Los legisladores aprobaron en la sesión del miércoles 28, la prórroga de la Emergencia Habitacional y de Infraestructura Social Básica en el Chaco, originalmente declarada por la Ley Provincial 3201-K. Con el nuevo aval, la medida se extiende por dos años a partir del vencimiento de la última prórroga establecida por la Ley 3678-K.
Con la declaración de emergencia, a la vez, se suspenden por un año, prorrogable por igual término, todas las acciones y medidas procesales que puedan llevar al desalojo de bienes inmuebles. Estos incluyen aquellos que han sido declarados de utilidad pública e interés social mediante leyes de expropiación cuyo plazo ha caducado, pero que siguen necesitando una nueva declaración de utilidad pública para garantizar el bien común.
Asimismo, se suspenderán los procesos de regularización urbana y rural en curso, gestionados por los organismos públicos competentes.
INVERTIR EN SOLUCIONES
La legisladora Pía Chiacchio Cavana explicó que este proyecto surge de una ley principal sancionada en 2020, impulsada por el diputado Rodolfo Schwartz, que estableció la declaración de emergencia habitacional y la creación de un programa para que el Estado provincial pudiera implementar soluciones. «Posteriormente, se aprobó una prórroga, y hoy se vuelve a extender la emergencia social», explicó.
Chiacchio Cavana subrayó que este marco legal facilita al gobierno provincial la inversión en soluciones habitacionales, como mejoras y ampliaciones, la construcción de baños adaptados, y la reducción del hacinamiento.
«El proyecto enfatiza el desarrollo de infraestructura social básica en barrios populares, promoviendo la inversión en acceso a la tierra, lotes con servicios, iluminación, rampas y veredas», detalló la legisladora.