El caso Leandro Bravo va sumando nuevos capítulos: cuatro policías de Charata fueron detenidos por la presunta implicación en la muerte de este sujeto, mientras estaba custodia.
La orden fue dada por la Fiscalía de Derechos Humanos de Sáenz Peña, a cargo de Silvia Sluzar.
Los afectados son un oficial y un agente de la Comisaría Primera junto a otros dos agentes de la División 911 que participaron del procedimiento que finalizó con la muerte del hombre (37).
Tras el arresto, deberán declarar en la Fiscalía de Derechos Humanos de Sáenz Peña.
EL CASO
El sábado 26 de febrero en Charata falleció Leandro Bravo (37), mientras se encontraba bajo custodia policial. La víctima fatal falleció por un paro cardíaco.
Debido a la denuncia pública de su familia, muy diferente al parte oficial, el Comité para la Prevención de la Tortura se puso a disposición y solicitó la inhibición del fiscal de Investigaciones 3 de la localidad, pidiendo la intervención de la Fiscalía Adjunta en Derechos Humanos de Presidencia Roque Sáenz Peña, en razón de la competencia de esta para la investigación de toda muerte que ocurra bajo custodia estatal.
Desde el Comité para la Prevención de la Tortura, en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y la familia de Leandro Bravo, se instarán medidas de investigación y prueba, aplicando el Protocolo de Minessota, de cara al esclarecimiento de los hechos. En esta línea, el organismo se constituyó en carácter de querellante en la causa.
La Policía sostiene que Leandro Bravo fue detenido por agentes que habían recibido una llamada y que murió de un paro cardiorrespiratorio no traumático, luego de descompensarse, mientras era examinado en el área de Medicina Legal. A Bravo lo arrestaron ante la sospecha de intentar cometer un robo.
Pero la aparición de una testigo obligó a una investigación más profunda: dijo en declaraciones a la prensa que presenció el dispositivo, diciendo que Bravo habría sido alcanzado, esposado y brutalmente golpeado por tres policías.
Para la familia del occiso, la causa de la muerte fue la golpiza: «A mi hermano lo torturaron bajo custodia policial. Hay un hecho irrevocable: a Leo lo subieron a un patrullero y lo bajaron sin vida en el hospital», publicó la hermana, tras su fallecimiento.
QUERELLANTE
Tras la solicitud presentada ante la Fiscalía Penal Especial de Derechos Humanos de Presidencia Roque Sáenz Peña, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia se constituyó como querellante en la causa que investiga la violencia policial ejercida por agentes policiales de Charata contra el ciudadano Bravo.
De esta manera, el Gobierno busca impulsar y aportar a la investigación que se encuentra en sede judicial bajo la órbita de la Fiscalía de Derechos Humanos.
«Creemos que la constitución en querellante de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros en el caso Bravo es fundamental para garantizar en la investigación un enfoque guiado por la perspectiva de los derechos humanos. Esto nos permite ser parte del proceso judicial, aportar pruebas, incorporar protocolos de actuación que tienen que ver con una investigación desde este abordaje», afirmó la subsecretaria de Derechos Humanos del Chaco, Nayla Bosch.
«Con esto se garantiza el acompañamiento integral a la familia, entendiendo que la querella no es solo parte de un proceso judicial, sino también parte de un proceso complejo y amplio, es un compromiso del Estado con la verdad», sostuvo.