El secretario de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Raúl Abraham, confirmó que las empresas de transporte han completado el pago de la suma no remunerativa de $200 mil por trabajador, permitiendo la normalización del servicio.
Sin embargo, advirtió que el gremio no aceptará el pago en cuotas de los salarios y que, de incumplirse los plazos establecidos, se tomarán medidas de fuerza.
«Nosotros acordamos que el 20 de febrero las empresas debían abonar la diferencia de los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, tal como se pactó en Buenos Aires. Ese monto se iba a pagar en tres cuotas, una en febrero, otra en marzo y la última en abril.
Finalmente, los empresarios hicieron un esfuerzo y terminaron de depositarlo, evitando así el paro», explicó Abraham.
En diálogo con LA VOZ DEL CHACO detalló que, cada conductor recibió aproximadamente $200 mil, mientras que las demás categorías percibieron montos proporcionales. «El día 19 nos informaron que no podrían pagar todo de una vez y propusieron abonar $100 mil el 20 y el resto el 28 de febrero. Les pedimos que hicieran un esfuerzo para evitar el conflicto, y finalmente cumplieron», agregó.
Sin embargo, el dirigente gremial alertó sobre una nueva problemática en el horizonte: el incumplimiento del pago de los salarios en el plazo estipulado. «Me adelantaron que el 10 de marzo, que es el cuarto día hábil para depositar los sueldos, solo podrán pagar el 50% y que no saben cuándo completarán el resto. Les dejé en claro que eso no lo aceptaremos», sostuvo.
Abraham aseguró que si las empresas insisten en pagar solo la mitad de los salarios, la UTA iniciará medidas de fuerza a partir del 10 de marzo. «Nosotros no vamos a aceptar pagos en cuotas. Si el 10 de marzo no está el sueldo completo, lamentablemente, tomaremos las medidas que consideremos necesarias», afirmó.
El costo del boleto y la crisis del transporte
El referente sindical también se refirió a la situación del transporte público y al impacto del aumento del boleto. «El precio del pasaje subió de $710 a $1.150, y el gobierno cubre solo una parte del costo.
Hasta diciembre subsidiaba con $650 por boleto, pero desde noviembre, con la nueva tarifa de $1.300, ese aporte bajó a $450», explicó.
Asimismo, Abraham cuestionó la política de subsidios con el sistema de transporte. «El colectivo es un servicio público que debe garantizarse para la gente de bajos recursos. No todos pueden pagar un aumento desmedido del boleto, y es el gobierno quien debe garantizar un equilibrio», subrayó.
En ese sentido, criticó la postura de las autoridades que desligan su responsabilidad en la crisis del sector.
«Dicen que los sueldos dependen solo de las empresas, pero el sistema también es responsabilidad del Gobierno. Si obligan a los empresarios a cumplir recorridos no rentables sin garantizar subsidios adecuados, el sistema colapsa», advirtió.
Según Abraham, la solución pasa por un mayor compromiso estatal. «No pueden decir que no hay plata. Es una falta de interés por las necesidades de la gente. Hoy, incluso quienes trabajan y tienen un salario están por debajo de la línea de pobreza», remarcó.
El futuro del transporte público
Consultado sobre el futuro del sistema de transporte, el dirigente sindical alertó sobre una crisis inminente. «Si no se resuelve el problema de los subsidios y del costo del boleto, el transporte público caerá en un estado crítico. La gente no podrá pagar y el servicio se volverá inviable», señaló.
Advirtió que la falta de políticas claras podría llevar al cierre de empresas y a la pérdida de fuentes de trabajo. «Esto no es solo un problema de los trabajadores del transporte, sino de toda la comunidad. La falta de un sistema eficiente impacta en la economía y en la vida cotidiana de miles de personas», agregó.
Finalmente, el secretario de la UTA instó a las autoridades a actuar con responsabilidad y buscar soluciones concretas. «El transporte público no es un lujo, es una necesidad. Si no se toman medidas urgentes, estaremos ante una crisis mucho mayor», concluyó.
Domínguez: «El Estado está al día con los aportes
al transporte y no es factible un nuevo subsidio»
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos del Chaco, Hugo Domínguez, en declaraciones a la Radio se refirió ayer al conflicto salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de transporte de la provincia.
El gremio advirtió que podría llevar adelante un paro la semana próxima si no se concreta el pago de salarial el cuarto día hábil del mes.
Consultado sobre la situación, Domínguez aclaró que la responsabilidad de los salarios corresponde a las empresas y no al Estado provincial. «Desde el inicio de la gestión hemos dejado en claro que el tema salarial es una cuestión que deben manejar los empresarios con sus empleados. Nosotros estamos al día con los aportes al sistema», afirmó.
El funcionario también señaló que recientemente se reunió con las empresas para discutir ajustes en el sistema de transporte, pero aún no recibió propuestas formales. «Les pedimos que nos acerquen las propuestas para analizarlas. Si son cambios que benefician al sistema y a su economía, estamos dispuestos a considerarlos, pero hasta ahora no nos han presentado nada formal», sostuvo.
Frecuencias, déficit y pases libres
Domínguez reconoció que existen circuitos de transporte obsoletos que generan altos costos para las empresas y que están abiertos a modificaciones. «Nos plantearon la posibilidad de cambios en los recorridos para hacer más eficiente el sistema. Estamos dispuestos a analizarlo», aseguró.
En cuanto a los pases libres para personas con discapacidad, indicó que el gobierno está trabajando en un nuevo reempadronamiento.
«Actualmente hay más de 40 mil pases libres y entendemos que algunas personas podrían pagar el boleto. Vamos a revisar esta situación para que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesiten», explicó.
Desde el sector empresarial advierten que el 70% de los pasajeros viaja con algún tipo de descuento o sin costo, mientras que solo el 30% abona la tarifa plena de $1.300. Esto, sumado a la baja en la cantidad de usuarios, afecta la rentabilidad del servicio.
No habrá más subsidios ni aumentos
Sobre la posibilidad de un nuevo aporte estatal para compensar las dificultades del sector, Domínguez fue tajante: «No es factible. No estamos evaluando un incremento en los subsidios», dijo.
Tampoco se prevé un aumento en el precio del boleto en el corto plazo. «En enero se hizo un ajuste basado en los estudios presentados en la audiencia pública. No podemos aumentar la tarifa cada dos meses», afirmó.
Finalmente, ante la posibilidad de un paro de la UTA, Domínguez subrayó: «El servicio se tiene que prestar. Si no se cumple, las empresas deberán explicar los motivos».