A nueve años de la primera manifestación multitudinaria que reclamó el fin de los feminicidios bajo la consigna Ni Una Menos se contabilizan en el país el asesinato de 2.348 mujeres. Mientras que en lo que va del año, las vidas de ocho mujeres fueron arrebatadas en la provincia. Por esto, como cada 3 de junio, los colectivos y organizaciones feministas salieron a la calle a ratificar la demanda por políticas estatales que paren este flagelo.
En Resistencia la jornada estuvo marcada por fuertes reclamos al gobierno provincial, a través de la entrega de un petitorio que exigió la convocatoria a una audiencia pública, para informar sobre las acciones que se toman en este sentido.
Desde las primeras horas de la mañana, mujeres y disidencias se concentraron frente al hospital Perrando, en Resistencia, desde donde iniciaron una marcha que recorrió la avenida 9 de Julio, pasando por la Fiscalía, hasta llegar a Casa de Gobierno. Con pancartas, cánticos y consignas, las manifestantes exigieron la implementación de políticas públicas efectivas para erradicar la violencia de género.
Magdalena Corvalán, referente de Ni Una Menos Resistencia, declaró: «Los funcionarios tienen en sus manos la decisión política de parar esta masacre de mujeres. Queremos saber qué van a hacer, cómo lo van a hacer y dónde está el presupuesto asignado al ministerio encargado de implementar estas políticas». Corvalán destacó la precariedad de los recursos destinados a las áreas sensibles, mencionando la falta de móviles para asistir a personas en situaciones de emergencia y la inexistencia de refugios adecuados.
Petitorio a las Autoridades
Durante la manifestación, se entregó un petitorio a la Subsecretaría de Género y Diversidad de la provincia, Sonia Valenzuela. En el documento, que contó con numerosas adhesiones, las organizaciones feministas exigieron una audiencia pública para que las autoridades informen sobre las políticas de género implementadas, el presupuesto asignado para prevenir la violencia de género y los femicidios, y la situación de las trabajadoras precarizadas y despedidas del Estado provincial y municipal.
«Las y los funcionarias publicas/os tienen la obligación de dar respuestas a la sociedad civil sobre el ejercicio de sus deberes en la gestión. Para esto, en este nuevo 3 de Junio, Ni Una Menos, exigimos al ministro Jorge Gómez; a la Subsecretaría de Género y Diversidad de la Provincia, Sonia Valenzuela; y al jefe de la Policía de la provincia, Fernando Romero, una audiencia pública para dar respuestas a las organizaciones y sociedad civil en general sobre las políticas de género que deben ejecutar, como así también informar sobre el presupuesto que se ha asignado para prevenir la violencia de género y los femicidios», indicaron.
«Ante el octavo femicidio en nuestra provincia en lo que va del año, y las mujeres que continúan desaparecidas, las respuestas del Estado son insuficientes y por esto tienen la obligación de responder personalmente sobre el rol que llevan adelante para prevenir estos hechos aberrantes», entendieron.
«También incluir en nuestra demanda la situación crítica que están atravesando las despedidas y precarizadas del estado provincial y municipal, quienes en su mayoría son el único sostén de sus hogares, algunas atraviesan graves enfermedades y otras son sobrevivientes de trata», señalaron.
Además, a través de la misiva, exigieron «la urgente implementación del convenio colectivo de trabajo, principalmente en lo concerniente a derechos y permisos para trabajadoras que maternan o cuidan familiares. Con total falta de perspectiva de género desde el inicio de esta gestión se obstaculizan los permisos y licencias a las trabajadoras con hijos o familiares a cargo para que puedan ejercer esos roles».
Por esto también exigieron una reunión presencial, con las puertas abiertas a todas las organizaciones y referentes «que desde nuestro lugar intentamos modificar esta realidad. Las explicaciones son urgentes y necesarias», destacaron.
Asimismo, sostienen que «ante la importancia que discursivamente esta gestión ha dado a auditar acciones, decisiones y gestiones previas, consideramos que no van a negarse a transparentar las políticas que van a llevar adelante y a responder las inquietudes de quienes todos los días estamos en el territorio. Solicitamos urgente respuesta».
Por su parte, la referente de Ni Una Menos, Cecilia Solá, docente y referente feminista resaltó: «Hace tiempo que nuestra provincia viene figurando entre las que, lamentablemente, tienen más femicidios, es una situación alarmante, preocupante, angustiante. A nueve años del primer Ni Una Menos tenemos 2.544 víctimas más y en esta situación de recortes de derechos todo parece agravarse más», manifestó.
«Si bien esta es una problemática de larga data, venían haciéndose cosas. Ahora nos encontramos con un parate feroz y un ajuste económico que cae inevitablemente sobre la espalda de las mujeres», marcó.
«La violencia de género y los femicidios no son situaciones de la naturaleza o inevitables», dijo.
«La violencia machista sigue matándonos y es responsabilidad del Estado es garantizar la protección y la seguridad de todas las personas. Especialmente de aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad como Erica, la docente que murió asesinada cuando hacía dedo para ir a trabajar», recordaron desde la Mesa Multisectorial Feminista.
Informe
de MuMaLÁ
Las Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) presentaron su informe nacional de femicidios, femicidios vinculados, trans/travesticidios y otras muertes violentas. Paula Ojeda, coordinadora provincial, explicó: «La violencia hacia las mujeres y disidencias sexo-genéricas sigue siendo una problemática grave y urgente que requiere políticas efectivas del Estado. En lo que va del año, nuestro observatorio relevó 89 femicidios, uno cada 40 horas. Asimismo, se registraron 216 intentos de femicidio, lo que significa un posible femicidio cada 17 horas».
Mientras que en la provincia son ocho las víctimas en estos cinco meses: Mirta Irazabal, Jenifer Obregón, Gabriela Alarcón, Ruth Cevilán, Romina Yamila Pacheco, Romina Karban, Erica Torres y Johana González.
Gabriela Sosa, directora ejecutiva de Mumalá, agregó: «La situación es crítica. La violencia machista crecerá si se niegan los recursos del Estado para la prevención y la asistencia. En un marco de crecimiento de la pobreza, con aumento de la desocupación y sin alimento en los espacios comunitarios, las vulnerabilidades y las violencias aumentan».