Familiares y amigos de Marilú Robledo, junto a organizaciones sociales y feministas, se movilizaron ayer hacia el STJ y a Casa de Gobierno para exigir justicia por la joven madre asesinada por su ex a puñaladas, la semana pasada, frente a sus hijos. Si bien el femicida Héctor Daniel Gutiérrez se suicidó tras el brutal crimen para no rendir cuentas ante la Justicia, Marilú había realizado más de una veintena de denuncias hacia su agresor, sin embargo, los mecanismos estatales nuevamente fallaron y derivaron en el fatal desenlace. Por esto la demanda es para que todos los «responsables de este femicidio empiecen a rendir cuentas por los incumplimientos ante sus deberes como funcionarios».
Alejandro Daniel Pucheta, cuñado de Marilú, hizo uso de la palabra para compartir sus reflexiones: «Fue muy poca la atención del Estado, recién hoy nos llamaron para llevar a los chicos a un examen médico para ver si estaban lesionados, después de esta marcha y movilización», señaló. «Hemos perdido a una madre que lo único que tenía en la vida eran sus hijos, estaba luchando para ellos, aprendiendo Braille para enseñarle a su hijo no vidente, una mujer luchadora», recordó. «Hoy estamos acá por que todos los mecanismos del Estado han fallado, las denuncias, los fiscales, la gente que tenía que protegerla, fallaron, y por eso estamos exigiendo que funcionen, porque están creados, están pagos, hay ministerio de esto, y lo otro, números de emergencia, pero nos desoyen, nos cajonean las causas y las denuncias», consideró.
Al mismo tiempo recordó que el femicida «estaba condenado, se escapó y nunca la Justicia fue a buscarlo, andaba entre nosotros, por el centro, como Juan por su casa, ¿cómo es posible que una persona condenada ande entre nosotros como si nada?», cuestionó retóricamente. «La Justicia no lo buscaba y hoy digo que los estamentos de la Justicia fallaron porque nuestra Marilú y muchas chicas están bajo tierra como consecuencia de que los organismos del Estado no cumplieron con las funciones para los que fueron designados, la tarea de ellos está mal, incompleta e incumplida», aseguró. «Esa es una falla del Estado, no solo del gobernador y el Presidente, sino los jueces y fiscales, y toda la Justicia que no ha funcionado y no funciona», aseguró.
«Tienen que suceder cosas como estas para que se sepan de los femicidios, tenemos que golpear las puertas de Casa de Gobierno, el mismo derecho tenemos todos los ciudadanos de poder venir y encontrarnos cara a cara con nuestros gobernantes y representantes, y no tener que pararnos con bombos y banderas para que nos escuchen, y no tener que forzarnos con hermanos, primos que son policías que están cumpliendo su deber», reflexionó.
«Los votamos para nos defiendan, para que nos cuiden para que no nos maten y nada de eso han cumplido. Así que hoy venimos a exigir que cumplan su labor que fue encomendado. No me da más el cuerpo, pero si la fuerza para seguir luchando, estoy quebrado hasta los huesos, por ver llorando a los chicos en el cajón de la madre, pensando que estaba jugando a la escondida, es terrible», dimensionó. «Los chicos quedaron desamparados, la abuela con sus pocas cositas que tiene los ayuda con nosotros. Exigimos la presencia del estado cualquiera sea, que nos reciba que podamos vernos cara a cara y poder contarle los hechos aberrantes y de horror que han ocurrido», demandó.
Por su parte el hermano de la víctima Juan Carlos Robledo, sostuvo: «Estamos reunidos en esta marcha en representación de ella y de todas las mujeres y ciudadanos que sufren este tipo de violencia, hoy queremos decir basta de violencia de femicidios, de represión, queremos que nos escuchen, que la justicia actúe como debe ser, que cada organismo del Estado cumpla su función», reclamó. «24 denuncias fueron las que se hicieron por fiscalía y por comisaría, desoyeron un grito de ayuda y auxilio de mi hermana y de muchas mujeres, por eso estamos acá en representación de ella y de todas las mujeres y cada uno que está en este lugar, vamos a pedir justicia y a decir basta de femicidios».
responsables
Paula Ojeda, coordinadora de la organización expresó: «A Marilú no la escucharon ni los fiscales, ni los jueces, ni la policía. Quienes tenían la responsabilidad de protegerla no lo hicieron. Ella hizo 24 denuncias, vivió un calvario junto a sus hijes y así y todo nadie fue capaz de hacer algo». Además, agregó que: «Exigimos que el Estado garantice la seguridad integral de sus hijes y su familia. No vamos a permitir que esto quede impune, queremos que los funcionarios que incumplieron con las leyes que protegen a las vidas de las mujeres rindan cuentas».
Al tiempo que señaló que al día de hoy suman ocho femicidios en la provincia en lo que va del año.
Mientras que desde la organización Ni Una Menos expusieron que «luego de ponernos a disposición de la familia de Marilú y reunirnos para conversar sobre el pedido de justicia, definimos movilizarnos, exigiendo no solamente la justicia que Marilú, sus hijos y familia merecen, sino también que caigan todos los responsables de este femicidio. Quienes no hicieron el seguimiento necesario, quienes desoyeron y archivaron un grito desesperado, también son responsables por acción u omisión», consideraron.
176 femicidios en el país en lo que va del año
Según los últimos datos diundidos por el Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, los femicidios en la Argentina entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2021, contabilizan 176 y representan 1 femicidio cada 37 horas. Durante el mes de septiembre registramos 18 femicidios, cifra similar a la de los casos de intentos de femicidios (16). «Es necesario dar cuenta no sólo de aquellas mujeres que fueron asesinadas, sino también de las víctimas de violencia machista que pudieron salvar su vida y a las que el Estado también debe proteger».
De las 176 víctimas de femicidios ocurridos en 2021 28 habían realizado al menos una denuncia y 16 tenían medidas de protección. O sea: solo el 16% pudo acceder al sistema de justicia y sólo el 10% logró una respuesta de la misma (medida de protección), sin embargo, las asesinaron. Por omisión, inacción, negligencia o simple machismo lxs actores judiciales no asistieron y contuvieron de forma efectiva a las víctimas», resaltaron. Por esto entienden que «es urgente que la Justicia históricamente patriarcal revea y transforme sus prácticas dentro y fuera de los juzgados y fiscalías para no ser cómplices de los femicidios y no dar un mensaje de desprotección y desconfianza para quienes estén viviendo situaciones de violencia. De esta manera es que seguimos exigiendo una reforma judicial transfeminista, con mujeres y LGBTI+ feministas en los puestos de decisión y una real incorporación de la perspectiva de género».
En la misma línea manifestaron la preocupación por «el accionar de las fuerzas de seguridad, quienes debieron controlar el cumplimiento de las medidas judiciales de protección, pero claramente no lo hicieron y, como si fuera poco, ejercen violencia. En los últimos días se dieron a conocer las pericias científicas que concluyeron que Florencia Magalí Morales, la mujer de 39 años que fue encontrada muerta en una celda de la comisaría de San Luis el 5 de abril del año pasado, no se suicidó como afirmaba la Policía, sino que fue asesinada por oficiales de esa dependencia luego de ser detenida por violar la cuarentena», recordaron. «No podemos permitir que la violencia machista e institucional quede impune, no lo vamos a permitir. En este contexto, debemos mencionar que en 13 femicidios los autores eran policías, 4 militares y 1 gendarme, siendo su pertenencia a estas fuerzas un factor de riesgo dado que tienen fácil acceso a armas de fuego, elementos con los que se cometieron el 25% de los femicidios este año», precisaron. «Es urgente que se ponga en marcha una transformación de las fuerzas de seguridad y armadas de nuestro país, dejando atrás sus formas autoritarias y patriarcales (sufridas mayormente por lxs pibxs de los barrios más vulnerados de nuestro país) y realmente adopten transversalmente una perspectiva democrática, de derechos humanos y transfeminista».
En 2021 el 61% de los femicidios ocurrió en la vivienda de las víctimas, hogar que en muchos casos comparten con los agresores. En menor medida, el 21,6% de los casos tuvo lugar en la vía pública. Al mismo tiempo, el 38% de los femicidios fueron cometidos por la pareja de la víctima, el 26% por la ex pareja, el 12,5% por un familiar y el 10,2% por un conocido. «Estas cifras son fundamentales para comprender el fenómeno de la violencia machista y deben leerse en conjunto, dado que los autores coinciden con los lugares en que ocurrieron los femicidios. A su vez, volvemos a resaltar que lejos de lo que el imaginario machista nos hace creer, los femicidas pertenecen al círculo íntimo de las víctimas y son quienes establecen con ellas relaciones y vínculos afectivos, siendo los agresores, parejas, pero también padres, abuelos, vecinos, entre otros», señalaron. «En este sentido, no es casual que estemos más inseguras dentro de nuestros hogares, por esto es crucial que el Estado (en todos sus niveles) implemente políticas públicas».