La semana pasada, el gobierno nacional oficializó el acuerdo con más de 100 empresas productoras de bienes de consumo masivo para que 1.321 productos integren la nueva lista del programa Precios Cuidados, que en 2022 se renueva con más del doble de artículos que en la versión anterior.
Ante esto, Ludmila Voloj, subsecretaria de Comercio Exterior y Defensa de la Competencia de la provincia, en declaraciones a Radio Nacional Resistencia, explicó los alcances de este acuerdo para la región y la implicancia que tiene.
«Está en vigencia la resolución que habilita lo que tiene que ver con el estado de los nuevos productos de precios cuidados. Es un promedio de productos a nivel nacional, eso difiere por región por restricciones o marcas que en determinado puntos no se comercializa», aclaró la funcionario.
«Pero para esta renovación, en la región NEA estamos hablando de 1.286 productos que se han renovado para lo que tiene que ver con el programa Precios Cuidados, siempre manteniendo las gamas de productos y elementos que se entienden como más significativos, que tiene que ver con la canasta básica, estamos hablando no solamente de elementos de primera necesidad, sino también complementos como ser productos de limpieza, bebidas, cuidado e higiene personal ,que en el grueso compone lo que se estima que una familia tipo consume durante un mes», detalló.
Más adelante, Voloj recordó que «Precios Cuidados es un acuerdo voluntario entre el sector público y privado, que ante la salida de lo que fue Precios Máximos en su momento, con la aplicación de la ley de abastecimiento, buscó justamente engrosar esta canasta básica con el ingreso de más firmas y marca».
Asimismo resaltó que «una vez hecho el acuerdo con el Estado, en este caso con la Secretaría de Comercio Interior, que es el organismo y la autoridad de aplicación con quien se celebran las empresas los acuerdos, por supuesto que tienen condiciones a cumplir y están obligados a hacerlo, independientemente de que hayan ingresado de manera voluntaria».
«Esto se traduce en que muchos productos no solo por la oscilación que estamos teniendo, sino que fueron mutando muchas veces, porque van sufriendo determinadas restricciones, como pasó con el durazno enlatado, a fines de 2021, con una restricción muy fuerte en la producción de lo que era el acero, el insumo en el que se empaqueta el producto, y eso hace que se generen impactos que inciden en los precios y se tienen que rever el ingreso de ese producto o marcas alternativas o la sustitución por otro», explicó algunas situaciones particulares que se dan.
Con esto la funcionaria explicó «el programa es muy dinámico, lo que busca siempre es respetar esta cantidad de productos significativos de la canasta básica pero obviamente se tiene en cuenta las distintas situaciones objetivas que pueden ir oscilando e impactando en determinado productos».
También aseguró que «el éxito del programa en más del 90%, depende de la conducta de los consumidores, porque este tipo de programa no soluciona la cuestión a largo plazo, que tiene que ver con otras aristas relativas a como se establece la cadena de alimento en la Argentina».
«Por eso estamos trabajando fuertemente con autoridades provinciales y nacionales por ejemplo para la implementación de la ley de góndolas, u otras herramientas que abra el juego y genere las condiciones de competencia, justamente para acabar con estas conductas monopólica de seis o siete empresas que en definitiva definen muchas veces el precio de los alimentos y allí el gran desafío de poder generar competitividad y aumentar la oferta de productos locales», destacó. Al tiempo que añadió: «Otro desafío es que consumidores conozcan que alimentos se producen y elaboran en sus regiones, y que puedan estar visible en góndolas para que llegue a la mesa del consumidor».
Por otra parte, Voloj destacó el valor referencial de este programa «este tipo de programa lo que genera en un contexto inflacionario, es básicamente, tener una referencia de precios y por eso se va prorrogando de manera permanente, para que como consumidores no perdamos ni dejemos de saber cuánto está determinado alimento: un litro de leche, un paquete de fideo».
«Con lo cual la referencia con las condiciones que hacen que ante su incumplimiento la empresa no solo salga del programa al que ha acudido voluntariamente, sino que es pasible de que se le apliquen sanciones que van hasta los $10 millones, hace que el consumidor tenga muy presente esta situación, cuando va a buscar precios a la góndola y es el primero que avisa a los fiscalizadores, cuerpos de inspectores, o autoridad de aplicación, cuando en muchos casos actúan de manera reticente, ocultando productos, o se ve la góndola vacía o existe una diferencia de precio en la caja y el exhibido en góndola o bien ese precio no está respondiendo a los parámetros del programa en cada una de las regiones», enumeró las diferentes situaciones que se pueden prevenir con este tipo de medidas.
«Con lo cual el éxito es la mayor participación, de ciudadanos y consumidores cada vez más formados y activos en lo que tiene que ver con el control de precios», comentó.
Asimismo la funcionaria aseveró que «el trabajo es de lunes a lunes en lo que tiene que ver con controles y fiscalización de precios, más allá de lo que el consumidor haga llegar al organismo vía reclamo o denuncia, por supuesto que los inspectores están de manera permanente monitoreando el programa».
También recordó que Precios Cuidados tiene alcance en cadenas nacionales, que en la provincia solo existen en Resistencia y Sáenz Peña.
«Pero a su vez, atento a la importancia de contar con precios de referencia, la provincia cuenta desde 2001 con su propio programa provincial de Precios Acordados, que trabaja como un complemento y hace a la vez de referencia para productos de canasta básicas para aquellas localidades dónde no están radicadas las grandes cadenas», describió.
«Con lo cual lo que hacemos es ampliar el programa para que el resto de las localidades y todo el territorio cuente con un programa que le dé una referencia de precio a cada uno de los consumidores en las localidades. Hoy son 106 los supermercados que forman parte en toda la provincia de Precios Acordados, y que en definitiva trabaja en complemento con el programa Precios Cuidados», resaltó.
Educación para
el consumo
Por otra parte, la funcionaria hizo hincapié en la importancia de «la educación que no solo es clave, sino que es un derecho constitucional de todos nosotros de saber cuáles son nuestros derechos y de educarnos respecto a eso.
Nosotros tenemos un programa permanente que se llama educación al consumo que trabaja en distintas aristas diarias porque la es muy amplia no solo busca que consumidores tengan las herramientas necesarias para prevenir alguna vulneración en una relación de consumo, sino también cuáles son las herramientas con las que cuenta a la hora de hacer un reclamo y también cuál es el alcance de los organismos administrativos y cuando habilitan una instancia judicial siempre en el marco de la defensa al consumidor».
«Pero, además, hay muchísimas otras cuestiones que tienen que ver con la producción local de alimentos, la importancia de conocer que es lo que producimos y fabricamos en el territorio, lo que tiene que ver con la perspectiva de género en las relaciones de consumo, con las actualizaciones de los abogados y abogadas del foro, en lo que tiene que ver más con la práctica o la incidencia técnica jurídica en las relaciones de consumo, y por supuesto con las nuevas modalidades que son muy cambiantes y que corresponden a la propia dinámica del siglo XXI, ni hablar después de la pandemia que ha modificado incluso drásticamente la manera en la que consumimos y cómo adquirimos los bienes y servicios», dimensionó.
«Estamos articulando de manera permanente, en las distintas localidades, atendiendo la diversidad de territorios, terminando lo que tiene que ver con la actualización de los manuales para las comunidades originarias para que las informaciones que se tienen sobre las maneras de consumir o distintas infracciones que se pueden detectar, lleguen también a las comunidades con la posibilidad de acceder a la información en su propia lengua», aportó.