El fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, presentó este miércoles un requerimiento de instrucción contra los secretarios judiciales Javier Pastore, Agustín Blanco y Vanesa Bottegoni por nueve hechos de falsedad documental, uso de documento falso y coacciones en carácter de autores por inventar un sumario administrativo por orden del juez federal Ricardo Mianovich, titular del Juzgado Federal N° 2, contra dos secretarios, hechos acaecidos durante su subrogancia en el juzgado federal de Pres Roque Saenz Peña.
El sumario administrativo iniciado de modo irregular llevado a cabo contra dos secretarios, forman parte de un sinnúmero de conductas de maltrato, hostigamiento y comportamiento despótico por parte Pastore y Blanco contra los empleados de la secretaría penal de dicho juzgado, especialmente misógino sobre las mujeres, como represalia – la mayoría de ellos – por haber sido testigos en la causa penal contra el ex conjuez federal del citado juzgado Miguel Mariano Aranda, acusado de ser miembro de una asociación ilícita, tráfico de influencias, prevaricato e incumplimiento de la obligación de promover la represión de un delito, encubrimiento agravado y concusión agravada y además para generar las condiciones para ocupar los lugares de los empleados que puedan tomarse licencia y ubicar afines.
Las testimoniales recabadas por las fiscalías son elocuentes. A la manipulación de fechas y documentos para incriminar a los secretarios en el sumario se suman testimonios especialmente de mujeres de los que se destacan la obligada tarea que tenían los empleados de seguir prestando funciones hasta altas horas de la tarde, y en algunos casos noche (21 y hasta 22hs), en el juzgado federal, teniendo la obligación de firmar una planilla de ingreso y egreso de la dependencia, así como un cuaderno de salidas, situación que continuó hasta la intervención del gremio de empleados judiciales.
«Mas allá del ensañamiento contra el personal y funcionarios que prestaron servicios en la secretaría penal, existió un especial destrato con las mujeres, demostrando un patrón de género en desmedro del mismo. Sendos testimonios marcaron los insultos, gritos, y burlas a la que se vieron sometidas empleadas de la mencionada secretaría; así como total desconsideración con las empleadas mujeres madre de niños pequeños, cuestionando y/o negando Pastore las salidas de ellas para atención de los mismos, en horarios verpertinos, incluso nocturnos, luego de estar prestando funciones desde las 7 am», reza el escrito de la Fiscalía Federal.
Otro patrón de violencia por parte de Pastore quedó demostrado en la búsqueda de información privada, por fuera del ámbito laboral de empleados de la secretaría penal, como ser costumbres, amistades, y especialmente una intensa preocupación por el patrimonio de los empleados, como en qué automóviles se movían, por ejemplo.
A esto se suma que el mismo Pastore buscaba crear focos de conflicto entre los mismos empleados de la secretaría para lograr divisiones en la relación entre ellos.
Otra evidencia del ensañamiento quedó demostrada en que a los fines de determinar actividad criminal por parte de los empleados de la secretaría no se convocó a un organismo o ente externo para auditar dicha dependencia como ser la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Resistencia y/o Consejo de la Magistratura de la Nación. La misma gestión a cargo del juez Ricardo Alcides Mianovich y su brazo ejecutor, el secretario Pastore decidieron llevar a cabo dicha auditoría de forma irregular.
Dicha irregularidad se vio plasmada en el sumario administrativo número 58/22 contra los funcionarios Carlos Opat y Hemilce Nuñez Sanchez, gestado mediante informe del secretario Fernando Javier Pastore donde en una plataforma acusatoria deficiente, con cortados y falseados datos de la realidad – que forman parte de la imputación contra los funcionarios en el presente requerimiento – no se le exigió un descargo previo a los mismos, ordenándose directamente la apertura del sumario contra ellos, sin posibilidad de producir pruebas ofrecidas por los sumariados, como forma de coacción y represalia con la finalidad de lograr espacio en los cargos (en el caso de Opat y Nuñez Sanchez), represalia contra Nuñez Sanchez por su declaración contra Aranda, y como forma de disciplinamiento al resto de los empleados de la secretaría penal.
Otro dato que demuestra un especial rechazo a los miembros de la secretaría penal, es que tanto el sumario, como los episodios de maltrato laboral solo fueron respecto a los empleados de dicha secretaría, no solo por la ausencia de inconvenientes en otras secretarías como la laboral y civil, como inexistencia de auditorías, sino por las constantes reuniones extralaborales/de esparcimiento que se realizaban con los miembros de estas, incluso aprovechando esas situaciones para burlarse de los empleados de la secretaría penal.
TESTIMONIOS CLAVE
De los sendos testimonios que dan sustento a la acusación se advierte violencia verbal, ninguneo (lo que Núñez Sánchez bien lo expresara como “desjerarquización”, u otros testigos denominaran a Núñez como parte del decorado o adorno), en los casos de aquellas madres de niños pequeños que no podían salir por la tarde de su lugar de trabajo para hacerse cargo de las obligaciones familiares, o como mínimo recibían “malas caras” por parte de Pastore; la incumbencia de Pastore en la vida privada de sus empleadas, especialmente a su patrimonio, éste último aspecto incluso hasta como desvalor, es decir, no solo cuestionar la tenencia de un auto caro sino de desvalorar uno que no lo es, aquí vienen las palabras de Pastore cuando tildó de “crota” a una de las testigos por tener un auto de estas últimas características. A todo ello, se sumaron mas hechos de burlas por parte de Pastore a situaciones traumáticas vividas por algunas empleadas, escenificando la situación en presencia de otras personas, conductas difamatorias contra los empleados cuestionando su idoneidad de modo público frente a terceros, profiriendo insultos, como ese “inútil”, ese “vago”, ese “imbécil”; agresiones verbales en la que también participó el juez Mianovich, por acción y por omisión.. La confección de un sumario de modo arbitrario contra una de ellas como hostigamiento, previa conducta de mobbing laboral, pero también como mensaje al resto de las empleadas.
Que tanto Pastore como Blanco demostraron trato diferenciado negativo a mujeres respecto el efectuado para con hombres incluso, evidenciado en los llamados de atención, ya sea en el fondo como en las formas, éstas materializadas en gritos e insultos, y no así en los errores cometidos en la tramitación de expedientes llevada a cabo por hombres. Podemos concluir que el comportamiento de Pastore y Blanco fue misógino, machista y empedernidamente traumático para con parte de las mujeres en la secretaría penal, especialmente con aquellas que demostraron resistencia frente al accionar de ambos acusados.
Que dicho maltrato en Pastore y Blanco no requirió necesariamente de invasión a la vida privada, insultos o gritos a las empleadas. El destrato también se evidenció en la misma organización de trabajo de dicha – y de solo- secretaría penal del juzgado federal de Pres Roque Sáenz Peña. Son relevantes los testimonios que denotan como Pastore exigía la confección de escritos fuera de horario laboral, incluso fines de semana, de modo urgente, dejando las empleadas sus respectivas vidas familiares o de esparcimiento para ellos, para luego verificar que sus escritos permanecían sin firmas de los secretarios y el juez por días, echando por tierra aquella razón de urgencia. Esto también configura una conducta de maltrato laboral y misógino.
Que maltrato laboral y la violencia de género – en su mix- configuran un combo que hay que desterrar, también en la administración de justicia. Que la protección del trabajo, en sus diversas formas, se encuentra amparada por la Constitución Nacional, mediante tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos, suscriptos por la República Argentina.
Que a esta altura del nivel de análisis, no quedan lugar a dudas el comportamiento despótico llevado a cabo por parte de Fernando Javier Pastore y Agustín Blanco, en contra de los empleados y – especialmente – de las empleadas de la secretaría penal del juzgado federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, caracterizada por maltrato, gritos, falta de respeto, hostigamiento instrucciones contradictorias en la organización de las tareas y la forma de relacionarse; evidenciándose manejo arbitrario, comportamiento grosero, agresivo e impulsivo; y por momentos, perverso; prolongándose en situaciones fuera de los horarios laborales, generando consecuencias en el normal desenvolvimiento de la vida familiar de las víctimas, algunas de ellas hasta el día de la fecha.
EL ROL DE LA CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE RESISTENCIA
El maltrato a los empleados de la secretaría penal no puede desentenderse de la causa del ex conjuez en el juzgado de Presidencia Roque Sáenz Peña, Miguel Aranda. Aranda fue designado por la Cámara Federal de Resistencia en dos oportunidades para subrogar dicha dependencia. El mismo fue designado por la Cámara Federal en virtud de la lista de conjueces efectuada a tales fines.
Que luego de lo sucedido con Aranda, algunos miembros de la Cámara Federal de Apelaciones recriminaron a los empleados porque no denunciaban lo que pasaba con Aranda a lo que respondieron de modo sencillo y no por ello menos traumático: por miedo.
Con el grave precedente Aranda y el cuestionamiento por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación, una de las integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad, la jueza Rocío Alcalá acompañó a Presidencia Roque Saenz Peña al juez y nuevo subrogante Ricardo Alcides Mianovich, como a su secretario Fernando Javier Pastore, a hacerse cargo de la subrogancia dejada por Miguel Aranda, manifestando su apoyo a ambos, especialmente al juez, según lo manifestado por algunos testigos. Que la jueza Alcalá manifestó que iría una vez por mes a Pres Roque Sáenz Peña a monitorear que todo marche bien. Lo cierto es que después de dos años de gestión del juez Mianovich y sus secretarios Fernando Javier Pastore como Agustín Blanco, la jueza Alcalá visitó en las últimas semanas dicha dependencia, ya cuando los empleados y secretarios en cuestión venían padeciendo dos años de maltratos.
Que en dicha visita la jueza Alcalá tuvo una reunión con la mayoría de los empleados, algunas de ellas mujeres, y pudo informarse de lo ocurrido en los últimos años en dicha secretaría penal. Que entre las respuestas de la magistrada la misma destacó desconocer todo lo ocurrido, cuestionando a los mismos empleados la omisión de anoticiarla debidamente, es decir, echando la culpa a las víctimas. Que los empleados manifestaron a esto, qué posibilidad tenían que se avance con una investigación a los secretarios del juez, o al mismo juez por no haber impedido, si el primer día dicha gestión contó con el apoyo de la magistrada, a lo que se suma el sumario efectuado de forma irregular contra Carlos Opat y Hemilce Nuñez Sanchez, y la promesa incumplida de la magistrada de no monitorear de forma periódica dicho juzgado. El sumario sirvió de disciplinamiento a los empleados de la secretaría penal. Su suerte estaría atada a un eventual sumario administrativo si efectuaban queja alguna, un “si se ponen rebeldes van a seguir la suerte de Opat y Nuñez Sanchez”, con los padecimientos propios de estar sometido a un proceso administrativo con riesgo de perder del trabajo o ser sancionados, a lo que se suma un detalle no menor manifestado por Alcalá en dicha reunión, que las denuncias maltrato – especialmente sobre mujeres – contra Pastore no le sorprendían, pero sí las de Agustín Blanco. Es decir, a Alcalá le constaba que Pastore era maltratador. Lo que la obligó a tener mayor frecuencia de monitoreo de la situación, quedando evidenciada la carencia de perspectiva de género al respecto.
Esto configuró un escenario idóneo que infundió miedo e impidió las denuncias o quejas que le reclamó Alcalá en dicha reunión. Cabe recordar que se trata nada mas y nada menos que denuncias o quejas sobre un juez y sus secretarios, especialmente si Mianovich delegaba en Pastore y en Blanco las cuestiones penales por desconocer la materia de derecho penal, tal como lo manifestaron los testigos en autos.
Con el antecedente de la gestión de Aranda y el estado de vulnerabilidad como consecuencia de los empleados que declararon en el expediente penal, la situación de estos debió ser seguida de cerca. No es la primera vez en que los empleados manifestaron tener miedo, ya lo habían expresado cuando la Cámara recriminó a los empleados de la secretaría penal no decir nada de las actitudes que venía tomando Aranda. El miedo paraliza, condiciona, nubla la consciencia. Al día de la fecha, y luego de que los empleados hayan manifestado estos hechos a la jueza Alcalá, no existe constancia de apertura de sumario alguno contra los responsables. Esto permite colegir que los empleados maltratados ya desde la gestión Aranda debieron ser seguidos de cerca. Fueron librados a su suerte, especialmente las mujeres de la secretaría penal.