En medio de una creciente tensión, los gremios de trabajadores estatales del Chaco han salido al cruce del proyecto de ley 2342/2024, presentado por legisladores del oficialismo provincial.
Esta propuesta, que busca eliminar la obligatoriedad de afiliación al Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (Insssep) para los empleados públicos de la provincia, ha sido recibida con fuerte oposición por parte de las organizaciones gremiales, que advierten sobre las posibles consecuencias negativas para los trabajadores y para el sistema de salud en general.
Desde el Frente Gremial Docente, Atech y Profesionales de Salud Pública expresaron su firme rechazo al proyecto de ley 2342/2024, argumentando que la medida pondría en riesgo la solidaridad y la seguridad social en la provincia
Profesionales
de Salud
La Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (Aptasch) en un comunicado de prensa, expresó que el proyecto «atenta contra la seguridad social de los estatales chaqueños». Según la Aptasch, la medida «pretende vaciar y desfinanciar al Insssep», un organismo que, aunque con falencias, brinda servicios esenciales que «ninguna prepaga alcanza a cumplir con los mismos estándares de calidad de atención».
El gremio subrayó que el Insssep se basa en principios de solidaridad, ofreciendo un servicio igualitario a todos los afiliados, independientemente de su nivel de ingresos.
«Los legisladores no conocen la importancia del Insssep, que brinda un servicio por igual a todos los afiliados sin priorización alguna. Esto garantiza un sentido de igualdad en la prestación del servicio para quienes tienen un ingreso bajo o un ingreso alto», afirmaron.
Asimismo, señalaron que el proyecto «solo busca que aquellos con ingresos altos migren a prepagas, desfinancien la obra social y que los que menos ganas se arreglen como puedan, básicamente».
Además del rechazo al proyecto de ley 2342/2024, la Aptasch también criticó duramente otra iniciativa presentada por los mismos legisladores, el proyecto de ley 2343/2024, que propone modificar los aportes que se retienen a los trabajadores para el Fondo de Alta Complejidad, elevándolo del 1% al 2% del salario.
Según la Asociación de Profesionales de la Salud, esta medida implica un «aumento del 100% del monto que es retenido de nuestros salarios», lo que afectaría especialmente a los trabajadores con menores ingresos.
«Todo esto redunda en un feroz ataque a los trabajadores y principalmente a aquellos con menores ingresos», concluyeron.
Docentes
El Frente Gremial Docente, que agrupa a sindicatos como Atech, Utre-Ctera y Sadop, también se pronunció en contra del proyecto de ley.
En un comunicado conjunto, estas organizaciones alertaron sobre las consecuencias que tendría la modificación y señalaron, que la medida «quebrará nada más ni nada menos que el principio fundacional de nuestra obra social, que es el de la solidaridad fundamentalmente, como el de la responsabilidad social».
Para el Frente Gremial Docente, la supuesta «libertad» otorgada por el proyecto no es más que un beneficio para los sectores con mayores ingresos, que podrían optar por prepagas más costosas, dejando a los empleados estatales de menores ingresos con servicios limitados.
«La presunta ‘libertad’ otorgada en el proyecto aquí rechazado representa no otra cosa que un beneficio para que los sectores con mayores ingresos y poder adquisitivo de la administración pública provincial y municipal emigren hacia obras sociales o prepagas costosas», afirmaron.
Además, advirtieron que esto podría llevar a un desfinanciamiento del Insssep, afectando la calidad y la cobertura de los servicios para quienes no pueden acceder a opciones privadas.
La Atech, por su parte, fue especialmente crítica con la ideología subyacente en el proyecto. En su análisis, la organización concluyó que la propuesta se inspira en una «ideología libertaria del individualismo extremo, disfrazada de progresismo y desarrollo».
Asimismo, para la Atech, esta visión choca con los principios de solidaridad y responsabilidad social que deberían guiar las políticas públicas en una sociedad democrática. «La libertad individual y la autodeterminación en una sociedad democrática, solidaria e igualitaria, no es absoluta, puesto que debe considerarse además, la responsabilidad social», subrayaron.
El gremio docente también cuestionó la falta de fundamentos técnicos y económicos en el proyecto, y expresó que la iniciativa no contempla el impacto financiero que podría tener la pérdida de aportes personales y contribuciones patronales para el Inssep, ni menciona las restricciones y carencias que imponen las prepagas a los nuevos afiliados.
«El proyecto en cuestión no es más que una mala copia o réplica política del gestado por el gobierno nacional», afirmaron, añadiendo que la propuesta carece de «fundamentos técnicos, económicos, relativos al impacto financiero que significa la pérdida de aportes personales y contribuciones patronales de los posibles afiliados que emigren».
En su comunicado, la Atech también advirtió sobre las posibles consecuencias de la implementación del proyecto. Según el gremio, aquellos trabajadores que opten por una obra social o prepaga distinta al Insssep seguirían contando con el apoyo financiero del organismo, lo que podría llevar a una situación en la que el Estado provincial termine financiando servicios privados, asumiendo un costo por el ejercicio de la «libertad».
Además, señalaron que el Insssep podría quedar reducido a prestar servicios solo a los sectores más empobrecidos de los empleados estatales, con una cobertura limitada y de menor calidad.
la defensa
Ante esta situación, tanto la Aptasch y el Frente Gremial Docente han llamado a sus afiliados y al conjunto de los trabajadores estatales a unirse en la defensa de la obra social provincial. «Instamos a los colegas docentes y a los demás sectores de trabajadores estatales de la provincia a estrechar filas para rechazar categóricamente la iniciativa en cuestión, y particularmente en defensa de nuestra obra social del Insssep», manifestaron desde el Frente Gremial Docente.
En la misma línea, la Asociación enfatizó la necesidad de «trabajar con responsabilidad y compromiso en el saneamiento» de la obra social, en lugar de promover medidas que podrían llevar a su desmantelamiento.
«La obra social del Insssep sin dudas tiene muchas falencias, pero la solución no es vaciarla ni desfinanciarla, sino trabajar con responsabilidad y compromiso en su saneamiento y así garantizar la óptima prestación del servicio para los y las afiliadas», afirmaron.
Mientras los legisladores que impulsan la iniciativa defienden la «libertad para elegir» como un derecho fundamental de los trabajadores, los gremios sostienen que esta libertad debe estar acompañada de un sentido de responsabilidad social y solidaridad.
«Defendemos la libertad, pero con responsabilidad colectiva», sentenció Aptasch.
Reclamo a la Nación por la deuda con el Insssep
El senador por el Chaco, Víctor Zimmermann, reclamó a los funcionarios nacionales que participaron del plenario de comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, por la deuda que mantienen con las provincias que no pasaron sus cajas previsionales a la Nación.
«En el caso de mi provincia, es de más de $25 mil millones, solo en 2024», aseguró.
«Si nos remitimos al documento de la Oficina de Presupuestos del Congreso que los funcionarios reconocieron, hay un cuadro donde se establece cuál sería, estimativamente, el endeudamiento que tiene la Nación con las provincias de 2024», explicó el legislador chaqueño a medios nacionales que lo consultaron luego de la reunión. «En el caso de mi provincia, es de más de $25 mil millones, solo en 2024», confirmó.
Para cancelar esta deuda, la Nación debe auditar al Insssep antes de concretar los acuerdos que permitan el envío de los recursos que adeuda, pero «la última auditoría que hizo la Nación, según los propios funcionarios nacionales fue en 2022», explicó Zimmermann y agregó que «hay un monto muy importante de acreencia que tienen las provincias, que no mandaron sus cajas previsionales a la Nación».
Ante la insistencia del representante chaqueño, los funcionarios confirmaron que «se hicieron simulaciones con la información que tienen en la Anses, pero tienen que venir a verificar en el territorio».
Tras la reunión de comisiones, el senador chaqueño se confesó «preocupado, porque no tuvimos precisiones de cuándo vendrían a hacer las auditorías al Chaco»; señalando que «ya estamos en el mes de agosto y a nosotros nos deben, según el informe de la OPC, que me dijeron que coincidían con el informe del Ejecutivo, $25 mil millones solo de 2024».
Finalmente, Zimmermann recordó que «el Presidente, por sexto mes consecutivo, dice que tiene superávit» y se preguntó: «¿Qué va a hacer con el superávit?, para mí la prioridad son nuestros jubilados».