las graves fallas de la justicia y la inexistencia de políticas públicas que protejan a las mujeres», lamentaron desde Ahora Que Sí Nos Ven.
El informe también destacó la necesidad urgente de aplicar la Ley Micaela, que obliga a las instituciones de seguridad a formar a sus integrantes en prácticas democráticas y en la prevención de la violencia de género.
Sin embargo, muchos organismos todavía no han implementado esta normativa, lo que pone en riesgo a miles de mujeres.
Femicidios
y pobreza
Otro de los factores clave que destacó el informe es la relación entre la pobreza y la violencia de género. Con la pobreza alcanzando el 52,9% a nivel nacional y una mayor afectación sobre las mujeres, que representan entre el 55% y el 60% de la población pobre, el impacto de la crisis económica en la vida de las mujeres es devastador.
«La pobreza tiene cara de mujer, y la crisis impacta de manera diferenciada sobre nosotras y las diversidades», afirmó la organización.
Además, el desempleo entre las mujeres de 15 a 29 años alcanza el 16,5%, lo que agrava aún más la situación de vulnerabilidad. «La feminización de la pobreza multiplica los obstáculos para acceder a una vida libre de violencias», añadieron desde el Observatorio.
En el contexto de esta crisis económica, las mujeres no solo enfrentan mayores dificultades para acceder a la justicia y a recursos que las ayuden a salir de situaciones de violencia, sino que también sufren las consecuencias de recortes y desmantelamientos en programas de prevención y asistencia para víctimas de violencia de género.