El ministro de Gobierno, Jorge Gómez, entrevistado por LA VOZ DEL CHACO, aclaró la naturaleza de los procedimientos llevados adelante en la Casa de Gobierno, a pedido del fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, ante la titular del Juzgado Federal 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger.
El funcionario indicó que estos son rutinarios y acompañan investigaciones sobre las que, bajo instrucciones directas del gobernador Leandro Zdero, el Gobierno entregó documentación correspondiente a eventos y decisiones tomadas durante la administración anterior.
Subrayó que, desde el inicio de la gestión de Zdero, no se han otorgado permisos de desmonte, y que la administración actual está comprometida con la transparencia y la cooperación total con las autoridades judiciales,
Destacó la importancia de encontrar un equilibrio en la relación entre las políticas ambientales y el aprovechamiento de los recursos forestales, e hizo hincapié en que la administración provincial está tomando medidas proactivas para gestionar de manera eficiente la integración de las prácticas de aprovechamiento de recursos alineándose con los principios establecidos en la legislación y las normativas pertinentes.
Así transcurrió parte del diálogo.
-Ministro, ¿qué lectura ha hecho el gobierno del Chaco sobre las investigaciones que llegar esta semana hasta las oficinas de la Casa de Gobierno?
-Básicamente, yo como vengo de la Justicia, tengo que aclarar que esto que se produjo son los allanamientos procedimentales de rutina de toda investigación.
En esta investigación, nosotros, por instrucción del gobernador Leandro Zdero, entregamos toda la documentación para que la justicia, a través de la misma, pueda tomar sus decisiones. Pero lo más importante en esta causa es que se está investigando hechos que corresponden a la gestión anterior.
-En otras palabras, tal y como había adelantado el gobierno Leandro Zdero, su gestión no ha otorgado permisos de desmonte. ¿Es así?
-Sí. Y a esto el gobierno de la provincia lo quiere dejar bien claro que, desde el 10 de diciembre, este gobierno no otorgó un solo permiso de desmonte.
Y cuando lo digo, me refiero a que no se ha dado permiso para llevar adelante atentados contra ni una sola hectárea, ni una sola hectárea de desmonte.
-En ese sentido, ministro, ¿podría brindar detalles sobre lo que se está investigando?
-Sí. Lo que se está investigando son permisos de desmonte del circuito administrativo que se han otorgado antes de este gobierno, es decir, necesariamente se refiere a gestiones anteriores. Estas gestiones anteriores son, y lo remarco, lo que está investigando la justicia federal.
Y nosotros ponemos toda la documentación a disposición, porque somos muy respetuosos de la división de poderes y sabemos que para tomar una resolución acorde a las pruebas que se recolectan, la Justicia necesita la más sincera colaboración por parte del Poder Ejecutivo, y eso es lo que estamos haciendo.
SIN DESMONTES
-Lo llevo a otro punto. ¿Qué opina sobre la medida cautelar que prohíbe los desmontes?
-La Justicia tiene que recabar su información. Está en ese proceso. Y la justicia habla a través de sus fallos y seguramente, después de esta información, tomará las decisiones que considere correspondientes conforme a la documentación, a la información que debe recabar y que debe tener en el expediente.
Respecto de la decisión en la medida cautelar de suspender los permisos de desmonte, vuelvo sobre lo mismo: este gobierno no otorgó un solo permiso de desmonte.
Seguramente lo que se va a pedir, si es que la Dirección de Bosques ya lo hizo, es que se aclare el término desmonte, porque puede haber distintas acepciones, ya que también están en cuestión temas relativos a sistemas silvopastoriles y al aprovechamiento integral.
-¿Qué interpretación hace el Gobierno de la política ambiental que reclama la Justicia al Poder Ejecutivo?
-El Gobierno sostiene que debe haber un equilibrio entre la defensa de la política ambiental y la explotación, así como el aprovechamiento integral del bosque. Es necesario equilibrar el respeto al medio ambiente con el aprovechamiento integral del bosque, y compatibilizar ambos aspectos.
Este equilibrio implica que la conservación del medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos forestales no deben ser conceptos mutuamente excluyentes, sino que deben coexistir y complementarse de manera armónica.
El aprovechamiento integral del bosque implica utilizar los recursos forestales con prácticas de manejo forestal sostenible, que garantizan que la explotación de los recursos no comprometa la capacidad del bosque para regenerarse.
«La presencia del Estado tiene que
ser reguladora»
-¿Cuál debe ser la actitud que el Estado debe tomar en relación a los hechos de delito ambiental?
-La presencia del Estado siempre tiene que ser reguladora y conforme a los precedentes preestablecidos. Eventualmente, si la ley tiene que ser operativa, los estados tienen sus organismos predispuestos para el control.
Si la ley termina siendo reglamentada, el Estado tiene organismos para el control de esta, y accionará en consecuencia. No tenga ninguna duda.
«Debemos supeditarnos a los parámetros de la Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos»
-¿Qué proyección hará el Gobierno, en adelante, en coordinación con la Justicia, en materia ambiental?
-Toda esta temática tiene que ver con el ordenamiento de bosques nativos. Esto implicar la implementación de políticas que promuevan técnicas de explotación sostenible, el desarrollo de certificaciones ambientales que garanticen la calidad y sostenibilidad de los productos forestales, y la promoción de prácticas agrícolas y forestales que respeten los ciclos naturales del ecosistema.
En ese sentido, ha salido una ley conforme a la normativa establecida dentro de la Cámara de Diputados, que no tiene operatividad, y debe ser reglamentada. Esta es la situación en la que se encuentra esa norma legal. Me refiero a la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
-En otras palabras, más allá de la decisión del gobernador, ¿las acciones del Gobierno, en plazo próximo, tenderán a potenciar los parámetros de la OTBN?
-Totalmente. Nosotros creemos que es necesaria la operatividad de una ley porque el sector forestal en el Chaco lo necesita. En esta ley participaron el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el Colegio de Ingenieros Agrónomos, la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), entre otros organismos, en su redacción y elaboración. Es decir, viene con el consejo y la participación activa de todos los organismos, universidades y demás.
-¿También en lo que implica al aspecto punitivo sobre el daño al medio ambiente?
-Absolutamente, lo que queremos es tener una ley para sancionar al respecto.