El legislador nacional por el Chaco, Carlos García, integrante del bloque La Libertad Avanza, entrevistado por LA VOZ DEL CHACO, manifestó su pleno respaldo a la reciente decisión del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Movilidad Jubilatoria.
El legislador enfatizó que la ejecución de esta ley implicaría un gasto anual de aproximadamente USD10 mil millones, sin que el proyecto ofreciera un plan de financiamiento concreto para cubrir dicho costo.
Subrayó que la decisión del presidente Milei no debe interpretarse como un ataque hacia los jubilados, sino como una medida de responsabilidad económica y argumentó que recurrir a las habituales alternativas de financiación, como la emisión monetaria o el endeudamiento, agravaría los problemas económicos de Argentina.
-Finalmente la oposición no alcanzó revertir la voluntad del Presidente, y la Ley de Movilidad Jubilatoria podrá ser vetada.
-En mi opinión, el reciente veto presidencial al aumento de las jubilaciones fue una medida necesaria y responsable. No se trata de estar en contra de los jubilados, sino de evitar decisiones que comprometan aún más la estabilidad económica del país.
En el contexto actual, proponer aumentos sin un plan claro de financiamiento es imprudente. Un costo de 10 mil millones de dólares al año para el Estado es insostenible si no se especifica cómo se cubrirá, y las opciones habituales -deuda, impuestos o emisión monetaria- tienen efectos muy negativos en la economía.
De hecho, recurrir a la emisión monetaria sería desastroso, ya que generaría más inflación. Y todos sabemos que la inflación es el peor enemigo de los jubilados, ya que sus ingresos, que ya están ajustados, perderían aún más poder adquisitivo.
La inflación distorsiona los precios y hace que los recursos se destinen de manera ineficiente, lo que afecta el crecimiento y la inversión.
En cuanto a la oposición, resulta irónico que hoy critiquen el veto cuando en 2010 defendieron con fuerza la decisión del kirchnerismo de vetar el 82% móvil, una medida que hubiera beneficiado a los jubilados.
Además, bajo su gestión reciente, las jubilaciones perdieron un 30% de su valor en términos reales, lo que hace que su actual postura parezca más política que sincera. Para mejorar el sistema previsional, sin embargo, es necesario plantear reformas de fondo.
Aumentar la cantidad de trabajadores formales y diversificar las fuentes de financiamiento del sistema son pasos clave. Pero también sabemos que estas medidas son solo parches en un sistema que, desde su origen, ha sido problemático y seguirá siendo así sin un cambio estructural más profundo.
-La oposición y los sectores movilizados ese día rechazan que modificar el reparto desestabilice la economía. ¿Qué opina al respecto?
-El reciente veto presidencial a la ley que proponía un aumento de las jubilaciones ha suscitado un intenso debate en el ámbito político y económico argentino.
Lejos de ser una medida en contra de los jubilados, este veto es, en realidad, un intento de proteger no solo el sistema previsional, sino también la estabilidad económica del país en su conjunto.
«Proponer aumentos sin claridad viola la ley»
-¿Cuánto impactó el ajuste fiscal en este debate?
-Es un hecho que todos quisiéramos ver a los jubilados recibiendo mejores beneficios, especialmente después de décadas de malas gestiones que han erosionado el poder adquisitivo de este sector tan vulnerable.
Sin embargo, las políticas previsionales no pueden estar desligadas de la restricción presupuestaria. Hoy, Argentina enfrenta una severa crisis fiscal, producto de años de despilfarro y falta de planificación a largo plazo. El proyecto vetado implicaba un costo descomunal de USD10 mil millones anuales. Proponer aumentos jubilatorios sin establecer claramente cómo se financiarán no solo es irresponsable, sino que además viola la Ley de Administración Financiera del Estado (Ley 24156), que exige que todo gasto público esté respaldado por una fuente de financiamiento específica.
En este caso, el proyecto no cumplía con esa obligación, lo que habría obligado al Estado a recurrir a una de las tres alternativas de financiamiento: deuda, aumento de impuestos o emisión monetaria.
Cada una de estas opciones tiene consecuencias negativas para la economía, ya sea aumentando el riesgo país y los costos de endeudamiento, debilitando la actividad económica mediante una mayor carga impositiva o desatando presiones inflacionarias que afectarían, irónicamente, a los mismos jubilados que se busca proteger.
-En lo próximo, ¿hay alguna fuente para ejecutar una mejora para el sector?
-El financiamiento vía deuda es prácticamente inviable.
La Argentina, con su alto riesgo país y su histórico incumplimiento de compromisos financieros, enfrenta tasas de interés prohibitivas que harían insostenible cualquier endeudamiento adicional.
Subir impuestos tampoco es una solución, dado que el esfuerzo fiscal en Argentina ya es uno de los más altos del mundo, lo que incentiva la informalidad laboral, afectando la recaudación. Finalmente, recurrir a la emisión monetaria sería devastador.
-En este contexto, ¿cuál es su lectura del índice de inflación?
-La inflación, especialmente en un país como la Argentina, que ha enfrentado tasas astronómicas durante décadas, afecta de manera directa a los jubilados. Durante el gobierno anterior, la inflación alcanzó un 211% interanual, con una inflación minorista en diciembre que, anualizada, llegaba al 1400%, lo que pulverizó los ingresos, incluidas las jubilaciones, con una licuación del 30%.
Lo peor del caso es que la emisión de dinero sin respaldo en la demanda distorsiona los precios relativos, es decir, los precios de bienes y servicios dejan de reflejar su valor real de mercado. Esto no solo destruye el poder adquisitivo de los jubilados, sino que también genera una asignación ineficiente de los recursos en toda la economía.
Los agentes económicos toman decisiones basadas en señales de precios incorrectas, lo que provoca que las inversiones fluyan hacia sectores que parecen rentables pero que, en realidad, no lo son a largo plazo. Esto afecta los sectores que la sociedad verdaderamente necesita y, en última instancia, frena el crecimiento y la inversión.
«La contradicción es clara,
y la hipocresía, innegable»
-¿Qué balance hace del debate en el recto parlamentario?
-A lo largo de la historia reciente, la cuestión del sistema previsional en la Argentina ha estado marcada por decisiones que han tenido consecuencias de largo plazo en la sostenibilidad del sistema.
Un ejemplo significativo de este tipo de decisiones se produjo en 2007, cuando los trabajadores tuvieron la oportunidad de elegir entre mantenerse en el sistema privado de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) o regresar al sistema público de reparto.
A pesar de que las AFJP eran obligadas por los gobiernos a invertir en bonos del Estado con dudosa recuperación, más de la mitad de los trabajadores optaron por continuar en el sistema privado. Sin embargo, esa voluntad de los ciudadanos fue ignorada un año más tarde, cuando el gobierno de Cristina Kirchner impulsó una estatización completa de los fondos previsionales.
En 2008, se eliminó el sistema de capitalización individual de las AFJP y se trasladaron todos los fondos a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), obligando a millones de personas a regresar al sistema estatal, sin importar la elección que habían realizado previamente.
Este movimiento, que muchos han interpretado como una maniobra política, otorgó al gobierno control sobre una vasta cantidad de recursos, los cuales posteriormente serían utilizados según las prioridades políticas, y no necesariamente en beneficio de los jubilados.
Además, la crisis del sistema previsional actual no puede desvincularse de decisiones como la incorporación de 3.5 millones de jubilados sin aportes, producto de las moratorias impulsadas por los gobiernos kirchneristas. Esta incorporación masiva desequilibró el sistema, ya que actualmente existen más jubilados sin aportes que aquellos que sí contribuyeron durante su vida laboral.
La oposición que hoy critica ferozmente el veto de Milei a los jubilados es la misma que, en 2010, defendía con fervor el veto kirchnerista al 82% móvil, una medida que habría beneficiado significativamente a los mismos jubilados que ahora dicen proteger.
Además, resulta irónico ver cómo se rasgan las vestiduras en una supuesta defensa de los jubilados, cuando hace apenas unos meses, bajo su gobierno, licuaron en más del 30% el poder adquisitivo de las jubilaciones en términos reales. La contradicción es clara, y la hipocresía, innegable.
«Es crucial una reforma laboral profunda»
-¿Qué propone el oficialismo para mejorar el sistema?
-Sabiendo que el sistema de reparto es, en muchos sentidos, inferior al de capitalización, existen algunas reformas posibles para mejorar las jubilaciones dentro del esquema actual.
La primera medida clave es aumentar la cantidad de trabajadores formales, ya que son estos quienes financian el sistema previsional.
Para ello, es crucial una reforma laboral profunda que incentive la formalización del trabajo y reduzca los costos laborales, que actualmente empujan a muchos a la informalidad, lo que provoca menores ingresos para el sistema previsional y, por ende, peores jubilaciones.
Esto puede complementarse con una diversificación de las fuentes de financiamiento.