El Tribunal de la Cámara en lo Criminal de Charata dispuso que el juicio oral por el asesinato en custodia policial del joven Leandro Bravo se realice a mediados de octubre.
Será en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Poder Judicial del Chaco. Cuatro policías estarán sentados en el banquillo de los acusados por los delitos de tortura seguida de muerte.
El inicio de las audiencias estaba previsto en un primer momento para el 5 de agosto. Sin embargo, la familia de Bravo solicitó que se habilite un lugar más grande para realizarla debido a que el recinto de la Cámara no era lo suficientemente amplio para albergar a los familiares de la víctima y a los medios de comunicación. La solicitud fue acompañada por los abogados de los policías.
Finalmente -publicó Litigio-, el SUM del Poder Judicial, ubicado en avenida San Martín y Vieytes, de Charata fue el lugar designado. Además, el tribunal pidió a la Superintendencia del Superior Tribunal de Judicial (STJ) la contratación de un servicio de grabación y sonido. El juicio se llevará adelante desde el 14 de octubre hasta el 18 del mismo mes. Se espera que declaren 30 testigos.
El oficial subayudante Alexis Fleitas Noguera, el cabo Franco Sosa y el agente Carlos Díaz están acusados como coautores del delito de tortura seguida de muerte, que tiene una pena en expectativa de prisión perpetua. Asimismo, al primero también se lo acusa por falsedad ideológica.
En tanto que Enzo Gómez está imputado como partícipe necesario del delito de tortura seguida de muerte, que conlleva la misma pena que el delito del cual fue parte, es decir, perpetua.
Los cuatro se encontraban con prisión preventiva desde abril de 2022. Sin embargo, recuperaron la libertad el 22 de marzo pasado por una cuestión técnica: la prisión preventiva de todos «excedió el plazo razonable», según argumentaron los jueces de la Cámara en lo Criminal de Charata.
El tribunal está conformado por Juan Carlos Clauster (presidente), Lorena Cimbaro Canella y Sergio Benito (vocales de segundo y tercer voto, respectivamente). Durante las audiencias, el Ministerio Público Fiscal estará representado por Silvia Slusar, fiscal adjunta de Derechos Humanos de Sáenz Peña y Silvana Karina Rinaldis, fiscal de Cámara.
En tanto que Jorge Ferronato tendrá a su cargo la querella por parte de los familiares de Bravo, mientras que los querellantes institucionales serán representados por Roberto Sotelo y Romina Duarte (Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco) y Germán Alexis Dellamea y Maximiliano Almirón (Subsecretaría de Derechos Humanos provincial). Los defensores particulares serán Juan José Bogado, César Luis Collado, Sebastián Quintana, Leandro Fioravanti, Justo Orlando Mencia y Sol Abigail Zárate.
Este es el segundo juicio oral que se realiza en un mes en el Chaco por una muerte en custodia policial. El 5 de julio pasado, un jurado popular declaró al oficial ayudante, Gastón Delfino, culpable por el delito de homicidio culposo, en un hecho ocurrido en 2020, en la zona sur de Resistencia, y que tuvo como víctima a Diego Emanuel Barreto.
En tanto, que el agente Esteban Campos y el subcomisario Armando Diego Barbona, fueron declarados no culpables.
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