Fernando Burlando, abogado de la mamá del menor desaparecido, manifestó su descontento respecto al desarrollo de la investigación y sostuvo que se está «frente a una investigación que empezó mal y continuó peor».
En ese sentido, adelantó que pedirá el juicio político a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo y a la fiscalía de Goya, a cargo de Mariano De Guzmán, ya que -según manifestó-, ya sea por una «situación de negligencia o encubrimiento», se ha perdido evidencia clave en la causa que tiene como protagonistas al exabogado José Fernández Codazzi y a Laudelina Peña, la tía de Loan, quienes instalaron la versión falsa del atropello.
«No quieren ingresar al terreno del poder, no quieren indagar al senador Pellegrini ni poner contra las cuerdas a Codazzi», afirmó el abogado, apuntando: «La jueza y el fiscal nos tienen con secreto de sumario; no nos dejan ni siquiera ver el expediente».
«Tengo entendido que se ha perdido prueba; hay una situación de negligencia o de encubrimiento», remarcó, advirtiendo: «Es llamativo que, con menos elementos, a Méndez se lo haya metido preso y a Codazzi no».
«No me cabe otra que pensar que esa situación de obediencia y de obsecuencia hacia el poder político está hasta incluso en el fuero federal de Corrientes», dijo en declaraciones con los medios.
PEDIDO A BREVEDAD
«Esto motiva, obviamente, el juicio político para los responsables: la jueza, el fiscal… Se lo vamos a pedir a la brevedad», dijo Burlando, según consignó El Destape.
«Estamos frente a una investigación que empezó mal y continuó peor; si no hay un giro en la actitud investigativa, esto termina en desastre», sostuvo el abogado en diálogo con Crónica, explicando: «Por eso nosotros, desde el principio, pedíamos convicción a quienes tenían que investigar».
«CÓMPLICE»
E «INÚTIL»
El abogado dedicó un apartado en C5N a criticar duramente a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, y calificar de «inútil» al fiscal Mariano De Guzmán.
«El poder de un juez federal de instrucción tiene que arrasar», sostuvo, insistiendo: «Solamente ellos no ven la corrupción, el encubrimiento».
«No hay coraje, voluntad, ganas», dijo y remarcó: «Tenemos una Justicia temerosa y cansada». Además, acusó a la magistrada de ser «cómplice» del delito.
«Cuando se tienen que meter con cosas delicadas, tienen un límite, que es el poder político», añadió en alusión a De Guzmán.
Apartar un juez, un proceso complejo
Si bien la denuncia de Burlando, hasta el momento, no es un hecho consumado, es importante remarcar que el pedido de un juicio político ante la Magistratura no es un proceso simple ni veloz.
En el caso de que el famoso letrado denuncie a la jueza Pozzer Penzo, la investigación quedará únicamente en manos del Consejo de la Magistratura y el denunciante -en este caso Burlando- no tendrá ninguna injerencia a lo largo del proceso, ya que se trata de una jueza federal.
Al iniciarse el proceso, la denuncia es abordada por los consejeros y se tramita en la Comisión de Acusación, una de las cinco que componen al organismo y que debe definir a través de una votación si la acusación en cuestión sigue su curso o no. Si esto no ocurre, como sucede generalmente, denuncia se cae por completo.
Sin embargo, si desde la Magistratura quieren darle impulso, se vota su aprobación en la comisión mencionada y luego va a Plenario, donde se lleva adelante la apertura del procedimiento de remoción de magistrados. Allí, se formula la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento y se puede ordenar -o no- la suspensión y remoción del juez/a acusado/a.
Según indica el reglamento, un procedimiento de remoción «no puede extenderse por un plazo mayor de tres años, contados a partir del momento que se presente la denuncia contra el magistrado», mientras que para la suspensión se requerirá una mayoría de dos tercios de los miembros presentes al momento de la votación.
Más allá de esto, para la destitución de un juez o una jueza federal -algo poco común-, la denuncia debe ser por una clara falta manifiesta de la jueza.
¿Quién es José Fernández Codazzi?
Se trata del abogado que el pasado 28 de junio acompañó a Laudelina, la tía del menor desaparecido, hasta una fiscalía provincial para que declarara que Loan había sido atropellado por la camioneta que conducía la exfuncionaria María Victoria Caillava y su marido Carlos Pérez, dos de los detenidos e imputados por el delito de «sustracción y ocultamiento».
Una vez que Laudelina fue detenida, su hija mayor, Macarena, contó que su mamá y ella habían sido extorsionadas con $50 mil, una casa y una moto, y amenazadas para dar esa versión falsa frente a la Justicia ordinaria.
Asimismo, en su declaración siguiente, Laudelina reiteró lo mismo, por lo que la hipótesis del atropello quedó descartada.