La sesión en la Cámara Baja arrancó a las 11. Miles de estudiantes en todo el país se movilizan al centro porteño y en las ciudades del interior. El Gobierno espera conseguir el tercio de los legisladores que impida rechazar el decreto presidencial.
La Cámara de Diputados debate este miércoles el veto a la ley de financiamiento universitario. La oposición debe lograr los dos tercios de legisladores presentes para bloquear la iniciativa del presidente Javier Milei, que hasta el momento se habría garantizado blindar unos 80 apoyos.
El Gobierno cuenta los votos y sigue de cerca lo que pasa en el Congreso, en una sesión que puede extenderse unas cuatro horas.
Diputados decide si prevalece el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.
Con los números muy ajustados, pero cierta ventaja para el oficialismo, la Cámara de Diputados se inició este miércoles a las 11.18, con la presencia de 144 diputados, la sesión para debatir el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Una sesión pedida la semana pasada, inmediatamente después de que se publicara en el Boletín Oficial el decreto 879/24 por el cual se observa totalmente y se devuelve al Congreso el proyecto de ley registrado bajo el N° 27.757.
En la reunión de Labor Parlamentaria hubo consenso sobre hacer una sesión breve. A propuesta de presidencia, habrá tiempos fijos por bloques y que estos determinen sus oradores. Lo que daría un tiempo de sesión estimativo de 3 horas y media. Así las cosas, se estaría votando aproximadamente 14.30.
Los homenajes y cuestiones de privilegio quedaron para el final.
Los números que se manejan en los despachos en Diputados muestran que hay entre 80 y 84 votos a favor del veto, 160 a 164 por la insistencia en la norma, hay 7 diputados ausentes – 3 de Encuentro Federal: Jorge Ávila, Ricardo López Murphy y Alejandra Torres; por la UCR Fernando Carbajal, por el PRO Héctor Stefani, por el MID Oscar Zago y María Fernanda Ávila de Unión por la Patria– . En este escenario, no está asegurado quién logrará imponer su postura hoy en el recinto y la incertidumbre reina en todos los bloques.
En el inicio de la sesión, la diputada Vanina Biasi pidió rechazar el veto presidencial y respaldó la toma de universidades en todo el país. “Todos esos estudiantes que están protagonizando vigilias, toma de universidades, son conscientes de que ese veto presidencial no puede pasar porque contribuye en el hundimiento de la educación pública en la Argentina”, enfatizó.
Asimismo, llamó a que si el veto fuera rechazado, redoblar la lucha, dado que “el presidente ya se declaró en rebeldía respecto de lo que vaya a resolver este Congreso. Es un presidente que ha decidido desacatar las leyes que se votan en este Congreso”.
A continuación, el diputado del MPN Osvaldo Llancafilo pidió “bajarle el tono a la descalificación, la violencia verbal, porque de ahí a la violencia física hay un trecho corto. Abogó por el conocimiento, especialmente el conocimiento académico, cuyo 62% es aportado en la Argentina por la universidad pública, señaló. Recordó que el Presupuesto vigente fue pensado en 2023 y tiene un retraso del 70%, y le endilgó la responsabilidad de no tener presupuesto este año al presidente actual y a Sergio Massa. Sumó el tema de las auditorías; se mostró de acuerdo con ellas y aclaró que “ese control lo tiene que ejercer el Ejecutivo, lo tiene que realizar el Ministerio de Capital Humano. No es bueno supeditar esas auditorías al problema de financiamiento que tienen las universidades”.
A su turno, la diputada Lourdes Arrieta, exoficialista, arrancó advirtiendo que su discurso no sería “para oídos sensibles”. Habló de un “debate sin sentido”, y se quejó de ser “tacaños” con la educación pública. Pidió atender para dónde va el financiamiento a las universidades: si a la infraestructura o los rectores. Alertó a los argentinos que con el IVA “están financiando a la universidad pública, pero también están financiando la SIDE, están financiando a los ñoquis, están financiando a los trolls, están financiando a la policía del pensamiento. En ese sentido, yo les pido perdón a los argentinos, porque el dinero no está siendo bien administrado”.
“Yo les pido perdón a los argentinos porque el dinero no está siendo bien administrado; la universidad pública no debe ser un debate, sino si está bien administrada”, concluyó.
Uno de los votos en duda hasta el final fue develado durante esta sesión con el discurso de la diputada del bloque Producción y Trabajo de San Juan Nancy Martínez Picón, que confirmó que el voto de los sanjuaninos (o en su caso las dos diputadas sanjuaninas alineadas con el gobernador Humberto Orrego) sería en el mismo sentido que el 15 de septiembre pasado, cuando apoyó la ley de financiamiento universitario.
“Creemos que la educación es esencial para el desarrollo de la Nación”, expresó y repudió “la presencia en la marcha de quienes destruyeron la educación. La presencia de Sergio Massa, de CFK, haciéndose dueños hoy de un reclamo justo de un sector que es el futuro del país, de los jóvenes”. “Sabemos que hay que hacer un ajuste y que es necesario que el presidente le dijo a cada argentino en campaña y votaron. Pero el ajuste no podemos hacerlo con la educación. Podemos hacerlo con cualquier otro sector, pero no con la educación que es el futuro del país”, planteó.
Martínez Picón sostuvo: “No podemos haber votado hace unos días la esencialidad de la educación y hoy dejar sin fondos a esa esencialidad. Tenemos que ser coherentes con lo que venimos votando. Este bloque desde San Juan siempre va a defender la universidad por varias razones”, y cerró: “El voto de San Juan va a ser a favor de las universidades y de la educación pública”.
Los santacruceños Juan Carlos Garrido y Sergio Acevedo confirmaron el voto de Por Santa Cruz favorable a la Ley de Financiamiento Universitario, mientras que el diputado del MID Eduardo Falcone se pronunció también en favor del veto.
A su turno, desde la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro habló de “no darle la espalda a la universidad pública” y abogó por “desandar las mentiras que se han instalado con la ley que este Congreso ha sancionado y el presidente decidió vetar de manera absoluta”. Dijo que esta discusión tiene que ver con lo presupuestario, pero “se inscribe en un contexto mucho más profundo, que tiene que ver con la defensa de la división de poderes y el respeto de lo republicano, pero también con lo que hace claramente al financiamiento universitario y la asfixia que hoy está sufriendo la educación superior. Pero también la pretensión de querer instalar un debate peligroso y poco sustancioso de qué hacer y cómo transformar a las universidades”.
Autora de uno de los proyectos del Financiamiento Universitario, la salteña de Innovación Federal Pamela Calletti planteó: “Estamos debatiendo qué modelo de país queremos. Un país basado en la timba financiera o un país con progreso basado en el conocimiento accesible a todos los argentinos”.
“La intervención del Congreso es para poner racionalidad al asunto y poder garantizar un derecho humano fundamental como lo es el acceso a la educación. Es increíble que tengamos que reafirmar algo tan básico y esencial”, criticó y sumó: “Sin un presupuesto debatido y aprobado en este Congreso el nivel de discrecionalidad y arbitrariedad en el manejo de los fondos es absolutamente inconmensurable”.
Calletti resaltó que la Ley “garantiza los gastos de funcionamiento del Presupuesto 2023 actualizado por IPC por el INDEC y el salario docente y no docente es el 0,08 del PBI”, y desmintió que no hay auditorias porque “la Ley prevé la intervención de la auditoria con informes al Congreso y con control y monitoreo”.
“Cuando hablamos de universidad pública, hablamos de movilidad social ascendente intergeneracional, acceso al conocimiento y al progreso. En Argentina el sostenimiento y fortalecimiento de la educación pública tiene que ser una política pública irrenunciable para todos, gobierne quien gobierne. Mi voto es a favor de la ley y en contra del veto”, cerró.
Al confirmar su voto a favor, Agustín Domingo criticó la falta de diálogo en este tema y se quejó por la falta de presupuesto, que generó una “licuación” del presupuesto anterior, que benefició al Gobierno, dijo. “Las universidades, pese a que son autónomas para gastar, no tienen autonomía en sus recursos, dependen 100% del Estado nacional”, señaló, advirtiendo que el presupuesto que le asignaron la afectó fuertemente. Advirtió que si el Gobierno no está de acuerdo con cómo se manejan las universidades y se quiere generar un cambio, “el ajuste presupuestario no es la salida”. “La solución nunca puede ser atacar la autonomía universitaria licuando el presupuesto, y actualizar por debajo de la inflación, porque lo que vamos a hacer es profundizar los problemas”.
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