En su sesión del miércoles pasado, la Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto de ley que declara a la educación como un «servicio estratégico esencial».
La iniciativa, que propone la obligación de mantener una guardia mínima en los establecimientos educativos durante las huelgas, fue aprobada con 131 votos a favor, 95 en contra y 2 abstenciones. Ahora, el proyecto debe ser ratificado por el Senado para convertirse en ley.
El proyecto, impulsado por el diputado Alejandro Finocchiaro (PRO), establece que, en caso de huelga, tanto el personal docente como no docente deberán garantizar la presencia mínima en las instituciones educativas. Según lo estipulado, durante los dos primeros días de paro, el 30% del personal deberá estar presente, y a partir del tercer día, este porcentaje se elevará al 50%.
La medida fue justificada como un intento de limitar la extensión de las huelgas en el sector educativo, asegurando que los estudiantes no se vean gravemente perjudicados por los conflictos laborales.
«Es fundamental que, aún en tiempos de conflicto, los estudiantes no sean los principales perjudicados», argumentó Finocchiaro durante la sesión.
«Esta ley busca proteger el derecho de los niños y jóvenes a recibir educación, garantizando que siempre habrá una mínima cobertura en las escuelas, incluso durante los paros», aseveró.
Mientras que de los siete legisladores nacionales que tiene la provincia Juan Carlos Polini (Juntos por el Cambio- UCR) fue el único representante de la provincia que estuvo ausente, mientras que sus pares de bancada, Gerardo Cipolini (JxC-UCR) y Marilú Quiroz (JxC-PRO) votaron a favor de la iniciativa al igual que el diputo de la Libertad Avanza, Carlos García.
Los legisladores del Frente de Todos, María Luisa Chomiak, Juan Manuel Pedrini y Aldo Leiva se opusieron al proyecto proyectos.
Rechazo gremial
Este avance legislativo no tardó en despertar fuertes críticas por parte de los gremios docentes, quienes ven en esta iniciativa un intento de limitar el derecho a huelga, sin abordar las causas subyacentes de los conflictos en el sector, como los bajos salarios y las precarias condiciones laborales.
Los principales sindicatos de docentes del país, entre ellos Federación Sitech, expresaron su rotundo rechazo a la media sanción de la ley.
Federación Sitech emitió un duro comunicado en el que califica la medida como «hipócrita» y acusa a los diputados de querer confundir a la sociedad al presentar la esencialidad de la educación como una prioridad, cuando en realidad, argumentan, la medida solo busca «aniquilar la protesta» y «fulminar el derecho a huelga».
«Declarar esencial la educación para estos diputados no es subir el presupuesto educativo, no es dignificar el salario docente… claramente para estos diputados declarar esencial la educación es quitar el derecho a huelga y por lo tanto aniquilar la protesta», sentenció el gremio.
El sindicato, además, señaló que la aprobación de esta ley se da en un contexto de fuertes ajustes en el sector educativo, incluyendo la reciente eliminación del 15% del sueldo docente que correspondía a los conceptos de incentivo y conectividad. «La docencia de toda la República Argentina los señalará como destructores de la escuela pública y exterminadores de derechos», advirtió Federación Sitech, anticipando un escenario de creciente conflictividad.
Con la media sanción, el proyecto de ley ahora se trasladará al Senado, donde se espera que la discusión sea igualmente intensa. Los gremios docentes ya anunciaron que, en caso de ser aprobada definitivamente, se movilizarán masivamente en rechazo a la ley, y advirtieron sobre posibles medidas de fuerza a nivel nacional.
La Federación, en su comunicado, anticipó que convocará a un «frente amplio nacional» para impulsar una jornada de protesta el día en que el Senado trate el proyecto. «No alcanza solamente con no asistir a la escuela, es estrictamente necesario expresar esta disconformidad con presencia en las calles», subrayaron, dejando en claro que no permitirán que la ley se implemente sin dar batalla.
El tratamiento de la ley se produce en un contexto económico y social complejo, donde la inflación y la pérdida de poder adquisitivo afectan de manera especial a los sectores más vulnerables, incluidos los trabajadores de la educación. Según datos recientes, el salario de los docentes en varias provincias se encuentra por debajo de la línea de pobreza, lo que ha sido uno de los detonantes de los paros y protestas que se han visto en todo el país.
En este marco, la media sanción de la ley que declara a la educación como servicio estratégico esencial no hace más que añadir un nuevo elemento de tensión a la ya complicada relación entre el Gobierno y los gremios docentes.
La próxima sesión del Senado se perfila como un escenario clave para definir el futuro de esta polémica medida, que podría tener un impacto profundo en el panorama educativo y laboral del país.