El Poder Ejecutivo envió esta semana a la Cámara de Diputados tres proyectos de ley que se enmarcan en la propuesta de reforma judicial, y tienen por objetivo garantizar un sistema judicial más transparente y eficiente.
«La justicia que llega tarde no es justicia», dijo el gobernador Jorge Capitanich al argumentar las iniciativas presentadas.
El primero de los proyectos busca acortar los plazos procesales de sentencia judicial.
La propuesta establece disminuir los plazos procesales máximos de tres a un año, lo que implica dar credibilidad y confianza al sistema judicial.
El segundo impulsa la creación de oficinas de proximidad en los municipios para prevenir litigiosidad, así como oficinas judiciales y penales. También incluye el cambio de denominación de justicia de paz a justicia de primera categoría para garantizar más cercanía y proximidad.
El objetivo es que personas que tengan un conocimiento demostrable en la gestión de recursos se encarguen de la labor administrativa de los tribunales para simplificar tareas específicas de las juezas y los jueces. Estas son oficinas que existen en la mayoría de las provincias argentinas y en otros países de América Latina hace más de quince años.
REGISTRO DE LA VIDEOVIGILANCIA
Mientras que la tercera iniciativa propone la creación de un registro de cámaras privadas de videovigilancia a los efectos de optimizar el sistema de prevención.
Estos proyectos siguen la línea planteada por el gobernador de «empoderar a la ciudadanía, para mejorar y perfeccionar los procesos judiciales» y van de la mano con los avances logrados con los juicios por jurados penales, civiles y comerciales.