Hoy jubilados y jubiladas se movilizarán al Congreso Nacional para expresar su rechazo al veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria. La medida del presidente Javier Milei, a través del decreto 782/2024, dejó sin efecto una ley que buscaba mejorar los ingresos de los jubilados y establecía una nueva fórmula de cálculo para sus haberes.
La marcha, convocada por distintas organizaciones de jubilados, tiene como objetivo principal rechazar el veto y exigir que el Congreso ratifique la ley aprobada.
Toribio Navarro, integrante de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, describió la situación «un atropello a los bolsillos de los adultos mayores, no solo a nivel nacional sino también provincial».
Crisis humanitaria
El dirigente explicó que si bien no estaban conformes con la normativa significa «una ayuda mínima, son por lo menos $18 mil miserables que iban a aumentar con esta ley que el presidente ya vetó», precisó.
Navarro fue enfático al señalar que esta situación es parte de un proceso más amplio de desmantelamiento de los derechos de los jubilados.
«Estamos ante la presencia de una crisis humanitaria que se profundiza día a día. Durante siete meses se debatió la actualización de los haberes jubilatorios, y lo que se ha hecho es pagar a los jubilados en negro, una suma fija, algo inédito en la historia argentina porque eso no tiene garantía de subsistencia, si tomamos los valores de hace siete meses, esos $70 mil hoy tendrían que estar dando $124 mil, hemos perdido $52 mil en el proceso», cuantificó.
Por otro lado el referente anticipó: «También estamos haciendo una presentación, estamos buscando las distintas variables, porque si salimos a la calle nos garrotean, evidentemente hay plata para armar una organización es de defensa de la democracia y gastaron $1.100 mil millones y para los jubilados no hay absolutamente nada», contrapuso.
Al tiempo que cuestionó: «El déficit fiscal que aplauden algunos y felicita al presidente es producto del saqueo que le están haciendo a los jubilados».
«Entonces la lucha va a continuar independientemente que nos garroteen que nos tiren la pimienta porque qué va a ser un jubilado si no es reclamar por los derechos adquiridos durante muchos años», aseveró.
La situación de los jubilados se ha visto agravada por los recortes en el PAMI, que han dejado a muchos sin acceso a medicamentos esenciales. Según denuncian los jubilados, el retiro de medicamentos del Vademécum y la venta libre de algunos productos, que antes contaban con descuentos, ha generado un «combo tremendamente negativo» para la salud y el bienestar de los adultos mayores.
Navarro además reconoció que la situación en el sistema de salud pública en el Chaco es crítica, lo que también afecta a los jubilados. «Hay una crisis muy profunda en el sistema de salud pública, que arrastra a los servicios privados. Debemos debatir no solo los problemas de los jubilados, sino también el sistema de salud en su conjunto», sostuvo.
Llamado a la sociedad
El dirigente también hizo hincapié en la necesidad de que la sociedad chaqueña, incluyendo partidos políticos y organizaciones gremiales, participe activamente en la defensa de los derechos de los adultos mayores.
«Hay un tema que nos preocupa enormemente, y es que la sociedad tiene que empezar a participar en la discusión de qué tipo de ley previsional se quiere, y qué vamos a hacer con los adultos mayores, qué va a hacer la sociedad chaqueña, los partidos políticos tradicionales y las organizaciones gremiales en defensa de los 200 mil jubilados que vamos a tener dentro de 3 o 4 años», cuestionó.
Y por otra parte dimensionó: «Hay un estudio realizado en abril de 2021, que señala que nosotros tenemos 193 mil adultos mayores de los cuales 50% tiene 69 a 70 años, el 30% de 70 a 79 años el 14% de 79 a 80 años y el de 6%, 2 mil adultos mayores, arriba de 100 años. Nadie habla de esto ni siquiera los que hoy están gobernando», indicó.
Y seguidamente consideró que «no solamente de jubilados nacionales, sino del jubilados provinciales también estamos en la misma olla, y los trabajadores porque de alguna forma deshacen o rompen los derechos de los activos, es decir el tema de la ley de contrato de trabajo, entonces acá lo que tenemos que debatir la sociedad que participación va a tener en esto, porque no hay ninguna organización que ha salido a defender los derechos de los adultos mayores».
El Veto Presidencial
El veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria ha sido justificado por el gobierno nacional como una medida necesaria para cumplir con el plan de déficit cero.
Según explican desde la Casa Rosada, la ley implicaba un costo fiscal de 0,44% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que, según el Presidente, ponía en riesgo las metas fiscales de su gobierno.
No obstante, los jubilados y varios legisladores opositores consideran que este argumento no justifica la medida, dado que el incremento propuesto, de poco más de $17 mil, apenas compensaba el recorte previo que los haberes jubilatorios habían sufrido.
Pulseada en el Congreso
Mientras que legisladores de distintos partidos de la oposición han manifestado su intención de rechazarlo en el Congreso. Para que el veto sea desestimado, es necesario que ambas cámaras lo rechacen con una mayoría de dos tercios.
En la Cámara de Diputados, donde la ley fue aprobada inicialmente con dos tercios de los presentes, el desafío será mayor, ya que el Gobierno necesitará sumar más votos para bloquear el rechazo.
Mientras tanto, el Ejecutivo apuesta a una estrategia que combina la alianza con el PRO, la división en las filas de la UCR y la presión sobre los gobernadores que podrían inclinar la balanza en favor del oficialismo. La situación es incierta, y el desenlace dependerá de cómo se alineen las fuerzas políticas en las próximas semanas.
La marcha de los jubilados al Congreso es un paso más en una lucha que, según ellos, no cesará hasta que se garantice la protección de sus derechos. «No importa cuántas veces nos repriman o nos ignoren, nosotros seguiremos luchando», afirmó Navarro.
«Los jubilados no tenemos otra opción que reclamar por lo que nos corresponde, porque hemos trabajado toda una vida para ganarnos esos derechos», finalizó.