El 5 de agosto, el tribunal de la Cámara en lo Criminal de Charata comenzará a juzgar a cuatro policías del Chaco imputados por torturar y matar al joven Leandro Bravo, en un hecho perpetrado el 26 de febrero de 2022, en Charata.
Previo a las audiencias, los abogados defensores Juan José Bogado y César Luis Collado presentaron un escrito donde respondieron a un pedido realizado por la querella particular, en el cual coincidieron en la necesidad de no solo cambiar el lugar donde se realizarán (por un recinto más amplio), sino también en autorizar el ingreso y presencia de medios de comunicación.
Sin embargo -según lo publicado por el portal judicial Litigio- los fundamentos que utilizaron para adherir a este pedido distan mucho de buscar la transparencia y publicidad al juicio, que tiene como imputados a miembros de las fuerzas de seguridad con acusaciones gravísimas, sino que más bien apuntan a colocarse en posición de víctima y provocar a la familia de Bravo.
«Para concluir nuestra adhesión a este pedido del apoderado de la querella, solicitamos a la excelentísima Cámara se sirva permitir el ingreso a la sala de debates a los medios masivos de comunicación locales, provinciales y nacionales que así lo acrediten para una mejor garantía de imparcialidad, habida cuenta de que esta defensa no cuenta con recursos económicos para movilizar militantes y generar presión en las decisiones, como, a las claras y de modo evidente pueden hacerlo los organismos de Derechos Humanos», escribieron Bogado y Collado en su escrito.
«Esta defensa no cuenta con recursos económicos para movilizar militantes y generar presión en las decisiones, como, a las claras y de modo evidente, pueden hacerlo los organismos de Derechos Humanos», abundaron.
LA QUERELLA
Con el patrocinio letrado del abogado Jorge Ferronato, la familia de Leandro Bravo había solicitado a la Cámara en lo Criminal de Charata que se gestione el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Poder Judicial del Chaco, ubicado en Vieytes y avenida San Martín de esa localidad, con el fin de «garantizar el ingreso de familiares de la víctima, público en general y medios de comunicación interesados en presenciar el mismo», dijo.
El pedido se dio teniendo en cuenta que el lugar designado para la realización de las audiencias es muy pequeño y pondría en riesgo la posibilidad del ingreso, no sólo de los medios, sino de los familiares de la víctima.
Además, solicitaron que el juicio sea transmitido a través de los canales oficiales del Poder Judicial.
Entre los fundamentos, la querella argumentó que la publicidad «es esencial para la misma justicia penal, pero se juega en mucha mayor medida en los casos de juicios por violaciones a los derechos humanos que reclaman la atención de toda la sociedad, en tanto permiten que se conviertan en actos fundacionales y luego de consolidación de los nuevos períodos democratizadores».
Hasta el momento de esta publicación, el tribunal aún no se ha pronunciado sobre las solicitudes.
LOS IMPUTADOS
Por el crimen de Bravo serán juzgados cuatro policías. El oficial subayudante Alexis Fleitas Noguera, el cabo Franco Sosa y el agente Carlos Díaz están acusados como coautores del delito de tortura seguida de muerte, que tiene una pena en expectativa de prisión perpetua.
Al primero también se lo acusa por falsedad ideológica. En tanto que Enzo Gómez está imputado como partícipe necesario del delito de tortura seguida de muerte, que conlleva la misma pena que el delito del cual fue parte, es decir, perpetua.