La causa denominada Conscriptos, el noveno juicio por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura -décimo si se incluye en la nómina al juicio por la verdad por la Masacre de Napalpí, que inició el martes 19- tuvo su primer día de audiencia en la mañana del miércoles 20 con una extensa jornada en la que declararon tres exdetenidos políticos y un exconscripto del Ejército.
En este juicio oral se juzgan crímenes cometidos contra Ricardo Uferer y Eduardo Luque, militantes políticos que realizaban la conscripción en el Regimiento La Liguria de Resistencia a mediados de 1976 y fueron secuestrados y llevados al centro clandestino de detención que funcionara en la ex-Brigada de Investigaciones, actual Casa por la Memoria. Allí las víctimas padecieron torturas de diverso tipo hasta su trasladado al centro clandestino de La Ribera, en las afueras de la ciudad de Córdoba, donde permanecieron en cautiverio durante cuatro meses. Finalmente, ambos conscriptos fueron confinados en la Alcaidía Policial y luego en la cárcel Federal U7, en el Chaco.
La causa pasó a cuarto intermedio hasta ayer a las 8.30, con una lista de once testigos citados. Asimismo, se espera que hoy continúe la ronda testimonios, con los propuestos por la defensa, luego de ello los debates retomarán actividad el 6 de mayo próximo, de cara a la realización de alegatos entre el 20 y 27 del mismo mes.
DÍA UNO DE AUDIENCIA
Si bien el inicio estaba pautado para las 8.30, la audiencia comenzó una hora más tarde, por un retraso en el traslado de los imputados Rodríguez Valiente, Héctor Marín y Domingo Mora desde la cárcel U7 a la sala del TOF de Resistencia.
Solucionado este escollo, la presidenta del tribunal -jueza Noemí Berros- leyó a los imputados las indicaciones respecto de la realización del debate. La jueza Liliana Graciela Carnero y el juez Roberto López Aranjo completan el tribunal, conectados por sistema de videoconferencia desde sus jurisdicciones originales de Paraná, Entre Ríos.
La Secretaría de DDHH y Géneros se constituyó querellante y es representada por el abogado Duilio Ramírez, del mismo modo la Secretaría de DDHH de la Nación, con el patrocinio de patrocinio del doctor Manuel Brest Ejuanes. La defensa se reparte entre la oficial, con Juan Manuel Costilla a la cabeza y las particulares de Ricardo Osuna y Rocío Ramírez. Esta primera audiencia contó con el acompañamiento de la subsecretaria de DDHH de la provincia, Nayla Daniela Bosch, del mismo modo que la integrante del equipo de contención psicológica a sobrevivientes del terrorismo de Estado de la citada repartición, Carolina Fule.
Una vez realizada la presentación formal del tribunal y de las respectivas partes, acusadores y defensa, el secretario Francisco Rondan leyó una minuta del requerimiento formal de la fiscalía sobre la que se fundamenta la acusación y el pedido de elevación a juicio oral de la causa (a la cual se adhirió desde la querella). En este requerimiento se describe la serie de vejámenes sufridos por la condición de detenidos políticos de las víctimas, la batería de crímenes característicos del dispositivo del terrorismo de Estado. Cumplida la formalidad la presidenta declaró formalmente abierto el debate y procedió al interrogatorio formal sobre datos personales de cada uno de los imputados (filiación, edad, condenas precedentes, etcétera) lo cual consumió buena parte de la jornada al punto con una lista de lista de cinco testigos, ninguno alcanzó a declarar antes de las 12.
SOBREVIVIENTES
El primero en testimoniar fue Ricardo Uferer, detenido el 22 de junio de 1976 en el Regimiento de la Liguria de Resistencia Chaco, donde se encontraba efectuando el servicio militar obligatorio. Fue trasladado a la Brigada de Investigaciones en calle Marcelo T. de Alvear 32 y sometido a torturas.
«Simoni me pega una patada, me abre una ceja, los golpes siguen, había otras personas, que no alcancé a ver, en ese interín lo traen a otro soldado, para ver si nos conocíamos. El soldado era Ramón Luque. «Me sacan la ropa y me atan a una cama metálica y me aplican picana eléctrica», continuó en su relato. Calcula haber estado unos 40 días en la Brigada, donde pudo reconocer a otros detenidos. También nombró al imputado Vitorello, como integrante de una la guardia «brava» en la Alcaidía que «ante cualquier motivo buscaba excusas para sacarnos y pegarnos».
El segundo declarante, Ramón Luque, confirmó los dichos de Uferer: «En la Alcaidía nos recibieron con gomazos hasta que ingresamos al pabellón. En esa época se vivía en el terror de modo permanente. Principalmente en la guardia de Ayala y del suboficial Ramos», contó.
Al momento de su detención en el Regimiento de La Liguria estaba de guardia el imputado Martínez Segón, quien lo despojó de arma y uniforme y lo entregó a la Brigada de Investigaciones. «Ahí vi a Uferer, con el rostro ensangrentado. La tortura consistía en descargas eléctricas por todo el cuerpo, atado a cama de metal», afirmó e identificó a Gabino Manader, Rodríguez Valiente, Meza y otros.
Adolfo José Ibarra no estuvo detenido, pero compartió con Uferer y Luque una estadía en el Regimiento, ya que también hizo allí la conscripción, donde cumplía funciones de dibujo de planos, escritura caligráfica rotulado de carpetas.
Fue el encargado de relevar en su puesto en la batería del comando a Uferer luego de que este haya sido detenido. «Llegué y me dijeron que lo habían llevado a Ricky (por Uferer), luego nos entregaron su uniforme, todo ensangrentado», contó.
El último testigo de la fecha fue Juan Carlos Goya que también confirmó haber visto a Uferer en la «sala negra» de la Brigada, «vestido de soldado, muy golpeado». A Luque lo vio mucho más tarde en una celda en pisos superiores de la Brigada, que sus captores llamaban «la leonera».
Preguntado por las razones por las que los conscriptos Uferer y Luque fueron detenidos Goya contestó: «Por peronistas, orgullosamente peronistas ellos y orgullosamente peronista quien le habla». Al finalizar su testimonio remarcó: «No nos podemos permitir que estos crímenes queden impunes. Esta generación de argentinos que dio su vida por la Patria, nunca encaró un acto de venganza, hemos esperado para poder sentarnos ante la Justicia. Verdad y justicia para que nunca más se repitan estos hechos».
IMPUTADOS
Los imputados son los militares (re) Ernesto Simoni, Ricardo Reyes, Aldo Martínez Segon y Luis Alberto Patetta; y los policías de la Brigada de Investigaciones, José Francisco Rodríguez Valiente, Gabino Manader, José Marín y Juan de la Cruz López, de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco. La nómina se completa con los guardiacárceles de Alcaidía, Héctor Roldán y Miguel Ángel Vittorello.
A esta causa se acumuló otro expediente en el que se juzgarán crímenes cometidos por el comisario general Domingo Mora contra tres víctimas detenidas por razones políticas en el Centro Clandestino de la Brigada de Investigaciones en 1974, 1975 y 1976.
En el debate oral se estima que declaren 18 testigos propuestos por la Fiscalía y las querellas de las secretarías de DDHH del Chaco y Nación y otros ocho testimonios propuestos por las defensas de los imputados.
Es el noveno juicio por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura en el Chaco, luego de las causas por fusilamiento clandestino Masacre de Margarita Belén 1, 2 (causa Tozzo) y 3 (causa Chas); las causas por torturas Brigada/ Caballero 1, 2 y 3 ; y los juicios por la persecución a militantes del agro denominado causa Ligas Agrarias y por complicidad judicial Mazzoni Casco.
» Conscriptos
Luque y Uferer militaban en la Juventud Peronista (JP) del Chaco cuando fueron secuestrados en junio de 1976 cuando cumplían el servicio militar en el regimiento del Ejército ubicado en el barrio La Liguria, de Resistencia. Estaban destinados en baterías diferentes del regimiento, y el 12 de junio se produce el secuestro de Luque, que es informado por un oficial en la Plaza de Armas de la unidad. El 22 de junio se produce la captura de Uferer, que al igual que su compañero es trasladado a la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco.
Ambos fueron torturados juntos y por separado en lugares conocidos como «sala negra» y «el sótano», y en septiembre son trasladados a la Alcaldía policial, donde reconocen al oficial Lucio Humberto Caballero (condenado en varios juicios de lesa humanidad) como uno de los jefes que ordenaban las torturas. En la Alcaldía permanecieron junto a otros varios detenidos, quienes no podían tener contacto entre ellos y eran sometidos a constantes requisas que terminaban en sesiones de tormentos.
En ese lugar, Luque y Uferer vieron a varios de los prisioneros que luego serían ejecutados en la Masacre de Margarita Belén, donde mataron a once militantes y otros cuatro fueron desaparecidos en un fingido intento de fuga.
En esta causa figuran imputados los militares (re) Ernesto Simoni, Ricardo Reyes, Aldo Martínez Segón y Luis Alberto Patetta; y los policías de la Brigada de Investigaciones José Francisco Rodríguez Valiente, Gabino Manader, José Marín y Juan de la Cruz López, de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco. La nómina se completa con los guardiacárceles de Alcaidía Héctor Roldán y Miguel Ángel Vittorello.