Concretadas las recientes audiencias públicas para definir el nuevo valor del boleto de colectivos en el Chaco, el Gobierno evalúa opciones para equilibrar las tarifas con la capacidad económica de los usuarios.
El panorama es complejo: mientras el sector empresarial solicita un aumento, los funcionarios provinciales analizan cómo subsidiar el servicio sin desbordar el presupuesto público.
Con una propuesta de tarifa de $1.800, tanto empresarios como funcionarios estatales analizan cómo mitigar el golpe, mientras el defensor del pueblo advierte sobre un incremento que califica de «excesivo» y perjudicial para la población más vulnerable.
Alejandro Abraham, ministro de Hacienda de la provincia, señaló que el Gobierno sigue sosteniendo subsidios importantes a través del programa Chaco Subsidia, que cubre el 100% del boleto para docentes y alumnos con un cupo de 30 pasajes semanales.
Sin embargo, aclaró que aún no se ha definido un monto para nuevos subsidios sobre la tarifa plana.
El ministro destacó las limitaciones presupuestarias de la provincia, que depende de los recursos de coparticipación y la recaudación propia, lo que deja poco margen para financiar nuevos subsidios.
No obstante, aseguró que se están explorando alternativas para mitigar el impacto del aumento en las tarifas de transporte, especialmente en las zonas más vulnerables, como el área metropolitana de Resistencia, que enfrenta una alta incidencia de pobreza.
El aumento propuesto en las audiencias públicas, plantea una tarifa técnica que varía entre los $1.700 calculados por la Secretaría de Transporte y los $1.800 propuestos por la Cámara Empresaria de Transporte del Chaco (Cetach).
Facundo Sartore, representante del sector empresarial, advirtió que la actual tarifa de $710 no es suficiente para sostener el sistema, dado el aumento de los costos de sueldos, combustible y repuestos.
Según Sartore, el Gobierno cubre actualmente el 42% del valor real del boleto, pero falta definir qué parte del nuevo aumento será subsidiada por el Ejecutivo.
La situación es crítica no solo por los costos operativos, sino también por la pérdida de pasajeros. Los empresarios indican que el 50% de los usuarios ha dejado de utilizar el colectivo, y los constantes paros de choferes han agravado la recaudación.
Además, la eliminación del subsidio nacional al transporte ha afectado fuertemente al sector, generando un bache financiero en los meses de menor actividad, como enero y febrero.
En contraposición a las demandas empresariales, el defensor del pueblo, Bernardo Voloj, cuestionó la posibilidad de un incremento del 800% en las tarifas de transporte en un contexto donde el servicio no ha mejorado.
Asimismo, Voloj destacó que las audiencias públicas son un espacio clave para que la comunidad exprese su postura, y subrayó que más de 500 mil personas dependen del transporte público en el área metropolitana. «No es el momento adecuado para un aumento», sentenció, sugiriendo que el tema se revise en 2025, con un panorama más claro y la posibilidad de nuevos aportes de fondos nacionales.
los subsidios vigentes
Alejandro Abraham, ministro de Hacienda de la provincia, se pronunció sobre la compleja situación económica que enfrenta el sistema de transporte público y cómo el Estado busca amortiguar el impacto de un eventual aumento del boleto.
Según explicó a medios locales, el Gobierno ya destina una parte significativa de sus recursos a subsidiar el transporte a través del programa Chaco Subsidia. Este subsidio, vigente desde hace tiempo, cubre «el 100% del boleto para docentes y alumnos, con un cupo de 30 pasajes semanales», subrayó el ministro.
Sin embargo, Abraham también señaló que no hay un monto definido para subsidiar un aumento generalizado en la tarifa plana.
«Todavía no está estipulado un monto para subsidiar. Está trabajando la Subsecretaría de Transporte», afirmó el funcionario, dejando en claro que cualquier nuevo subsidio deberá ser cuidadosamente evaluado en función de las limitaciones presupuestarias actuales.
El funcionario destacó que la provincia trabaja con recursos acotados, dependientes en gran parte de la coparticipación federal y la recaudación propia. «Durante todo el año no hemos contado con transferencias discrecionales, lo que hace que el margen sea más ajustado», comentó, evidenciando las dificultades para ampliar la ayuda estatal en un contexto de recursos limitados.
El ministro también subrayó la importancia de focalizar los subsidios en quienes más lo necesitan, asegurando que el equipo de gobierno está «trabajando en ver qué alternativas hay para cuantificar eso».
La postura de los empresarios
Por su parte, Facundo Sartore, empresario del transporte, brindó detalles sobre los estudios de costos que fueron expuestos durante las audiencias públicas.
En diálogo con Ciudad TV, Sartore indicó que los análisis realizados por la Cámara Empresaria del Transporte Automotor de Chaco (Cetach) y el gobierno provincial arrojan cifras cercanas, pero con una diferencia en torno a los $130.
Mientras la Secretaría de Transporte estima una tarifa técnica de $1.700, los empresarios consideran que el valor real debería ser de $1.800. «Hay una diferencia en el precio, pero en definitiva es el gobierno quien fija la tarifa», comentó Sartore.
El empresario enfatizó las dificultades que enfrenta el sector, sobre todo ante el constante aumento de costos, como el combustible, los sueldos y los insumos necesarios para mantener las unidades en funcionamiento. «Viendo las exigencias que se nos están dando en cuanto a sueldos, principalmente, vemos que el panorama no es muy alentador con el precio del boleto como está al día de hoy», explicó.
Según Sartore, la situación es insostenible sin un ajuste en el valor del boleto, ya que «el sistema no puede seguir manteniéndose» en las condiciones actuales.
Asimismo, destacó que el Gobierno aporta aproximadamente un 42% del costo del boleto, mientras que los pasajeros cubren el resto. «El pasajero paga $710 y la tarifa técnica está en $1.227, es decir, no llega al 50% del boleto», detalló.
No obstante, la gran incógnita para el sector sigue siendo cómo se manejará el gobierno en relación con los subsidios para el resto del boleto.
Paros y quita
de subsidios
Otro de los temas que complicó la situación del transporte público en la provincia fueron los paros de choferes, que afectaron directamente la recaudación tanto de las empresas como del Gobierno.
«Cuando no salen los coches a trabajar, no se recauda el aporte que hace el pasajero ni el que hace el Gobierno. Esto obliga a los pasajeros a buscar otros medios de transporte, lo que termina perjudicando a todos», explicó, subrayando lo contraproducente que resulta para el sistema en general.
Además, el empresario recordó el impacto que tuvo la quita del subsidio nacional al transporte, describiéndola como «catastrófica».
«Con eso, relativamente, podíamos seguir comprando combustible, pero cuando se quitó, nos afectó de manera muy brusca, sobre todo en meses como enero y febrero, cuando la recaudación históricamente es baja porque no hay clases ni actividad pública», señaló Sartore y añadió: «Nos dejó un bache enorme».
las críticas
al aumento
En un contexto donde el debate sobre el aumento del boleto está en pleno apogeo, Voloj se manifestó en contra de un incremento que podría alcanzar el 800%. En una entrevista con La Mañana de Natagalá, el ombudsman criticó la falta de mejoras en el servicio de transporte, afirmando que la calidad del mismo no justifica un aumento de tal magnitud. «No solo hay que discutir el precio del pasaje, sino también la calidad del servicio», enfatizó.
Voloj también cuestionó la baja participación ciudadana en las audiencias públicas y desmintió el mito de que estas instancias no son vinculantes. «Las opiniones de la comunidad son fundamentales», aseguró, recordando que en la audiencia pública de febrero la gente fue clara al rechazar los estudios técnicos presentados por considerarlos «defectuosos y sobredimensionados».
Según él, más de 500 mil personas en el área metropolitana dependen del transporte público, pero el sistema ha mostrado una «notable caída en su rendimiento».
A su juicio, la cámara empresaria del transporte ha confirmado que «el 50% de la gente ha dejado de usar el colectivo».
Por otra parte, sugirió que no es el momento adecuado para un incremento y que lo más prudente sería revisar la situación en 2025, cuando se tenga un panorama más claro y, posiblemente, se puedan sumar aportes de fondos nacionales para mejorar el sistema.