Tras la concreción de la Segunda Audiencia Pública del Transporte Público de Pasajeros, que tuvo lugar ayer en el Puerto de Barranqueras, ahora resta que el Gobierno defina el nuevo costo del boleto, que según las estimaciones rondarían entre los $42 y $43. En ambos encuentros, tanto desde la Subsecretaría de Transporte como desde las empresas presentaron el estudio de costos para el Gran Resistencia, que arrojó una tarifa técnica de $114,98.
Sin embargo, a este valor se deben deducir los subsidios nacionales y provinciales para el sector.
El subsecretario de Transporte de la provincia, Tomás Yazlle, en este sentido recordó que «la audiencia pasada, en marzo 2021, arrojó una tarifa técnica $69,90 y sin embargo los usuarios pagaron $31, menos de la mitad. El gobierno provincial tiene la voluntad de seguir amortiguando el impacto del alza de precios en el precio final del boleto a través de subsidios, teniendo en cuenta lo esencial que es para miles de familias el transporte público de pasajeros».
Si bien estos espacios tuvieron poca participación de usuarios, sí contó con la presencia de diferentes referentes de la comunidad, como los defensores del pueblo Bernardo Voloj (Chaco) y Gustavo Doldán (Resistencia); concejales, empresarios del transporte, referentes de organizaciones civiles.
En contacto con Radio Facundo Quiroga, Voloj reconoció la necesidad de actualizar los valores, no obstante, señaló las deficiencias del servicio que consideró que deben solucionarse.
relevamiento de la defensoría
Asimismo, el ombudsman Voloj comentó que previo a esta audiencia «hicimos una encuesta de satisfacción general, para tener un panorama, y nuestra visión es de cierta resignación y molestia por el servicio, la ciudadanía o el usuario no pide grandes cuestiones, sino puntos básicos, estándares para la prestación del servicio, mayor tiempo en la frecuencia, mayor información de los recorridos, higiene en las unidades, y ni hablar si vamos a cuestiones más macros como rampas accesibles a las personas con discapacidad».
«Y después otros problemas que hacen a la logística de las ciudad, por un lado, cuestiones que hacen a la falta de información señalización y estado de las paradas, y en segundo que, la necesidad de pensar el transporte público de pasajeros no entre ciudades, sino para un área metropolitana con casi 500 mil personas como es hoy el Gran Resistencia», señaló.
Además, explicó que «lo que se presentó es el estudio de la tarifa técnica, sin los subsidios, a nivel provincial arrojó 118, 94 y a nivel municipio 79, a eso lo que se hace es deducir los subsidios provinciales y nacionales, hoy estaríamos en esos valores, después en base a esos subsidios se determina el valor final del transporte interurbano como urbano de pasajero».
«Lo que se presentó ayer es el costo de la tarifa final, con cada uno de los ítems que componen el kilómetro y en base a esa proyección cuál sería la tarifa», resaltó.
Al ser consultado sobre el posible costo que podría tener el pasaje, Voloj explicó que «dependerá mucho del soporte de subsidio que se genere, pero hay que tener en cuenta que, por como fue la tarifa del año pasado, terminan siendo aumentos tendientes a un 30% y 40% del valor final, estimamos que llegará a llegar a $42 o $43».
inoportuno
Más adelante, el ombudsman comentó: «Lo que sí planteamos es que, en este momento particular de la economía, donde hay cuestiones macros sin resolver, con un aumento del combustible que también forma parte del valor final, con paritarias abiertas, con el gasoil, hay cuestiones que a nuestro entender todavía no están saldadas y hay una cuestión fundamental que es la falta de licitación de los servicios, nuevos procesos licitatorios, entendemos que no es momento para pensar en aumento».
No obstante, aclaró: «Hay que actualizarlos por supuesto, todo ha subido y no se puede brindar un servicio con un precio perpetuo, pero entendemos que en esta situación particular deben darse otras cuestiones, en el caso que hubiera aumento, que eso se traduzca en la calidad del servicio».
Y reconoció: «La gente no viaja bien, la calidad de servicio no es adecuada, y no estamos hablando de nuestra percepción de cuestiones de altos estándares sino básicas que hacen a un servicio de una ciudad y área metropolitana de 500 mil habitantes».
Al brindar más precisiones sobre las audiencias, el ombudsman comentó: «Hubo una descripción y desarrollo por parte del subsecretario de Transporte, fue muy claro, muy preciso, con datos técnicos que representan una realidad. También hubo una representación del sector empresarial que compartió un buen diagnóstico, en el que todos coincidimos, que no hay un buen servicio, que no hay renovación de unidades, que no se pueden cumplir con algunos requisitos, cada parte plantea su escenario, el transporte tanto de provincia como de municipio expresó su postura».
«El municipio tengo entendido que está avanzando en una especie de proyecto integral de movilidad sostenible en el transporte público de pasajeros que tiene algunas cuestiones interesantes, pero nosotros también planteamos que no puede pensarse Resistencia como un bloque único en materia de transporte, sin tener en cuenta, que todo confluye en el centro de Resistencia», añadió también.
Sí, Voloj reconoció que el motivo de la audiencia pública es la renovación de precios, sostuvo: «Aspiro a una buena fe, y entendemos que hacía ahí vamos a ir, de lograr acordar una tarifa que sea lo racionalmente válida para que el usuario pueda pagar, lo que vendrá después es una solicitud de que se hagan mayor cantidad de inspecciones, mayor monitoreo, licitación nueva del servicio», y destacó: «Esto no lo digo yo, lo plantearon absolutamente todos los presentes en la audiencia: hoy la calidad del servicio es mala tirando a muy mala, entonces hay una oportunidad».
«Sin echar responsabilidades, porque uno puede entender que, en el sector empresarial, sufrió la pandemia y otras cuestiones que debieron atravesar, pero también es cierto, que, en otros lugares, con las mismas particularidades el servicio es mejor», reconoció.
principales quejas
En cuanto a las demandas recibidas en el organismo, Voloj precisó: «Las quejas que llegan a la Defensoría tienen como principal punto la falta de frecuencia de las unidades, que hace que el tiempo de espera sea muy extenso, ni hablemos de un sistema digitalizado, que es muy común, una app que te informe cuando viene la unidad. Y si bien no hay que meter a todos en una misma bolsa en cuanto a unidades, porque hay empresas que tienen un servicio regular o aceptable, hay otras que tienen demoras de 45 a 30 minutos, unidades que se rompen, a barrios de más de 10 mil personas al que llega una sola línea».
Ante lo cual opinó: «Son todas cuestiones que hay que mejorar y cada vez que se pide un aumento es la oportunidad de mejora, en este sentido no acompañamos, pero no desde un sentido amarillista, sino que entendemos que se tiene que actualizar con un plan de contingencia y de declarar acciones de mejoramiento de servicio, porque si no es discutir el valor final de la tarifa y no discutir otras cosas que hacen a la esencia real del transporte público», analizó.
En cuanto a la participación y el efecto de este espacio de participación ciudadana, Voloj reconoció que «hubo un solo usuario particular y es lamentable, es una pena que la ciudadanía no participa, entiendo que se ve a la audiencia pública como algo precocinado que no va a aportar nada y es cierto que la audiencia no es vinculante pero sí obliga a que todo lo que se dice, tiene que posteriormente ser validado, pero son los espacios para ser escuchado, entiendo que hay cierto enojo por la ciudadanía, pero las audiencias son mecanismos básicos que tenemos y hay que usarlos».
» Un servicio deficiente
La concejala María Teresa Celada participó de la audiencia como expositora y señaló la proximidad de la renovación de las licitaciones: «Me llama la atención la convocatoria en este momento, puesto que estamos próximos al 30 de junio, fecha donde vencen las licitaciones de las líneas urbanas e interurbanas.
Coincido con la necesidad de tener un transporte de pasajeros en el marco de los objetivos de desarrollo sustentable. Pero realmente, si tenemos en cuenta el mal estado de las calles, la falta de iluminación y seguridad».
«Me parece que nuevamente se castigará a los usuarios de los colectivos con un aumento, cuando las otras partes no dan las respuestas necesarias. Tenemos un servicio deficiente y aun así quieren aumentar la tarifa. Es indudable que falta un control exhaustivo, el que debe realizar la Municipalidad en su poder de Policía», consideró.
«Me gustaría saber cuántos inspectores hay en las calles, cómo inspeccionan a cada una de las unidades, cuántas son las actas o multas libradas ante el incumplimiento. Ni hablar de lo sucias que están las unidades, de la falta de colectivos con rampas para personas con discapacidad, quizás esto sucede porque las calles no están en el estado que deberían, y nuevamente me pregunto ¿dónde está el Estado?», cuestionó.