La jueza de Instrucción Federal 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, procesó al ex suboficial de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco, Gabino Manader, por las detenciones irregulares y la aplicación de torturas, considerándolas crímenes de lesa humanidad, contra los párrocos Joaquín Núñez y Gianfranco Testa. Fueron hechos ocurridos en 1974, en la Alcaidía de Sáenz Peña.
Los eclesiásticos Núñez y Testa pertenecieron en los inicios de los 70 al Movimiento Rural Católico y luego fueron parte de la creación de Las Ligas Agrarias que agrupaba a pequeños productores, publicó el portal judicial Litigio.
Siendo los responsables de las parroquias de Quitilipi y Machagai, fueron detenidos el 14 de abril de 1974 por la Policía del Chaco y trasladados a la Alcaidía de Sáenz Peña.
Allí sufrieron torturas durante varios días a manos de una comisión de la Dirección de Investigaciones de la Policial del Chaco, encabezada por el Jefe y subjefe, comisarios Carlos Alcides Thomas y Wenceslao Ceniquel. A estos se les sumaron Manader y el agente José María Cardozo. Los policías Thomas, Ceniquel y Cardozo fallecieron.
LOS HECHOS
La reconstrucción de los hechos realizada por la jueza se asienta en los relatos de las víctimas, declaraciones de otros detenidos como Carlos Páez y Aureliano Villán, testimonios de monjas y laicas como Nuria Puigrós Sampere, Ruth Ligia María Rodríguez, Epifanía Ceferina Neira y María Luisa Wagner, además de actuaciones judiciales e informes médicos de la época.
LA DECISIÓN JUDICIAL
En su resolución, la jueza sostuvo que se puede apreciar que los relatos de los denunciantes, testigos y documentación mencionada, son coincidentes a los fines de corroborar la hipótesis delictiva, con el grado de certeza propio de la instancia y permiten establecer que Núñez y Testa fueron privados de su libertad conforme sus relatos, que presentaban lesiones producto de los reiterados golpes padecidos en las dependencias policiales de Sáenz Peña.
«Sus relatos se muestran sólidos, concatenados entre sí e indicativos de que los autores de las agresiones eran cuatro o cinco personas de civil, que a su vez eran personal de la Brigada de Investigaciones, siendo identificados algunos de sus nombres por las víctimas», indicó la jueza.
«Advierto sobrados elementos que exponen la participación activa de Manader como parte del grupo de tareas, que operaba en la Dirección de Investigaciones, que se desplegaba realizando operativos en diversas localidades del territorio provincial», añadió.
LOS AÑOS DE DETENCIÓN
El padre Núñez, de la orden de los Franciscanos, estuvo después cinco años detenido en la Alcaidía Policial de Resistencia y en las cárceles federales U7, Rawson, Devoto y La Plata.
En 1986 constituyó la parroquia de Caacupé en el humilde barrio de Bella Vista de Rosario, donde realizó un importante trabajo social durante muchos años. Falleció recientemente estando alojado en un Gerontocomio de la Congregación de los Franciscanos.
Por su parte, el padre Testa, integrante de la orden los Misioneros de la Consolata, estuvo alojado en la Alcaidía de Resistencia y en la Cárcel Federal U7.
Por su nacionalidad italiana fue expulsado del país por el dictador, Jorge Rafael Videla, en 1978. Ejerció luego el sacerdocio en Nicaragua y Colombia y actualmente reside en Italia.
EN LAS LIGAS AGRARIAS
El caso de los prelados es una ramificación de la causa Ligas Agrarias. El 25 de junio de 2019, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia juzgó a los responsables de los asesinatos de los dirigentes de las Ligas Agrarias, Eduardo Ñaro Gómez Estigarribia y Carlos Píccoli y por tormentos a los trabajadores rurales Santos e Hipólito Brítez y Modesto Meza.
En esta causa, el tribunal condenó al ex teniente coronel del Ejército, José Tadeo Betolli; y al policía Alcídes Sanferraiter a la pena de prisión perpetua por los asesinatos.
Al comisario José Rodríguez Valiente por el encubrimiento al momento de rubricar las actas de los operativos en los que fueron ejecutados los dirigentes liguistas antes nombrados bajo el montaje de un «enfrentamiento», y al comisario general Eduardo Wischnivetzky a 18 años de prisión por los tormentos a trabajadores.