Una causa contra el narcotráfico, que en su momento prácticamente descabezó a un tribunal federal asentado en la provincia de Corrientes, tendrá su juicio oral y público el próximo 14 de junio. Ese proceso se llevó puesto al entonces juez federal 1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila, y a sus dos secretarios penales: Federico Grau y Pablo Molina.
El entonces denominado Operativo Sapucay fue conducido por el exjuez federal de Buenos Aires, Sergio Torres, y llevó a prisión al entonces intendente de Itatí y al exintendente de Empedrado, además de otros imputados entre los que descuella Federico Morenita Marín, cabeza de una banda que fue desarticulada.
El fiscal Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y el fiscal general ante la Cámara Federal de Corrientes, Carlos Schaefer acusaron a Grau, entre otros, de haber participado en cinco hechos, a cambio de dinero de narcotraficantes.
Quien informó de esto a un medio de este grupo periodístico fue el abogado Aníbal Ibarra, aquel que descollara en la escena política nacional como dirigente del Frente Grande y jefe de Gobierno de Buenos Aires.
«Lo que yo le estoy diciendo es más claro que la acusación de los fiscales, que no están en condiciones de decir claramente lo que hizo mi defendido», dijo Ibarra.
La causa ya está elevada a juicio oral, que tendrá lugar el próximo 14 de junio en el Tribunal Oral Federal de Corrientes, cuyos integrantes se excusaron de intervenir, por lo que los magistrados intervinientes fueron sorteados entre jueces de otras provincias. Será un debate oral y público.
A continuación, Ibarra fue contundente: «Esta es una causa armada, basada en un acuerdo ilegal con un líder del narcotráfico. Los que tendrían que estar sentados en el banquillo de los acusados son los fiscales acusadores».
A continuación, una síntesis de la larga charla sostenida por Aníbal Ibarra con otro medio de este grupo:
-¿De qué se acusa a su defendido, Federico Grau?
-A Grau los fiscales Iglesias y Schaefer le imputan de haber participado en cinco hechos: resoluciones judiciales que habrían sido dictadas a cambio de dinero para favorecer a narcotraficantes. Y yo estoy siendo bastante más claro que lo que dice el papel firmado por los fiscales, porque en la acusación ni siquiera están en condiciones de describir qué es lo que hizo mi defendido.
-¿No hay pruebas?
-No solo no hay pruebas, sino que las inventaron.
-En esta causa también está involucrado el exjuez Soto Dávila?
-Así es, el exjuez y el secretario de la otra secretaría.
-Y esta causa ¿ya está elevada a juicio?
-Sí, está elevada a juicio, que comienza el próximo 14 de junio.
-¿Qué tribunal estará a cargo de este juicio?
-El Tribunal Oral de Corrientes, que estará integrado por otros jueces de la región, porque los correntinos se excusaron.
-Entonces, ¿usted considera que no hay pruebas fehacientes…?
-No, no es que no hay pruebas. Uno puede haber cometido un hecho delictivo, pero no se lo descubre. Esto fue una causa armada, inventada, para llevarse puesto a un juzgado federal: un juez y dos secretarios. Hubo manipulación y ocultamiento de pruebas, y acuerdo ilegal con un líder narcotraficante a cambio de muchos beneficios ilegales, para que ese narco dijera lo que a los fiscales les convenía. Así, ellos pretendían quedar como líderes en la lucha contra el narcotráfico. Los que tendrían que estar sentados en el banquillo de los acusados son los fiscales, no Grau.
-¿Ocultaron pruebas, según usted?
-Insisto: son pruebas manipuladas, ocultadas exprofeso. Los fiscales y el juez que instruyó no hicieron la prueba que era obligatoria hacer, porque si la hacían se demostraba la inocencia. Fue todo un invento, una manipulación, para perseguir.
-Con su experiencia en los tribuales, ¿se suelen dar casos así?
-En mi vida profesional he visto una causa con tantas irregularidades. Le voy a decir una cosa: yo participo también en el resonado caso «de los cuadernos», defendiendo a uno de los acusados. Le he dicho cosas tremendas a (el ya fallecido juez federal Claudio) Bonadío, por la forma en que llevó esa causa. Pero en comparación con lo que hicieron los fiscales Iglesias y Schaefer en esta causa, Bonadío era un juez garantista comparado con ellos.
Ojo crítico para la Justicia
Tras el fin de la entrevista acerca de la causa judicial en la que actúa como abogado, otro medio de este grupo periodístico aprovechó la ocasión para consultar a Aníbal Ibarra sobre algunos temas de cadente actualidad. Por ejemplo, el tironeo entre el gobierno nacional y la Corte Suprema por el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
«Es legítimo que se discuta la integración del Consejo de la Magistratura, pero me parece una pésima y grave resolución la de la Corte de permitir que vuelva a tener vigencia una ley derogada hace seis años», expresó Ibarra y agregó: «La Corte le ordena al Congreso que apruebe una nueva ley, y para ello le da un plazo de cuatro meses; cuando ellos demoraron cinco años en pronunciarse sobre este asunto».
«Con esta actitud, (el presidente de la Corte, Horacio) Rosatti ha dicho ‘El Estado soy yo’, como Luis XIV», remató.
Acerca del impulso que algunos sectores de opinión le vienen dando a la necesidad de una reforma judicial, expresó que «la reforma de la Justicia está más allá de una opinión: es una necesidad como sociedad democrática. Tenemos una Justicia muy politizada, salpicada por el lawfare. Hay que resolver todo este enchastre».