Desde la entrada en vigencia de la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, se han iniciado más de 3.700 investigaciones preliminares (a un promedio de 221 por año) y se han gestionado más de 16.600 denuncias recibidas a través de la línea 145, según los datos de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).
La Protex dirigida por el fiscal general Marcelo Colombo y la fiscal federal Alejandra Mángano, reporta que se han logrado 490 sentencias condenatorias en el fuero federal, resultando en la condena de 976 personas responsables de perjudicar al menos a 2.305 víctimas.
Del total de condenados, el 77,3% son argentinos, y la mayoría son varones, representando un 63,8%. En cuanto a las víctimas, el 78,6% son mujeres, el 20,9% son varones y el 0,5% son personas trans.
Entre las 490 sentencias condenatorias registradas, el 74,3% corresponde a casos de explotación sexual y el 24,5% a explotación laboral, mientras que el 1,2% restante se refiere a otras formas de explotación.
CREAR CONCIENCIA
Uno de los objetivos mayúsculos en la actualidad es concientizar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos.
Con ese fin, desde 2013, el Ministerio Público Fiscal de la Nación creó la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que significó la jerarquización -y continuación- de las actividades llevadas adelante por la anterior Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase).
Su tarea, a grandes rasgos, abarca desde la realización de investigaciones preliminares propias; la colaboración en los expedientes de otras fiscalías y/o juzgados; el registro de las investigaciones y de las estadísticas en la materia a nivel nacional; el dictado de capacitaciones y seminarios nacionales e internacionales a organismos públicos y privados; y la representación de MPF en diferentes foros regionales e internacionales, como en la coordinación de la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Redtram) de la Aiamp.
Los dispositivos del Estado
En la Argentina, la lucha contra la trata de personas se ha convertido en un objetivo prioritario respaldado por un sólido marco legal y una estructura institucional robusta. El país ha establecido un enfoque integral para abordar esta problemática, consolidando un Plan Nacional que se centra en cuatro ejes fundamentales: prevención, asistencia y protección a las víctimas, persecución y sanción de los responsables, y cooperación internacional.
Este enfoque multidimensional busca atacar el problema desde todas las aristas posibles, asegurando una respuesta coherente y efectiva.
El plan nacional ha sido diseñado para enfrentar la trata y explotación de personas con estrategias bien definidas. En términos de prevención, se han implementado campañas de sensibilización para educar a la población sobre los riesgos y señales de la trata.
En cuanto a la asistencia y protección a las víctimas, se han desarrollado programas especializados para brindar apoyo psicológico, legal y social a quienes han sido afectados por estos delitos. La persecución y sanción de los responsables se lleva a cabo mediante una legislación rigurosa y la aplicación de penas severas, mientras que la cooperación internacional se fortalece mediante acuerdos y colaboración con organismos y países vecinos para combatir las redes transnacionales de trata.
Los informes realizados y publicados por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) han sido cruciales para evaluar el impacto de las medidas adoptadas y los desafíos persistentes. Estos informes destacan tanto los avances como las áreas que requieren atención continua.
Entre los avances, se ha observado una mejora en la sensibilización pública y una mayor capacitación de operadores judiciales y fuerzas de seguridad. Además, se ha logrado una identificación más temprana de víctimas y una mejor coordinación entre las distintas instituciones a nivel nacional y provincial, lo que ha optimizado la respuesta ante casos de trata.
Sin embargo, aún persisten desafíos significativos. La investigación de la corrupción que facilita la trata y la realización de investigaciones patrimoniales eficaces siguen siendo áreas de preocupación.
Es crucial abordar estos temas para asegurar que los recursos sean utilizados de manera efectiva y para garantizar reparaciones económicas a las víctimas. La lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las capacidades investigativas son esenciales para desarticular las redes de trata y prevenir futuros delitos. En este contexto, el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas ha desempeñado un papel fundamental. Este organismo actúa como un espacio de coordinación entre las jurisdicciones provinciales y el gobierno nacional, facilitando la articulación de políticas públicas y la implementación de estrategias integrales.
El Consejo ha permitido identificar desafíos en la asignación de recursos y en la estandarización de prácticas entre provincias con realidades diversas.